La desaparición de personas en El Salvador: una deuda estatal del pasado y el presente

20 de Abril de 2022
La desaparición de personas en El Salvador: una deuda estatal del pasado y el presente
Foto: Tomado de Pixabay

A pesar de algunos avances, el Estado salvadoreño se encuentra en deuda con las víctimas de desapariciones y sus familiares.

Antecedentes y contexto

La desaparición de personas ha sido una constante en las últimas décadas en El Salvador. En su mayoría, las desapariciones han sido atribuidas a las pandillas, aunque las investigaciones penales dan cuenta que también son delitos cometidos por otras estructuras de crimen organizado y por particulares, en este último caso, en mayor proporción se trata de feminicidios cometidos por parejas o personas conocidas de las víctimas.

Fue una práctica sistemática que se documentó desde 1978 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y se profundizó durante la guerra civil a partir de 1980. La Comisión de la Verdad, estimó que pudo haber más de 5.500 víctimas por desaparición forzada; sin embargo, tanto organizaciones de la sociedad civil como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos han estimado que, hasta finalizar el conflicto armado en 1992, se produjeron más de 8.000 desapariciones forzadas de personas, por lo que pudo haber un subregistro que no se documentó.

En la década de los noventa, las “maras” que se perfilaron como el principal fenómeno social y cultural del país, se expandieron rápidamente y lograron tener presencia en todo el territorio. La respuesta estatal ante el fenómeno fue la adopción de políticas de corte represivo o “mano dura”, y atribuir a estos grupos la responsabilidad de la grave situación de inseguridad en El Salvador.

Las pandillas se consolidaron progresivamente como estructuras criminales relacionadas con el alza de homicidios, la extorsión, el tráfico de drogas y otros delitos graves. Igualmente, mostraron el control de territorios mediante la ejecución y desmembramiento de personas, cuyos restos eran abandonados en lugares públicos. A partir de 2002 cambiaron su forma de operar y pasaron a privar de libertad, desaparecer a las personas y ocultar los cuerpos en fosas clandestinas.

La desaparición cometida por pandillas y otras estructuras del crimen organizado se caracteriza por la privación de libertad, acompañada de otros delitos como violación y vejaciones sexuales en el caso de niñas y mujeres, daños físicos o torturas previo a la ejecución, y el ocultamiento de los cuerpos de las víctimas comúnmente sepultadas en fosas individuales o colectivas.

Hasta 2019 el Código Penal (CP) regulaba exclusivamente la desaparición forzada y sus variantes (aquellas cometidas por agentes estatales o fuerzas de seguridad pública), mientras que las desapariciones cometidas por particulares se registraban como Privación de Libertad (Art. 148 CP). Ese mismo año se reformó el Código Penal y se introdujo el artículo 148-A, creando el delito de “Desaparición de Personas” que se refiere a la privación de libertad por cualquier forma, cuando la acción es seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima.

De acuerdo con cifras oficiales la tasa de desaparecidos por cada cien mil personas en 2010 fue de 30.8, alcanzando el pico más alto en 2014 con una tasa de 65.9. La cifra disminuyó a partir de 2015. Para el 2018 la tasa fue de 49.9, aunque el número de desaparecidos aún representaban niveles pandémicos. En los últimos tres años la disminución ha sido drástica, para 2020 fue de 16.8, esta caída fue similar en el caso de los homicidios que pasaron de 50.8 en 2018 a 19.5 en 2020.

La causa de esta significativa reducción ha sido ampliamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil y la academia. Investigaciones periodísticas revelan que existe una negociación entre el gobierno y las pandillas y ponen en duda que la disminución de estos delitos sea el resultado de políticas públicas de seguridad, cuyos contenido y mecanismos de medición no son públicos.

La deuda presente

La respuesta estatal ante el fenómeno ha sido poco efectiva. Si bien en 2018 se adoptó el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las autoridades niegan que el fenómeno haya crecido en el último año, pese a que la cifra de 2021 es superior a la del año anterior. Hasta octubre de 2021 se registraron 1.192 personas desaparecidas. Por otra parte, tampoco se han asumido los compromisos contenidos en dicho Protocolo: las víctimas denuncian que la búsqueda no inicia inmediatamente después del reporte y a veces se pide que hayan transcurrido 12 o 24 horas de la desaparición. Además, tampoco se ha creado el Registro de Personas Desaparecidas, ni el Banco Genético de Víctimas.

Las carencias en las investigaciones, la inercia estatal y hasta agravios a las víctimas y sus familiares, ha llevado a estos últimos a organizarse para investigar el paradero de sus desaparecidos por sus propios medios, a la vez que denuncian el incumplimiento del deber de investigar la desaparición y buscar a los responsables. Los casos conocidos en 2021, son una muestra de la desidia estatal y de la gravedad del fenómeno.

Entre los casos más emblemáticos de ese año se destacan el hallazgo fortuito de once fosas en la casa de un expolicía en el municipio de Chalchuapa, departamento de Ahuachapán, donde se encontraron doce cuerpos; la desaparición de los jóvenes Karen y Eduardo Guerrero Toledo, ocurrida en septiembre, y de la joven futbolista, Jimena Ramírez, un mes después. Los cuerpos de estas tres víctimas fueron localizados en fosas clandestinas en el municipio de Nuevo Cuscatlán, del mismo departamento, a fines de 2021. Las investigaciones en la misma zona han descubierto otros 23 cuerpos, según reportaron las autoridades en febrero de 2022

El Estado Salvadoreño sigue en deuda con las víctimas de las desapariciones forzadas del conflicto armado y las desapariciones actuales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe de país 2021, hizo un llamado al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que el marco normativo y actuación de las autoridades en casos de personas desaparecidas, incluyendo la investigación, sistematización y recolección de información, se ajusten a los estándares internacionales.

Las autoridades tienen el reto de priorizar la búsqueda, determinar el paradero, informar sobre los avances investigativos y garantizar un trato empático a las víctimas sobrevivientes de personas desaparecidas. La conformación de una mesa de trabajo con organizaciones de sociedad civil con participación de las víctimas, solicitada a la Fiscalía en enero de 2022 por distintas organizaciones de la sociedad civil, es una oportunidad para revisar y mejorar las políticas de seguridad y para unificar esfuerzos entre Estado y sociedad. Asimismo, se encuentra pendiente crear el registro de personas desaparecidas, el banco de ADN de víctimas, conformar una mesa de trabajo con víctimas y sus representantes, que son algunas de las propuestas.

No se debe olvidar que el sufrimiento de las víctimas que buscan a sus desaparecidos es permanente, genera daños irreversibles en las estructuras familiares y ha sido considerado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una violación continua de derechos humanos. La esperanza de encontrarlos vivos es lo que a veces mantiene con vida a madres. padres, familiares y personas que buscan.

Citación académica sugerida: Navas, Zaira. La desaparición de personas en El Salvador: una deuda estatal del pasado y el presente, Agenda Estado de Derecho, 2022/04/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-desaparicion-de-personas-en-el-salvador-una-deuda-estatal-del-pasado-y-el-presente/

Palabras clave: El Salvador; desaparición de personas, conflicto armado, pandillas.

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ACERCA DE LA AUTORA
Zaira Navas

Abogada y máster en Gerencia Pública, Justicia y Seguridad. Más de 25 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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