Cuatro tópicos clave para entender la situación de vulnerabilidad de la niñez en Bolivia

12 de Abril de 2023
Cuatro tópicos clave para entender la situación de vulnerabilidad de la niñez en Bolivia
Crédito foto: Expansión

¿Qué retos siguen vigentes en Bolivia en relación con la protección de los derechos de la niñez y adolescencia? ¿Qué dijo el Comité de la ONU experto en la materia?

En febrero de este año, el Comité de los Derechos del Niño publicó un informe sobre el Estado boliviano.  Éste nos permite develar cuatro tópicos clave para encarar las problemáticas que afectan a la niñez. En particular, del Informe queda clara la existencia de un deficiente sistema de información sobre la real situación de la niñez en Bolivia; el flagelo constante de la violencia contra niños, niñas y adolescentes; la ineficaz atención y protección de derechos de la niñez indígena y de áreas rurales y, finalmente la falta de disposición de recursos suficientes destinados para la ejecución de políticas en el área.

En esa línea, sin duda, la recopilación de información estadística real sobre la niñez sigue siendo una labor pendiente. De hecho, el Comité expresa su preocupación por la limitada información actualmente disponible y la falta de un sistema coordinado e integrado de estadísticas, con datos, indicadores e información completos y desagregados. Sobre el particular, el Estado debe advertir que las políticas públicas requieren implementarse con fundamento en datos reales, de lo contrario nos aventuramos a proyectar planes, metas o soluciones sin certezas sobre los verdaderos problemas que enfrenta la niñez boliviana.

Sobre la violencia, que lamentablemente es una temática de varias aristas, el Comité ha establecido que el Estado debe adoptar medidas adicionales para hacer frente a las altas tasas de infanticidio, así como a la mortalidad infantil y de lactantes especialmente en las zonas rurales. Se devela la alta y creciente prevalencia de diferentes formas de violencia contra las niñas y su manifestación en infanticidios y violencia sexual (violaciones infantiles, embarazos infantiles forzados y maternidades forzadas y explotación sexual de niños en la prostitución, incluso en regiones mineras). Adicional a ello, el Comité destaca la existencia de problemas de acceso a la justicia, demoras en los procesos y la impunidad que enfrenta la niñez víctima de violencia sexual. Al respecto, resulta imperante diseñar políticas de prevención y sistemas de acceso a la justicia cuya tutela opere de manera no sólo rápida sino también eficiente.

La Constitución boliviana se ha cimentado en la plurinacionalidad, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígena originarios campesinos y el respeto por sus usos y costumbres en tanto estos no transgredan derechos humanos. En esta coyuntura, el Estado sigue siendo responsable de velar por la garantía y aplicación plena de derechos. A pesar de lo anterior, el Comité  alertó, entre otros puntos, sobre la problemática de los matrimonios  infantiles en comunidades indígenas y mineras, así como en áreas rurales. 

Asimismo, estableció que la discriminación no deja de ser un problema latente en relación a la niñez indígena, destacándose la falta de acceso a servicios de salud de calidad culturalmente sensibles y en idioma nativo y la necesidad de formación sobre derechos sexuales y reproductivos para evitar embarazos precoces y no deseados.  En el marco del desarrollo integral de la niñez, sigue representando retos el suministro de agua potable adecuada debidamente tratada y segura, el mejoramiento de los servicios de saneamiento e higiene en las comunidades rurales aisladas, la temática de la educación y protección social sin discriminación, que el principio de interculturalidad se traduzca en la práctica, la problemática de la explotación económica y el trabajo infantil, con especial énfasis en la niñez indígena boliviana.

Finalmente, se reconoc que en los últimos años se han realizado interesantes esfuerzos orientados a cambiar la situación de la niñez, por ejemplo: la modificación del Código Penal del 2010 en virtud de la cual se agravaron las sanciones en delitos contra niñas y niños y la aprobación del Código Niña, Niño y Adolescente –quizá una de las normas de mayor avance en materia de derechos de la niñez, con excepción de la regulación en materia de trabajo infantil que, afortunadamente fue subsanado por el Tribunal Constitucional–. El factor que sigue siendo un notable obstáculo en la efectivización de los derechos del sector tiene que ver con la concreción de la normativa en la realidad. Sobre el particular, probablemente una de las razones para esta deficiente aplicación de la norma deriva de la insuficiente asignación de recursos, lo cual hace inviable el cumplimiento de metas y planes en el área. 

Al respecto, el Comité en su informe estableció, por ejemplo, la necesidad de dotación de atribuciones, recursos humanos, técnicos y económicos para el funcionamiento efectivo del Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial en materia de Niñez y Adolescencia. A su vez, destacó la importancia de la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para los centros de cuidado alternativo y los servicios de protección de la infancia, a fin de proporcionar educación, habilidades y oportunidades para una vida independiente de los niños que abandonan el cuidado alternativo.

Sobre esto, en Bolivia, sensiblemente se pierde de vista, que las problemáticas de orden social no pueden ser resueltas “únicamente” a partir de la aprobación de leyes que desarrollan normas de altas aspiraciones de orden social.  Las peores normas son aquellas que no se cumplen y las peores medidas que asumen los Estados, son aquellas que se quedan rezagadas en la norma sin materializarse en la realidad. 

La niñez es parte fundamental en la sociedad boliviana, su postergación y la vulneración de sus derechos representa un flagelo que afecta el orden constitucional, por lo que se configura en una problemática de orden público que debe ser preocupación de todos. Es deber del Estado y la sociedad abordar estos tópicos con respuestas inmediatas y efectivas. Sólo así, construiremos un verdadero estado democrático fundado en la prevalencia y respeto por la dignidad humana y los derechos.

Citación académica sugerida: Miranda, Natalia. Cuatro tópicos clave para entender la situación de vulnerabilidad de la niñez en Bolivia. Agenda Estado de Derecho. 2023/04/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/vulnerabilidad-de-la-ninez-en-bolivia/

Palabras clave: Bolivia, Niñez, Comité de los derechos del niño

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ACERCA DE LA AUTORA
Natalia Miranda Parra

Abogada, magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, docente titular de la Facultad de Derecho y Cs. Políticas de la UMSA.

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Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.