Infancias robadas: panorama del reclutamiento forzado en Colombia y respuestas urgentes
12 de Febrero de 2026
A lo largo de la historia, miles de niños, niñas y adolescentes (en adelante NNA) han sido reclutados como soldados en conflictos armados. A pesar de los avances normativas internacionales, esta práctica persiste como una grave violación a los derechos de la niñez.
Los primeros registros de NNA en guerras o conflictos se remontan a los inicios de la humanidad, durante la edad antigua. Por ejemplo, en Esparta, polis griegas, los NNA comenzaban a entrenar bajo la tutela del Estado a los 7 años. Este sistema de la agogé existía con el fin de que estuvieran aptos para luchar en la guerra a temprana edad. A su vez, otros pueblos como los germanos, celtas, galos e incluso algunos pueblos nómadas incorporaban en labores de combate a niños desde los 10 años.
En la edad media, los NNA, en la mayoría de los casos, participaban como escuderos, solían tener 12 años y trabajaban ayudando a los militares durante las campañas. Justo en esta época, tiene lugar la llamada cruzada de los niños, un acontecimiento que llevó a que miles de niños europeos, en especial de aldeas alemanas y francesas, se movilizaran para liberar Jerusalén y fundar el segundo reino latino. Como resultado, la mayoría de los niños murieron y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos.
Muchos siglos después los NNA soldados siguieron activos en las guerras, como es el caso de Los tamborileros; niños que, desde los 10 años, marchaban junto a los regimientos de Napoleón Bonaparte y cuyo papel consistía en comunicar órdenes durante las batallas, para lo cual, utilizaban tambores.
En épocas más recientes no ha habido un cambio muy grande. Muestra de ello son los conflictos como el de: la guerra de vietnam (1955-1975), la guerra entre irán e Irak (1980-1988), la guerra de bosnia (1992-1995), la guerra civil de sierra leona (1991-2002) o la guerra civil de Sri Lanka contra los tigres tamiles (1983-2009). Donde si bien los países, lenguas, culturas y razones que llevaron a los conflicto varían; el reclutamiento forzado de NNA siguió siendo un factor común.
En Latinoamérica, el reclutamiento forzado de niños en los conflictos también representa una problemática latente hasta el día de hoy. Un ejemplo es el caso de Colombia; país frente al que “Naciones Unidas ha verificado más de 1.000 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes para el conflicto armado ocurridos desde 2019. Además, ha identificado un preocupante aumento de este delito en los últimos años, con un incremento crítico en 2023, cuando el número de casos se duplicó en comparación con 2022. Durante 2024 esta tendencia al alza se mantuvo.”
Este reclutamiento de menores en Colombia es una problemática que lleva décadas y que se sigue consolidando, en el marco de los diferentes conflictos armados latentes en el país, –teniendo presente que, en la actualidad, se registran ocho-. A su vez, este escenario se agrava con la implementación de nuevas técnicas de reclutamiento enfocadas en menores en situaciones vulnerables.
Como lo señala, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en el reciente balance informativo del 2025, “la ausencia de oportunidades de vida, los obstáculos al acceso a la educación, el debilitamiento de entornos protectores y la presencia de actores armados en proximidad a las comunidades incrementaron la vulnerabilidad de los menores de edad. “Estos factores facilitaron su exposición a diversas estrategias de involucramiento: ofertas económicas, seducción, captación a través de redes sociales con promesas de dinero, prestigio o poder, vinculación forzosa mediante amenazas y vinculación afectiva a través de engaños, como el mal llamado “enamoramiento”.
Según el CICR, esta última estrategia se ha consolidado como una práctica recurrente en distintas zonas del país, y está siendo utilizada intencionalmente por los actores armados para “persuadir y manipular con engaños a los menores de edad, no solo con el fin de vincularlos a sus estructuras, sino también para que accediera a pretensiones de carácter sexual”.
Las primeras normas del Derecho Internacional Humanitario que prohíben el reclutamiento y participación de niños en los conflictos armados se establecieron en 1977 por medio de los Protocolos Adicionales a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y por medio de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. Todo esto reforzado por el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que elevó la edad mínima para la participación de menores en conflicto a 18 años.
La Organización de Naciones Unidas para la infancia ha definido como “niños y niñas soldados” a “aquellos menores de 18 años que hayan sido reclutados por una fuerza beligerante, hayan o no hayan llevado armas, ya que son reclutados para realizar todo tipo de labores como espías, combatientes, centinelas o esclavos sexuales”. En este marco, se han tomado medidas como el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, y el establecimiento del 12 de febrero como el día internacional contra el uso de los niños soldados (también conocido como el día de las manos rojas).
La Corte Penal Internacional (CPI) también ha cumplido un rol activo al condenar el uso de niños como soldados y las vejaciones a las que son sometidos como en el caso de Thomas Lubanga, líder de la unión de patriotas congoleños (UPC) y las fuerzas patrióticas para la liberación del Congo, y quien fue condenado por reclutar y utilizar a niños menores de 15 años en el conflicto. A su vez, en el caso Bosco Ntaganda, la Corte condenó no solo por reclutar a menores de edad como combatientes sino también por casos de esclavitud sexual intra-filas, siendo éste, un precedente para que los delitos entre miembros de un mismo grupo sean tan reprochables como los cometidos al bando opositor.
Para el abordaje de esta problemática, resulta clave la labor de los programas de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) de Naciones Unidas, que han permitido la reunión de los menores de nuevo con sus familias, han contribuido a la superación de las secuelas que la guerra deja en sus vidas y a han facilitado el camino de la reintegración a la sociedad. Las cifras de estos programas son bastante alentadoras ya que han conseguido separar de fuerzas o grupos armados ilegales y asistir más de 200.000 niños.
En este marco, también resulta esencial destacar el rol de la sociedad civil. En la actualidad, además de los organismos y protocolos previamente mencionados, ha surgido la coalición para acabar con la utilización de niños soldados por parte de Amnistía Internacional. Es una agrupación de organizaciones y coaliciones de índole nacional y regionales de África, Asia, Europa, Latinoamérica y oriente medio. Entre sus miembros fundadores se encuentran Amnistía Internacional, Defensa de los Niños Internacional, Human Rights Watch, Federación Internacional Tierra de Hombres, Alianza Internacional Salvemos a los Niños, el Servicio Jesuita de Refugiados, la Oficina en Ginebra de la Sociedad de los Amigos (cuáqueros) para las Naciones Unidas y World Visión International.
Sin embargo, y como bien comenté al inicio del artículo, a pesar de los esfuerzos que se han hecho a través de las normas, protocolos e iniciativas de la sociedad civil para erradicar el reclutamiento forzado de NNA, la problemática persiste. Lo cierto es que el fenómeno es más complejo de lo que suele presentarse: el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes ocurre en distintos países y bajo contextos muy diversos. Sus causas se entrecruzan —culturales, sociales y económicas— y también responden a dinámicas locales y motivaciones particulares de cada conflicto. Lejos de ser un dato desalentador, esta diversidad es un llamado a ajustar las respuestas: tanto las organizaciones como los marcos normativos deben incorporar un enfoque más contextual y centrado en cada caso, que permita identificar qué factores siguen sosteniendo la instrumentalización de la niñez y cómo desactivarlos de manera efectiva.
Citación académica sugerida: Benítez Monterroza, Aura Vanessa. Infancias robadas: panorama del reclutamiento forzado en Colombia y respuestas urgentes. Agenda Estado de Derecho, 2026/02/12. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reclutamiento-forzado-en-colombia/
Palabras claves: niños soldados, guerras, derechos de los niños.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
