Ejecuciones extrajudiciales: un problema de desigualdad social

3 de Febrero de 2022
Ejecuciones extrajudiciales: un problema de desigualdad social
Crédito foto: Catia Tve

¿Qué relación tiene la desigualdad social y la pobreza con las ejecuciones extrajudiciales? La protección del derecho a la vida es un asunto pendiente en la región.

El continente americano, en distintos contextos tanto de conflicto político como armado, así como de desigualdad social, ha sido protagonista de constantes vulneraciones del derecho a la vida, reconocido en instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos, sobre todo en el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

Cuando una persona es privada arbitrariamente de la vida, sea por agentes del Estado o terceros particulares que actúan bajo su aquiescencia o consentimiento, con desapego a la legalidad, nos encontramos frente a una ejecución extrajudicial.

Las ejecuciones extrajudiciales han sido una de las más graves violaciones a derechos humanos que se han manifestado en nuestra región. Por ejemplo, en países como Colombia, México, Nicaragua, Venezuela, Guatemala, Brasil, Ecuador, Honduras, por diversas causas, el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y el control social se ha empleado en contra de personas, especialmente pertenecientes a grupos vulnerables, quienes han sido víctimas de privación arbitraria de la vida. En algunos casos, también ocurre como consecuencia de la represión del Estado en contra de personas consideradas opositoras o disidentes, o por prácticas de mano dura en políticas públicas de seguridad ciudadana.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su cuadernillo de Jurisprudencia Nº 41, recoge los aspectos y criterios más importantes respecto a la protección del derecho a la vida, en función de diversos casos emblemáticos ocurridos en la región, que evidencian que las ejecuciones extrajudiciales y la privación arbitraria de la vida representan un problema grave de derechos humanos. En primer lugar, por la concreta materialización de este tipo de hechos; y en segundo lugar, por la falta en el deber de prevención, la impunidad ante las violaciones ocurridas y por la ausencia de políticas públicas eficaces con enfoque de protección de derechos.

La Corte IDH, a través de su jurisprudencia, ha determinado el alcance del derecho a la vida con el fin de establecer las bases necesarias para su salvaguarda. También ha definido que “los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para su pleno goce y ejercicio (caso Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala)”. Partiendo de este presupuesto, el Tribunal Internacional ha reafirmado su criterio a través de distintos fallos, frente a la necesidad de que sean adoptadas todas las medidas legales y fácticas indispensables para proteger y preservar el derecho a la vida, con énfasis en abusos cometidos en el marco “de la utilización de la fuerza de forma ilegítima, excesiva o desproporcionada” (casos Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela; y Ortiz Hernández y otros Vs. Venezuela).

A pesar de ello, en la actualidad la privación arbitraria de la vida sigue siendo una grave problemática no resuelta en varios países latinoamericanos. Operativos de seguridad ciudadana o militares en México, Brasil y Venezuela, y la persecución política en Nicaragua y Venezuela, son una muestra de cómo hoy, más allá de los conflictos armados, siguen ocurriendo privaciones arbitrarias del derecho a la vida.

Sobre el particular, cabe destacar que con mayor frecuencia esta grave violación de derechos humanos afecta a sectores en condiciones de particular vulnerabilidad, específicamente personas de género masculino, jóvenes, en situación de pobreza, poniendo en evidencia que la desigualdad social es también un factor determinante en el perfil de las víctimas de estos abusos, tal y como señala la más reciente decisión de la Corte Interamericana sobre el caso Guerrero, Molina y otros Vs.  Venezuela, o el análisis de la investigadora Claudia Samayoa sobre este fenómeno en Centroamérica.

El uso de la seguridad ciudadana como mecanismo de control social

En la sentencia del caso Guerrero, Molina y otros Vs. Venezuela, la Corte “denota [los hechos del caso] que estuvieron motivados por preconceptos de los funcionarios policiales, consistentes en la atribución de una supuesta peligrosidad a un hombre joven en situación de pobreza” (Véase resumen de la Sentencia).

Cofavic y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organizaciones que litigaron el caso, han afirmado que la sentencia evidencia “una conexión directa entre la pobreza y juventud para ser motivos de preconceptos entre las fuerzas policiales del país en el desarrollo de sus operativos de seguridad ciudadana”. A lo largo del fallo se observan los aspectos que conectan la desigualdad social y las condiciones de pobreza con las ejecuciones extrajudiciales, siendo el caso venezolano un claro ejemplo de cómo los operativos de seguridad ciudadana, alejados de la perspectiva de derechos humanos, sirven como mecanismos de control social y discriminación.

La violencia policial sigue incrementándose y, ante la situación de criminalidad, los sectores populares se enfrentan a abusos por parte de los organismos de seguridad, entre ellos las ejecuciones extrajudiciales, que afectan en mayor medida a hombres jóvenes en situación de pobreza, quienes son percibidos y catalogados como “delincuentes”, como lo confirma el caso Guerrero, Molina y otros, y que también han sido constatados por organizaciones de derechos humanos venezolanas como Cofavic, Provea, Monitor de Víctimas, entre otros, y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.

Al respecto, la organización Cofavic ha denunciado que de los 9.211 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, ocurridos en Venezuela entre 2016 y marzo de 2021, el perfil de las víctimas que han identificado se distribuye de la siguiente manera: “un 80% son menores de 25 años, 99% son hombres de sectores vulnerables”. Así se evidencia que la desigualdad social y la situación socioeconómica son determinantes a la hora de cometerse ejecuciones extrajudiciales, y este fenómeno se repite en otros Estados, como por ejemplo países de Centroamérica, Brasil, Colombia, entre otros.

La seguridad ciudadana, como “política de mano dura” empleada como una forma de control social, deriva en que se puedan cometer graves violaciones a los derechos humanos, que no son investigadas de forma oportuna, expedita y efectiva, contribuyendo a la impunidad y repetición de los abusos. Además, estos hechos tienen a su vez un sentido de castigo ejemplarizante, con la finalidad de que la población sienta temor y se pueda ejercer de forma más fácil el control sobre ella.

Lo descrito permite demostrar que la privación arbitraria de la vida, no solo en contextos de conflicto armado o político sino también en entornos de pobreza y desigualdad social, producto de las respuestas de mano dura en políticas de seguridad ciudadana, se deben evaluar y, además, encontrar soluciones estructurales bajo los estándares de derechos humanos para evitar que sigan ocurriendo.

Es imperante que los Estados de la región asuman y den cumplimiento a sus obligaciones internacionales de protección, respeto y garantía del derecho a la vida y establezcan políticas públicas eficaces que prevengan la materialización de ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, y velen por la no repetición de los abusos, con un enfoque de igualdad y no discriminación.

El análisis de la Corte en torno al caso Guerrero Molina resulta sumamente importante de cara a abordar este fenómeno. Teniendo carácter jurisprudencial para los Estados americanos, el análisis permite establecer las bases para prevenir que sigan ocurriendo ejecuciones extrajudiciales en entornos de desigualdad social. Para ello, es fundamental avanzar en el desarrollo de acciones para capacitar y sensibilizar a organismos de seguridad en relación con el uso de la fuerza bajo los principios de proporcionalidad, necesidad y legalidad, siempre en línea con el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos.

Citación académica sugerida: Romero Mosqueda, Marianna Alexandra. Ejecuciones extrajudiciales: un problema de desigualdad social, Agenda Estado de Derecho, 2022/02/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/ejecuciones-extrajudiciales-un-problema-de-desigualdad-social/

Palabras clave: derecho a la vida, desigualdad social, discriminación, ejecuciones extrajudiciales

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ACERCA DE LA AUTORA
Marianna Alexandra Romero Mosqueda

Abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello – Venezuela (2014). Aspirante a Magister de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la American University. Directora del Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ). Coordinadora Académica y profesora investigadora del Centro de Derechos Humanos UCAB.

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