Crisis de derechos humanos ¿Un escenario esperado?
13 de Mayo de 2025
A casi una década del Acuerdo Final en Colombia, persisten altos niveles de violencia ¿Qué revela el último informe de la ONU sobre la implementación del acuerdo?
Han pasado casi nueve años desde que el Gobierno Nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, en 2016, con el propósito de poner fin a un conflicto de más de 50 años. A diferencia de lo que se cree, en el marco del post acuerdo, los niveles de violencia se prolongan y/o incrementan. Esto sucedió en Colombia y por esto, es importante analizarlo con base en el Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de 2025.
No hay duda de que la firma de un acuerdo de paz genera expectativas en la sociedad civil, especialmente en uno de los países con el conflicto armado más prolongado del mundo. Por lo tanto, múltiples instituciones han hecho un seguimiento al contexto de violencia en Colombia y una de ellas ha sido el ACNUDH, entidad que desde 1997 realiza un monitoreo detallado al respecto. En febrero de 2025 publicó el Informe Anual sobre la situación de derechos humanos en el país durante el 2024.
En este, se abordan cuatro puntos de análisis. Primero, el incremento de la violencia debido al control territorial y social por parte de Grupos Armados Organizados (GAO). Esto implica hechos victimizantes como el desplazamiento forzado, el confinamiento, homicidios en contra de líderes sociales, entre otros. Además, resaltan las afectaciones perpetradas por la Fuerza Pública. Segundo, los desafíos de la política de Paz Total en términos de articulación gubernamental y alcance territorial. Esta política ha sido promovida por el gobierno del presidente Gustavo Petro y busca desde 2022 darle fin al conflicto armado en el país por medio de mesas de negociación y/o estrategias de sometimiento a la justicia con más de 8 GAO’s y Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) al tiempo.
Tercero, el estado del Acuerdo Final, a través de la actualización del Plan Marco, instrumento de planeación que establece la hoja de ruta de implementación y estrategias como el nuevo enfoque al problema de las drogas y las medidas adoptadas para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Además, señala obstáculos como la falta de articulación entre los Ministerios y las dificultades en la asignación del presupuesto para instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por último, el informe incluye recomendaciones.
Persiste la preocupación por la vulneración de derechos fundamentales, de las personas y comunidades afectadas por el conflicto armado como el derecho a la vida, los derechos sexuales y reproductivos, así como los derechos económicos y sociales, entre otros. Al respecto coincide la Defensoría del Pueblo, alertando la crisis que se vive por la presencia y expansión de actores armados en el 71% de los municipios del país en los últimos 3 años. Entre ellos el ELN, el Clan del Golfo, el Estado Mayor Central y grupos delincuenciales.
También reportó que existen 10 focos de emergencia humanitaria sólo en el 2025, además de la crisis del Catatumbo que provocó el desplazamiento forzado de más de 52.000 personas. Lo anterior, entre otras razones por la disputa territorial entre actores armados que genera el incremento, no sólo allí sino en otros territorios, de despojo de tierras, confinamiento, amenazas, anuncio de paros armados, instalación de minas antipersona y hasta extorsiones, delito de mayor comisión en los últimos años. El panorama es desalentador y, por eso, persisten inquietudes sobre las causas del incremento de la violencia.
El diseño del Acuerdo de Paz de 2016 incluyó cinco puntos generales con compromisos como: la Reforma Rural Integral (RRI), el fortalecimiento de la participación política, fin del conflicto con la entrega de armas, reincorporación de excombatientes y atención a los cultivos ilícitos. También contempla la creación del Sistema Integral para la Paz (SIP), con el propósito de garantizar verdad, justicia, reparación y no repetición por medio de mecanismos de seguimiento y verificación. Adicionalmente, incorpora enfoques territoriales y diferenciales para fortalecer el tejido social.
Aunque se reconocen avances, persisten compromisos incumplidos que requieren atención, como el acceso a la tierra y la implementación del capítulo étnico. Incluso ACNUDH insiste en la necesidad de fortalecer el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos y los planes sectoriales de la RRI (ejecución del 30%). Sumado a esto, persisten dificultades con la aplicación de los enfoques diferenciales, más aún cuando las víctimas del conflicto, como mujeres, campesinos, indígenas, niños, niñas y adolescentes, son también considerados sujetos de especial protección constitucional en Colombia y, en la mayoría de los casos, destinatarios de enfoques interseccionales.
También, es alarmante la dificultad del Estado en la adopción de medidas para garantizar el derecho a la no repetición en casos como el asesinato de 456 excombatientes en proceso de reincorporación y 1514 líderes sociales según el Mecanismo de Monitoreo de Riesgo del SIP. Esto radica principalmente en la incapacidad de desplegar una presencia institucional integral en zonas controladas previamente por las extintas FARC y, en su lugar, actores armados incursionaron y/o se disputaron estos territorios.
Sin embargo, el deterioro de las condiciones de seguridad no se le puede atribuir exclusivamente al Acuerdo Final. A pesar de que el Acto Legislativo 02 de 2017 lo convirtió en política pública, vinculante para las instituciones gubernamentales, con una vigencia de tres gobiernos, no ha sido una política de Estado sino de gobierno. Su implementación ha dependido del enfoque y la priorización del presidente de turno. Por ejemplo, esta no fue la principal apuesta del gobierno del expresidente Duque. Y el Acuerdo Final no ha sido la prioridad en la agenda de paz del presidente Petro, sino la política de Paz Total. Así pues, existen múltiples causas.
La política de Paz Total (Ley 2272 de 2022) propuesta por el presidente Petro se planteó como una estrategia ambiciosa para negociar simultáneamente con nueve actores armados ilegales. Su principal logro ha sido la reducción de la tasa de homicidios en el país por los acuerdos de cese al fuego especialmente entre grupos delincuenciales en Buenaventura y Chocó, pero presenta puntos críticos que omiten exigencias como el respeto irrestricto a los derechos humanos, tal cómo lo manifiesta Human Rights Watch. Esto se evidencia en hechos como el desplazamiento forzado, el confinamiento, el incumplimiento de ceses al fuego y los secuestros.
Entre los desafíos se destaca la ausencia de un marco jurídico de negociación claro que comprenda las caracterizaciones de los actores armados y permita el correcto entendimiento de su participación en las mesas de diálogo; la desarticulación entre la política de Paz Total y la política de seguridad y defensa que ha favorecido el fortalecimiento de actores armados ilegales. Así como, un enfoque territorial deficiente que no fortalece la presencia institucional en territorios históricamente afectados por el conflicto armado y se evidencia en la falta de protocolos de negociación y de seguimiento a los compromisos. Esto agudiza los riesgos que enfrenta la población civil, advertencia realizada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Años después de la firma del Acuerdo, es clara la dificultad en su implementación, lo que pone en evidencia que los gobiernos que sucedieron al del expresidente Santos desconocieron su naturaleza de política de Estado. Esto no solo contraviene su carácter vinculante, sino que continúa perpetuando graves violaciones de derechos humanos.
Lo más preocupante es que la crisis actual no se explica únicamente por el desconocimiento del Acuerdo de Paz. Las políticas de paz y seguridad adoptadas por el gobierno actual, no han alcanzado los resultados esperados y han profundizado el riesgo para las comunidades y territorios históricamente afectados por la violencia.
Citación académica sugerida: Niño, Tatiana y Gutiérrez María Juliana. Crisis de Derechos Humanos ¿Un escenario esperado?. Agenda Estado de Derecho. 25/05/13. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/crisis-de-derechos-humanos/
Palabras clave: Colombia, derechos humanos, acuerdo de paz
Recomendado: El regreso de la conmoción interior en Colombia
https://agendaestadodederecho.com/el-regreso-de-la-conmocion-interior-en-colombia/
¿Es importante profundizar sobre este tema?
Escribe tu artículo/respuesta sobre este tema y déjanos tu texto siguiendo las siguientes instrucciones
Abogada de la Universidad Externado de Colombia. Litigante, asesora y consultora en la firma Ubilex Centro de Negocios SAS. Investigadora en aspectos relacionados con derecho procesal penal, género y derechos humanos. Especialista en Defensa de los Derechos Humanos de la Universidad Santo Tomás.
Coordinadora de proyectos de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. Politóloga e internacionalista por la Universidad Javeriana de Bogotá. Magíster en construcción de paz con formación en el Centro William J. Perry de Estados Unidos y la Universidad de Linneaus de Suecia.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
