El Tribunal Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza y la sentencia del caso Tren Maya. Retos y oportunidades.
27 de Septiembre de 2023
Recientemente el Tribunal Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza consideró que el proyecto del Tren Maya viola derechos humanos de la naturaleza y de las comunidades y pueblos indígenas de México.
Los Tribunales éticos o de conciencia han sido, a lo largo de los últimos años, espacios creados para juzgar moralmente situaciones de violaciones a derechos humanos cometidas en contextos determinados de guerra o graves situaciones de violencia, represión y/o violaciones a los derechos humanos. Quizá el Tribunal ético más conocido ha sido el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP).
Estos Tribunales no son designados por algún Estado o autoridad. Por lo tanto, sus resoluciones no establecen sanciones civiles o penales, sino condenas de carácter moral basadas en la legitimidad que le otorga su origen y composición y que sirven para visibilizar contextos de graves violaciones a derechos humanos y reforzar los procesos de exigencia de colectivos, comunidades y pueblos.
En esa línea y frente a la crisis climática que asola al planeta, en 2014 se creó el Tribunal Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza (TINDN), con sede en Ecuador, inspirado en el Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra y el TPP. Como se establece en sus objetivos, dicho Tribunal:
… crea un foro para que personas de todo el mundo hablen en nombre de la naturaleza, protesten contra la destrucción de la Tierra, destrucción que a menudo es fomentada por gobiernos y corporaciones, y hagan recomendaciones sobre la protección y restauración de la Tierra…
Su Panel de Jueces y Juezas lo constituyen personas que han tenido una presencia y participación importante en luchas socio-ambientales, ya sea desde la comunidad, el activismo, la academia, las artes, la cultura o cualquier otro espacio o disciplina. Desde su creación, el TIDN ha realizado varias audiencias internacionales, regionales y también locales.
Entre el 9 y el 12 de marzo de 2023, el Tribunal realizó su octava sesión para conocer del caso del Tren Maya, megaproyecto de transporte ferroviario en torno al cual se gesta un plan de reordenamiento territorial en la península de Yucatán, México y que se ha erigido como la obra insignia del actual Gobierno Federal.
Cinco juezas y jueces visitaron comunidades afectadas, escucharon testimonios de representantes de comunidades originarias, así como de expertas y expertos en diversos campos de la ciencias sociales y naturales. También realizaron un recorrido por el tramo 5 del megaproyecto, donde han rellenado y destruido cenotes y talado sin piedad la selva.
El 26 de julio de 2023, el TIDN emitió su veredicto. La sentencia es contundente y enumera no sólo las violaciones a los derechos de la naturaleza, sino también aquellas asociadas a los derechos de los pueblos originarios, principales afectados por el megaproyecto, y pronuncia las palabras ecocidio y etnocidio (Párrafos 192 a 201) para ilustrar la gravedad de estos impactos.
Su resolución la sustenta fundamentalmente en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, así como en diversas normas del derecho internacional y el derecho mexicano que protegen en su conjunto el patrimonio biocultural.
Documenta las graves afectaciones a los derechos de la naturaleza derivadas del m egaproyecto, entre ellas: i. la fragmentación del territorio que provocará la división y ruptura de los ecosistemas; ii. la deforestación (advirtiendo que ya se han talado más de 3.4 millones de árboles), iii. la extinción de la flora y la fauna, iv. el agotamiento y contaminación del acuífero de la Península de Yucatán y v. la afectación a los cenotes, ecosistemas únicos en el mundo que, especialmente en el tramo 5 han sufrido daños irreversibles al ser rellenados con pilotes de cemento para reforzar el paso del Tren.
De manera clara, el tribunal expone que todos los tramos han iniciado sin que existan las debidas Manifestaciones de Impacto ambiental (MIA), que son aprobadas con posterioridad al inicio de los trabajos y sin tomar en cuenta las opiniones expertas que advierten sobre las graves consecuencias del megaproyecto.
Evidencia las violaciones cometidas a las comunidades y pueblos indígenas afectados, empezando por el derecho a la Consulta y Consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado, puesto que los trabajos iniciaron sin que se tomara en cuenta la opinión de esos Pueblos. Además, el TIDN señala que la supuesta consulta realizada a finales del 2019 no cumplió con los requisitos mínimos establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Tribunal alerta sobre los graves impactos socioculturales generados por el megaproyecto, como la mercantilización de la cultura, los saberes y la memoria de las comunidades; el desplazamiento de las formas tradicionales de subsistencia, como la milpa, frente al proceso de urbanización, el despojo territorial, la migración, los desplazamientos, la ruptura del tejido social, el incremento de la delincuencia y la explotación laboral, entre otros. Situaciones que al poner en riesgo la permanencia de la cultura maya, configuran, según el juicio, etnocidio.
Tiene por acreditada la compleja situación para ejercer el derecho a la justicia ambiental en México para quienes se oponen al megaproyecto, en principio porque frente a las múltiples violaciones reclamadas por comunidades indígenas, organizaciones de derechos humanos y ambientalistas, los tribunales mexicanos no han otorgado las suspensiones correspondientes o cuando lo han hecho estas no han sido cumplidas por el Gobierno Federal.
Por otro lado, porque el megaproyecto, al ser declarado como de seguridad nacional, ha significado la militarización de la Península de Yucatán, destinándose más de 6 mil efectivos para la construcción y vigilancia del Tren.
Este hecho representa no solo una amenaza y riesgo para las defensoras y defensores del territorio, sino también una violación al artículo 30 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que establece que no se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas.
Al final y basándose en las pruebas y evidencias presentadas, el TIDN determina reconocer la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a los derechos de la naturaleza, en particular el derecho a la vida y a existir; su derecho a ser respetada, el derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas; derecho al agua como fuente de vida; el derecho a la salud integral; el derecho a estar libre de contaminación, polución y desechos tóxicos o radioactivos.
En esa tónica, el Tribunal condena al Estado a suspender el megaproyecto del Tren Maya, con la consecuente desmilitarización de la región, así como a reconocer los derechos de la naturaleza, particularmente a los cenotes como sujetos de derechos. También se pronuncia sobre la necesidad de reconocer a los Pueblos originarios como sujetos de derecho público, deuda histórica del Estado mexicano.
La importancia de la resolución del TIDH radica no sólo en su fuerza moral, que tendría que obligar a las autoridades del Estado mexicano a replantearse la continuación de este megaproyecto, sino en los parámetros jurídicos que establece.
Al reconocer que la naturaleza posee valor intrínseco y merece el reconocimiento de sus propios derechos, independientemente de su utilidad para los seres humanos, se abre la puerta para modificar el paradigma a partir del cual se ha interpretado el derecho a un medioambiente sano en México, para trascender a una perspectiva de corte ecocéntrico.
Además, en esa perspectiva integral que contiene la sentencia, la participación de los pueblos originarios en la determinación de la política pública que hagan efectivos esos derechos a la naturaleza, resulta fundamental, reforzándose también el derecho a la libre determinación de los pueblos.
Aunque el megaproyecto se encuentra en una fase avanzada, los impactos derivados de la construcción de las vías férreas, algunos ya irreversibles, son sólo el inicio de la hecatombe socioambiental que se generará en caso de concretarse todo el megaproyecto en su integralidad.
En esa lógica la sentencia llega en un momento oportuno y representa un llamado legítimo para el Gobierno mexicano y una oportunidad para pensar las políticas públicas y la perspectiva de desarrollo desde una óptica en donde la naturaleza deje de ser un bien explotable al servicio del ser humano para convertirse en un entramado cuya conservación y cuidado es fundamental para la supervivencia de las personas.
Citación académica sugerida: Fernández Mendiburu, Jorge. El Tribunal Internacional sobre los Derechos de la Naturaleza y la sentencia del caso Tren Maya. Retos y oportunidades. Agenda Estado de Derecho. 2023/09/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-sentencia-del-caso-tren-maya/
Palabras clave: México; tren maya; ecocidio; justicia ambiental.
Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco Estudios de Doctorado en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido colaborador en diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, donde ha acompañado procesos de defensa del territorio de pueblos originarios, derechos de la naturaleza y de la comunidad LGBTTIQ, entre otros. Actualmente es consultor de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF), abogado de comunidades mayas y profesor de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales que imparte la UNAM.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
