El 21 de noviembre, presuntos manifestantes incendiaron una sección del edificio del Congreso de Guatemala. Aunque las circunstancias alrededor del incendio no son claras, lo que fue patente fue la ira hacia el sistema político y al estado de las cosas en el país. Si bien es cierto, las pandemias tienden a conducir a conflictividad social y a crisis económicas, las protestas ciudadanas de Guatemala parecieran en realidad síntomas crónicos de un sistema enfermo que lleva varios años en crisis y sin atención adecuada.
Si se escribe durante el 2020 y los inicios de 2021, pareciera ineludible referirse a la emergencia sanitaria del COVID-19. Sin embargo, el descontento en el ambiente se alimenta por la percepción en la población de una respuesta deficiente por parte de las autoridades frente a la pandemia.
Sin duda, esta debilidad institucional no es nueva y el gobierno de ninguna forma se encontraba en una situación envidiable. A pesar de ello, la ejecución presupuestaria ha sido muy por debajo de lo que se esperaría. Por lo tanto, los hospitales nacionales continúan con carencias importantes de infraestructura, equipo e, incluso, personal. Además, han sido identificados significativos problemas de subejecución en programas sociales para personas vulnerables. Así, por ejemplo, para octubre, el programa de apoyo al adulto mayor tenía una ejecución de apenas 29.4%; y lo programas de distribución de alimentos del Ministerio de Desarrollo y del Ministerio de Agricultura tuvieron ejecuciones del 4.5% y 9.9%, respectivamente.
En paralelo a la pandemia, Centroamérica fue golpeada por dos huracanes cuya destrucción aún se está cuantificando. La solidaridad desde diversos sectores de la sociedad civil fue abrumadora y conmovedora. No obstante, esa misma solidaridad también hizo patente la ausencia del Estado en emergencias de esta naturaleza. La constante es la inexistencia de instituciones capaces de prestar servicios básicos a la población más vulnerable.
A pesar de todo lo anterior, en la madrugada del 18 de noviembre, el Congreso aprobó el presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal del 2021 a partir de un dictamen que se presentó apenas unas horas antes. La versión del presupuesto votado por la mayoría de congresistas, desfinanciaba los programas de atención a la desnutrición crónica, no incluía suficientes fondos para la compra de la vacuna en contra del COVID-19 y ampliaba sustantivamente las asignaciones presupuestarias del Ministerio de Comunicaciones (MICIVI) y los Consejos Comunitarios de Desarrollo para la construcción de obra gris.
Unas semanas antes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad de Ministerio Público (MP) decomisó el equivalente a 15.6 millones de dólares americanos en efectivo en una casa del ex ministro de comunicaciones, José Luis Benito. El Ministerio de Comunicaciones históricamente se ha caracterizado por ser uno de los principales focos de corrupción en el sector público.
Organizaciones estudiantiles convocaron a manifestaciones y el 21 de noviembre la ciudadanía se movilizó. Las circunstancias alrededor del incendio de una sección del Congreso son poco claras, pues el grueso de la manifestación se encontraba en otro sector de la ciudad. Lo que sí es un hecho es que las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza pública en contra de manifestantes pacíficos concentrados en la plaza central. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los hechos y recomendó una investigación independiente.
Ante la presión ciudadana, el Congreso finalmente retrocedió y archivó el polémico presupuesto. Sin embargo, la crisis que se presentó solo es un síntoma más de una enfermedad más grave.
Hay una exigencia ciudadana que no ha sido atendida desde, por lo menos, el año 2015. En aquel año, Guatemala protagonizó una serie de masivas manifestaciones ciudadanas, que condujeron a la renuncia del entonces presidente, Otto Pérez Molina. El señor Pérez Molina había sido vinculado a un esquema de corrupción en aduanas como producto de una investigación realizada por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El detalle con el que la ciudadanía conoció la profundidad y severidad de la corrupción provocó indignación. En un país donde el 46.7% de la población sufre de desnutrición crónica, los hospitales públicos se encuentran desabastecidos y con una tasa de 21.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, la escala de la corrupción revelada por CICIG tocó una fibra de indignación que despertó a una ciudadanía adormecida, golpeada y silenciada por años.
Si bien, en 2016 hubo una reforma a la ley electoral y de partidos políticos (que ha sido caracterizada como “insuficiente”), el sistema no ha dado solución a las causas de fondo del descontento social. Por el contrario, la ciudadanía presenció un esfuerzo concertado por parte de la clase política para acabar con la lucha contra la corrupción e impunidad iniciada por CICIG. Así, por ejemplo, en 2017 el Congreso intentó aprobar una reforma al código penal que fue ampliamente calificada como un esfuerzo para “procurarse impunidad”; en 2019 la alianza oficialista del Congreso intentó aprobar una amnistía para crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones de derechos humanos. Finalmente, en 2019 el ex comediante y entonces presidente, Jimmy Morales, decidió no renovar el mandato de la CICIG, a pesar de haber sido considerado por la CIDH como un mecanismo “trascendental […] en la lucha contra la corrupción en Guatemala” y cuyos resultados han sido verificados por diversas organizaciones internacionales.
Las manifestaciones del 2015, 2017, 2019 y ahora 2020 no solo pedían la renuncia de funcionarios, sino transformaciones profundas en el Estado. El status quo ha sido y es insostenible. Tan así, que anualmente aproximadamente 60,000 personas deciden migrar irregularmente huyendo del hambre, desesperanza y violencia.
El sistema político del país no funciona; es incapaz de responder a cualquier tipo de crisis, sea climática, sanitaria o política. Si esta enfermedad no se atiende, existe un riesgo de que esta indignación -que se ha transformado en ira- finalmente desemboque en el colapso del sistema entero. Para que ello no suceda, el sistema electoral y el sistema de justicia podrían ser el primer paso para resolver la crisis.
Por un lado, Guatemala enfrenta un problema sistémico de impunidad; éste se explica, en parte, por un sistema de justicia débil, poco independiente, que incluso ha sido infiltrado por grupos del crimen organizado. Como mínimo, es necesaria una reforma constitucional (como la que fue rechazada por el Congreso en 2016) que asegure la designación de juezas y magistradas con base en criterios meritocráticos y asegure su independencia por medio de una carrera judicial.
Asimismo, el sistema electoral debe cambiar de manera que se busque una mejor representación de la ciudadanía. El sistema de listas cerradas para la elección de congresistas ha incentivado, entre otras cosas, la creación de partidos políticos que únicamente funcionan como vehículos electorales al poder, en lugar de mecanismos de participación ciudadana. Esto resulta en fragmentación elevada en el sistema de partidos y entidades poco institucionalizadas.
La ausencia de Estado de Derecho, instituciones fuertes y mecanismos sustantivos para la participación ciudadana seguirán alimentando el descontento. Esas condiciones son desfavorables para el sostenimiento de una democracia, pero tierra fértil para el surgimiento de liderazgos autoritarios capaces de canalizar el descontento popular a través de retórica demagógica y polarizante.
No sería difícil para un liderazgo de tales características, explotar el resentimiento popular contra las élites tradicionales y el sistema político, movilizar amplias mayorías electorales para adquirir, y eventualmente, concentrar el poder. Como los profesores Levitsky y Way han señalado, estos procesos de degradación institucional son paulatinos; Honduras, Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, no llegaron a su situación actual de un día para otro. Llegaron allí precisamente por no atender enfermedades similares a la del sistema guatemalteco.
La crisis finalizará de una u otra forma. Los actores relevantes del sistema deben reconocer la urgencia de reformas para evitar un final de quiebre y colapso. Parafraseando a la Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, Latinoamérica saldrá de la pandemia más hambrienta, enojada y de luto. Por el bien de todos, las instituciones deben canalizar esto o enfrentaremos peores consecuencias.
Citación académica sugerida: Ortega, Alfredo:Guatemala: la crisis inmanente, 2021/01/07, https://agendaestadodederecho.com/guatemala-la-crisis-inmanente/
Es abogado guatemalteco. Es maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame y cuenta también con una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Oxford. Ha trabajado para la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también como abogado litigante en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil). Actualmente es profesor de derecho internacional en la Universidad Rafael Landívar.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
