Guatemala: la crisis inmanente

7 de Enero de 2021
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El 21 de noviembre, presuntos manifestantes incendiaron una sección del edificio del Congreso de Guatemala. Aunque las circunstancias alrededor del incendio no son claras, lo que fue patente fue la ira hacia el sistema político y al estado de las cosas en el país. Si bien es cierto, las pandemias tienden a conducir a conflictividad social y a crisis económicas, las protestas ciudadanas de Guatemala parecieran en realidad síntomas crónicos de un sistema enfermo que lleva varios años en crisis y sin atención adecuada.

La crisis actual en contexto: COVID, Eta, Iota y el presupuesto

Si se escribe durante el 2020 y los inicios de 2021, pareciera ineludible referirse a la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, el descontento en el ambiente se alimenta por la percepción en la población de una respuesta deficiente por parte de las autoridades frente a la pandemia.

Sin duda, esta debilidad institucional no es nueva y el gobierno de ninguna forma se encontraba en una situación envidiable. A pesar de ello, la ejecución presupuestaria ha sido muy por debajo de lo que se esperaría. Por lo tanto, los hospitales nacionales continúan con carencias importantes de infraestructura, equipo e, incluso, personal. Además, han sido identificados significativos problemas de subejecución en programas sociales para personas vulnerables. Así, por ejemplo, para octubre, el programa de apoyo al adulto mayor tenía una ejecución de apenas 29.4%; y lo programas de distribución de alimentos del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura tuvieron ejecuciones del 4.5% y 9.9%, respectivamente.

En paralelo a la pandemia, Centroamérica fue golpeada por dos huracanes cuya destrucción aún se está cuantificando. La solidaridad desde diversos sectores de la sociedad civil fue abrumadora y conmovedora. No obstante, esa misma solidaridad también hizo patente la ausencia del Estado en emergencias de esta naturaleza. La constante es la inexistencia de instituciones capaces de prestar servicios básicos a la población más vulnerable.

A pesar de todo lo anterior, en la madrugada del 18 de noviembre, el Congreso aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2021 a partir de un dictamen que se presentó apenas unas horas antes. La versión del presupuesto votado por la mayoría de congresistas, desfinanciaba los programas de atención a la desnutrición crónica, no incluía suficientes fondos para la compra de la vacuna en contra del COVID-19 y ampliaba sustantivamente las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones (MICIVI) y los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la construcción de obra gris.

Unas semanas antes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Ministerio Público (MP) decomisó el equivalente a 15.6 millones de dólares americanos en efectivo en una casa del ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito. El Ministerio de Comunicaciones históricamente se ha caracterizado por ser uno de los principales focos de corrupción en el sector público.

Organizaciones estudiantiles convocaron a manifestaciones y el 21 de noviembre la ciudadanía se movilizó. Las circunstancias alrededor del incendio de una sección del Congreso son poco claras, pues el grueso de la manifestación se encontraba en otro sector de la ciudad. Lo que sí es un hecho es que las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza pública en contra de manifestantes pacíficos concentrados en la plaza central. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos y recomendó una investigación independiente.

Ante la presión ciudadana, el Congreso finalmente retrocedió y archivó el polémico presupuesto. Sin embargo, la crisis que se presentó solo es un síntoma más de una enfermedad más grave.

Los síntomas han estado allí: la crisis inmanente (2015 - ¿?)

Hay una exigencia ciudadana que no ha sido atendida desde, por lo menos, el año 2015. En aquel año, Guatemala protagonizó una serie de masivas manifestaciones ciudadanas, que condujeron a la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. El señor Pérez Molina había sido vinculado a un esquema de corrupción en aduanas como producto de una investigación realizada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

El detalle con el que la ciudadanía conoció la profundidad y severidad de la corrupción provocó indignación. En un país donde el 46.7% de la población sufre de desnutrición crónica, los hospitales públicos se encuentran desabastecidos y con una tasa de 21.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, la escala de la corrupción revelada por CICIG tocó una fibra de indignación que despertó a una ciudadanía adormecida, golpeada y silenciada por años.

Si bien, en 2016 hubo una reforma a la ley electoral y de partidos políticos (que ha sido caracterizada como “insuficiente”), el sistema no ha dado solución a las causas de fondo del descontento social. Por el contrario, la ciudadanía presenció un esfuerzo concertado por parte de la clase política para acabar con la lucha contra la corrupción e impunidad iniciada por CICIG. Así, por ejemplo, en 2017 el Congreso intentó aprobar una reforma al código penal que fue ampliamente calificada como un esfuerzo para “procurarse impunidad”; en 2019 la alianza oficialista del Congreso intentó aprobar una amnistía para crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos. Finalmente, en 2019 el ex comediante y entonces presidente, Jimmy Morales, decidió no renovar el mandato de la CICIG, a pesar de haber sido considerado por la CIDH como un mecanismo “trascendental […] en la lucha contra la corrupción en Guatemala” y cuyos resultados han sido verificados por diversas organizaciones internacionales.

El sistema político y su enfermedad crónica

Las manifestaciones del 2015, 2017, 2019 y ahora 2020 no solo pedían la renuncia de funcionarios, sino transformaciones profundas en el Estado. El status quo ha sido y es insostenible. Tan así, que anualmente aproximadamente 60,000 personas deciden migrar irregularmente huyendo del hambre, desesperanza y violencia.

El sistema político del país no funciona; es incapaz de responder a cualquier tipo de crisis, sea climática, sanitaria o política. Si esta enfermedad no se atiende, existe un riesgo de que esta indignación -que se ha transformado en ira- finalmente desemboque en el colapso del sistema entero. Para que ello no suceda, el sistema electoral y el sistema de justicia podrían ser el primer paso para resolver la crisis.

Por un lado, Guatemala enfrenta un problema sistémico de impunidad; éste se explica, en parte, por un sistema de justicia débil, poco independiente, que incluso ha sido infiltrado por grupos del crimen organizado. Como mínimo, es necesaria una reforma constitucional (como la que fue rechazada por el Congreso en 2016) que asegure la designación de juezas y magistradas con base en criterios meritocráticos y asegure su independencia por medio de una carrera judicial.

Asimismo, el sistema electoral debe cambiar de manera que se busque una mejor representación de la ciudadanía. El sistema de listas cerradas para la elección de congresistas ha incentivado, entre otras cosas, la creación de partidos políticos que únicamente funcionan como vehículos electorales al poder, en lugar de mecanismos de participación ciudadana. Esto resulta en fragmentación elevada en el sistema de partidos y entidades poco institucionalizadas.  

El sistema político y su enfermedad crónica

La ausencia de Estado de Derecho, instituciones fuertes y mecanismos sustantivos para la participación ciudadana seguirán alimentando el descontento. Esas condiciones son desfavorables para el sostenimiento de una democracia, pero tierra fértil para el surgimiento de liderazgos autoritarios capaces de canalizar el descontento popular a través de retórica demagógica y polarizante.

No sería difícil para un liderazgo de tales características, explotar el resentimiento popular contra las élites tradicionales y el sistema político, movilizar amplias mayorías electorales para adquirir, y eventualmente, concentrar el poder. Como los profesores Levitsky y Way han señalado, estos procesos de degradación institucional son paulatinos; Honduras, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, no llegaron a su situación actual de un día para otro. Llegaron allí precisamente por no atender enfermedades similares a la del sistema guatemalteco.

La crisis finalizará de una u otra forma. Los actores relevantes del sistema deben reconocer la urgencia de reformas para evitar un final de quiebre y colapso. Parafraseando a la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, Latinoamérica saldrá de la pandemia más hambrienta, enojada y de luto. Por el bien de todos, las instituciones deben canalizar esto o enfrentaremos peores consecuencias.

Citación académica sugerida: Ortega, Alfredo:Guatemala: la crisis inmanente, 2021/01/07, https://agendaestadodederecho.com/guatemala-la-crisis-inmanente/

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ACERCA DEL AUTOR
Alfredo Ortega

Es abogado guatemalteco. Es maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y cuenta también con una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Ha trabajado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también como abogado litigante en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Actualmente es profesor de derecho internacional en la Universidad Rafael Landívar.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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