A pesar de esta suspensión y de los estándares en materia de protección al ambiente que se aplicaron, el título del artículo cobra sentido dado que el fundamento toral para otorgar la suspensión fue la falta de autorización de la MIA, la cual tras un breve periodo de análisis fue autorizada por la SEMARNAT de forma condicionada, razón por la cual el 01 de julio de 2022 se realizaría una audiencia para determinar si las obras del tren maya continuaban.

El criterio asumido por el Juez Federal, si bien evidenció que el inicio de la construcción del tramo 5 del tren fue inconstitucional, pues no existía MIA, careció de una visión integral que permitiera considerar todos los elementos planteados en la demanda inicial de amparo, como el tema de la posible inconstitucionalidad de la expropiación de los terrenos afectados por el trazo del tren, o la omisión de las autoridades ambientales de prevenir la deforestación de la selva maya causada por los inicios de los trabajos sin las adecuadas medidas de mitigación.      

Ésta ha sido la constante por parte del Juez Primero de Distrito y del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa, ambos del décimo cuarto circuito, órganos jurisdiccionales a quienes, mediante la circular SECNO/23/2021 del Consejo de la Judicatura Federal, se les asignó la acumulación de todos los expedientes derivados de los juicios de amparo presentados en Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, en contra del Tren Maya.  

Frente a los grandes retos que, para el medioambiente, los derechos de los pueblos originarios, el patrimonio biocultural o el derecho a la información, entre otros, representa un proyecto de la magnitud del Tren Maya, los órganos judiciales designados para resolver los amparos presentados, han aplicado criterios limitados que resultan insuficientes para garantizar y hacer efectivos los más altos estándares en materia de derechos humanos, en un contexto en donde más que nunca se requiere proteger el patrimonio biocultural frente a la grave crisis climática que se vive a nivel mundial.

A pesar de la vastedad y amplitud de los argumentos esgrimidos en los amparos presentados por colectivos indígenas, asociaciones ambientalistas y organizaciones de la sociedad civil, el análisis de los órganos jurisdiccionales designados ha carecido de integralidad y profundidad, omitiendo analizar los impactos sociales y ambientales que dicho proyecto está generando, bajo el argumento de la no acreditación del posible impacto ambiental o la falta de interés legítimo de las y los quejosos, siendo que a nivel internacional la tendencia es a proteger los bienes naturales por el simple hecho de la importancia de los servicios que prestan para el planeta.      

En esta historia, el papel del Poder Judicial Federal no ha sido suficiente para frenar la degradación ambiental y demás derechos humanos que los afectados demandan como vulnerados, dado que el juicio de amparo no ha demostrado ser un recurso efectivo.