¿Es posible titular colectivamente zonas de bajamar o bosques de manglar?
17 de Junio de 2025

¿Cuál es la importancia de este fallo? ¿Qué innovaciones legales y jurisprudenciales trae esta sentencia?
La Sentencia T-105 de 2025, emitida por la Corte Constitucional de Colombia, representa un fallo histórico en la materialización de la justicia marino-costera en Colombia. Es el caso más grande de violación al plazo razonable hasta el momento conocido. Además, aborda un tema sin precedente alguno en la jurisprudencia constitucional: la titularidad colectiva de zonas de bajamar o bosques de manglar, adjudicables a las comunidades del pueblo afrocolombiano.
La Corte Constitucional emite este fallo en el marco de una acción de tutela presentada en octubre de 2020 por el Consejo Comunitario de Comunidades Negras Esfuerzo Pescador contra la Agencia Nacional de Tierras (ANT). El CCNEP es un pueblo afrocolombiano integrado por comunidades veredales ubicadas en el municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño. Sus pobladores son descendientes de personas africanas esclavizadas, quienes con ocasión de la explotación de oro en las minas de Barbacoas e Iscuandé y la abolición de la esclavitud como institución, escaparon de los enclaves mineros y haciendas esclavistas de Popayán con rumbo a las tierras bajas de difícil acceso.
En la decisión, la Sala Novena de la Corte Constitucional concluyó que la ANT incurrió en una demora injustificada al dilatar por un periodo de 20 años el procedimiento de titulación colectiva comenzado en 2004 por el pueblo afrocolombiano del Esfuerzo Pescador, excediendo sin justificación alguna los plazos legales establecido por la ley 70 de 1993 y sus decretos reglamentarios (más de 450 días como máximo) Además, la ANT no respondió oportunamente el derecho de petición interpuesto por la comunidad acerca del avance de su proceso de titulación, incurriendo además en la vulneración de este derecho fundamental.
El territorio ancestral del pueblo del Esfuerzo Pescador se encuentra al interior de dos tipos de ecosistemas marino costeros: bosques de manglar y zonas de bajamar. El solape de tierras tituladas colectivamente y zonas de bajamar consideradas como bienes uso público, generó un debate que se puede condensar en la siguiente pregunta: ¿es posible titular colectivamente zonas de bajamar o bosques de manglar en Colombia? Para la Corte si es posible adjudicar la titularidad colectiva de zonas de bajamar y/o bosques de manglar en favor de las comunidades del pueblo Esfuerzo Pescador.
La Corte Constitucional emitió este fallo haciendo una diferenciación entre dos ecosistemas marino-costeros, a los cuales aplicó consecuencias jurídicamente diferentes: i) los bosques de manglar, y ii) las zonas de bajamar. Mientras los bosques de manglar son ecosistemas marino-costeros compuestos por mangles, especies arbóreas claves para la reproducción de especies marinas, la biodiversidad y la protección de la línea de costa frente al oleaje del mar, por su parte, las zonas de bajamar comprenden un espectro más amplio. Según el artículo 167 del Decreto Ley 2324 de 1984, los terrenos de bajamar son aquellos que “se encuentran cubiertos por la máxima marea y quedan descubiertos cuando esta baja.” En conclusión, los bosques de manglar se encuentran en terrenos de bajamar, pero no todas las zonas de bajamar están formadas por bosques de manglar. (en las zonas de bajamar confluyen, además, arrecifes de coral, playas arenosas, planos lodosos, biológica y geomorfológicamente diferentes).
Para la titulación colectiva de los bosques de manglar, la Corte estimó que no existe ningún impedimento legal o constitucional que impida su adjudicación en favor de las comunidades del pueblo Esfuerzo Pescador. Para la Corte, a partir de la lectura e interpretación integral del artículo 6º y 21 de la Ley 70 de 1993, se faculta a las comunidades del pueblo afrodescendiente a titular ecosistemas como los bosques de manglar, siempre y cuando se formulen planes para su aprovechamiento y conservación ambiental. Del mismo modo, la Corte reconoce que con anterioridad autoridades de titulación de tierras ya han reconocido previamente la propiedad colectiva en terrenos de bosques de manglar, con un total de 39 títulos de propiedad a cierre del 2022. En conclusión, la titulación colectiva de áreas de manglar es compatible con la Constitución y la legislación colombiana.
Por su parte, en el caso de las zonas de bajamar, la Corte estimó que su naturaleza de bienes de uso público, no es incompatible con adjudicación y titularidad colectiva. Para ello, la Corte inaplicó por inconstitucional el literal a) del artículo 6 de la Ley 70 de 1993 y el numeral 1 del artículo 2.5.1.2.19 del Decreto 1066 de 2015, disposiciones que prohíben la adjudicación de zonas de bajamar al ser considerados como bienes de uso público. Para la Corte, las anteriores disposiciones no previeron situaciones como la realidad territorial del pueblo afrocolombiano del Esfuerzo Pescador, quien lleva más de 150 años de posesión ancestral en este territorio. La Corte no se atrevió a fijar el territorio susceptible de titulación colectiva, en su lugar, ordenó a la ANT hacerlo en un periodo de 6 meses.
Aunque la Corte fue enfática de que su decisión no representa un precedente judicial para situaciones fácticas similares, por tanto, sólo tiene efectos para las condiciones excepcionales del pueblo Esfuerzo Pescador, consideramos que este fallo puede inspirar futuras normas y pronunciamiento judiciales en Colombia y la región. Colombia es uno de los 122 países que cuenta con este ecosistema de bosque de manglar y es el quinto país del continente americano con mayor extensión de manglares, con aproximadamente 280.000 hectáreas. De estas, el 74.5% se encuentra en el litoral Pacífico, el 25.5% en el Caribe, y el 0.07% en el litoral insular.
Los bosques de manglar son nuestros mejores aliados en la lucha contra el cambio climático. Los manglares son grandes captadores de carbono, atrapando el exceso de calor de la atmósfera y evitando la erosión costera provocado por el aumento progresivo del nivel del mar, fenómenos que ya está afectando las comunidades marino costeras de Colombia, la región y otras latitudes. Sobre la importancia de su titulación, también coincide Carlos Rosero, Ministro de Igualdad y Equidad quien afirma que «en América los pueblos afrodescendientes conservan 200 millones de hectáreas, pero solo el 5% está titulada, situación que representa un riesgo latente en medio de la crisis climática.»
A manera de conclusión, el fallo de la Corte resulta importante en tanto pone la lupa del debate jurídico nacional en un territorio que ha sido históricamente excluido: el territorio marino-costero colombiano. Según un estudio de la Asociación Colombiana de Periodistas y Escritores de Turismo, uno de cada cuatro colombianos no conoce el mar. Por otra parte, en Bogotá, solo el 9% de los bogotanos ha visitado el mar. En los próximos años, como consecuencia de las afectaciones del cambio climático en las zonas costeras, los litigios marino costero serán un renglón relevante en la justicia colombiana y regional.
Por su parte, en América Latina, el fallo en mención puede inspirar a jueces regionales y legisladores de otras latitudes en la expedición de decisiones judiciales y normativa encaminadas a la protección de los derechos territoriales de las comunidades marino costeras de sus respectivos países. Lo anterior debe ir acompañado de un diálogo con las comunidades locales, quienes poseen una relación biocultural y espiritual con el mar y la costa, vínculo que muchas veces no es traducido por los instrumentos normativos y operadores judiciales en sus decisiones. Finalmente, debe implicar un cambio en la concepción del territorio, asociada tradicionalmente al continente, por una más integral, donde no se concibe el mar como un espacio separado del continente o de las islas, sino unido a él.
Desde luego, el abordaje de estos casos necesitará algo más que conocimientos jurídicos, deberá estar acompañado de una profunda alfabetización marítima de los profesionales del derecho y la sociedad en general, en un país y región que sabe muy poco sobre sus mares y costas. Finalmente, y no menos importante, necesitaremos de juristas con formación interdisciplinaria científica y tecnológica para defender los ecosistemas marino-costeros, nuestros mejores aliados en la lucha contra el cambio climático. ¿Estamos preparados? ¿Para cuándo la inclusión de asignaturas como derecho marítimo en las Universidades y facultades de Derecho? ¿Para cuándo la actualización de la regulación de las áreas costeras y de bajamar?
Citación académica sugerida: Orobio Valencia, Anderson. ¿Es posible titular colectivamente zonas de bajamar o bosques de manglar? Agenda Estado de Derecho, 2025/06/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/es-posible-titular-colectivamente-zonas-de-bajamar-o-bosques-de-manglar/
Palabras clave: Colombia, zonas de bajamar, titulación colectiva
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CEO & Cofounder de LEYART: Innovación Jurídica y justicia marino costera. Director General de la Escuela Étnica de Asuntos Internacionales e Innovación Diplomática. Abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Tesista Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Especialista en Estudios Afrolatinamericanos y Caribeños de CLACSO. Miembro del Grupo de Jóvenes por el Estado de Derecho del programa Estado de Derecho para Latinoamérica.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.