Las elecciones generales de 2022 en Brasil fueron atípicas en muchos sentidos. Por primera vez dos ex-mandatarios disputaron la reelección en el mayor colegio electoral de Latinoamérica. Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) han logrado más de 50 millones de votos cada uno en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, un hito sin precedentes en las primeras vueltas de elecciones presidenciales. Eso se explica porque gran parte de los votos se ha concentrado en los dos principales candidatos, seguido por Simone Tebet que logró un poco más de 4 millones de votos.
El número de electores en el país ha crecido más del 6%, en comparación a las elecciones del 2018. Contrariando las tendencias anteriores, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales tuvo aún menos abstenciones y el mayor número de votos válidos de la historia democrática del país.
La campaña de este año -así como las elecciones del 2018- estuvo marcada por un intenso uso de redes sociales para difundir desinformación sobre el proceso electoral y la fiabilidad de las urnas electrónicas, amenazas a las instituciones democráticas, intensa polarización y protestas por parte de la población que siguen sin aceptar lo resultado de las elecciones.
En este ambiente de extrema polarización y amenazas a las instituciones democráticas, el proyecto Populismo Digital en Brasil: las respuestas estatales y privadas analizó las reacciones estatales y las reacciones de la iniciativa privada en Brasil, para contener las consecuencias nefastas del populismo digital y sus fenómenos conexos, como la interferencia electoral, manipulación política y la desinformación.
Al mismo tiempo se observó un cambio en las estrategias del populismo digital, que utilizan las redes sociales de manera cada vez más profesional para influenciar en el electorado, levantar sospechas sobre los procesos electorales y difundir desinformación. También fue posible observar reacciones del sector privado y de los poderes estatales más contundentes para frenar el fenómeno.
Organizado en tres secciones distintas -reacciones de las empresas privadas; reacciones del poder judicial y reacciones legislativas- el proyecto populismo digital en Brasil permitió empezar a trazar un mapa de posibles soluciones, propuestas y buenas prácticas para un problema que es compartido por los países latinoamericanos -e incluso globalmente- y que necesitarán respuestas comunes. Por ello, apostamos que este mismo estudio se replique en otros países de la región.
El proyecto analizó las reacciones al populismo digital en Brasil a partir de tres ámbitos distintos – pero muchas veces complementarios-: del sector privado y de las empresas de tecnología, del Poder Judicial y del Poder Legislativo.
La necesidad de involucrar el sector privado se justifica debido a los avances nacionales e internacionales para que las empresas respondan por los impactos que sus actividades puedan ocasionar en los derechos humanos.
Desde la perspectiva de la autorregulación de las empresas de tecnología, fue posible observar una creciente preocupación de las empresas en responder a las críticas dirigidas a su modelo de negocio y la manera cómo responden al uso de sus estructuras para poner el peligro la democracia y el Estado de Derecho.
Redes sociales, motores de búsqueda y servicios de mensajería se han comprometido públicamente, por un lado, en mejorar sus procesos de moderación de contenido, y, por otro lado, brindar más transparencia con relación a la publicidad y anuncios políticos.
No todas las medidas fueron necesariamente desarrolladas para el contexto particular de Brasil, pero todas las plataformas analizadas hicieron acuerdos específicos con órganos estatales del país para frenar y combatir la desinformación electoral y mejorar la calidad de la información pública disponible.
Una de las preocupaciones centrales ha sido el combate a los disparos masivos de mensajes con contenido desinformativo por servicios de mensajería como WhatsApp, práctica que marcó las elecciones presidenciales del 2018 y desencadenó duras críticas a las empresas de tecnología. La práctica de disparos masivos de mensajes fue finalmente prohibida en la legislación electoral de Brasil, tras una recomendación hecha por WhatsApp al Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE).
Una vez finalizadas las elecciones recientes, aunque casi la totalidad de las grandes plataformas digitales hicieron compromisos públicos por mejorar la calidad de la información que circulaba en la red, es posible concluir que no todas las medidas han sido eficaces. Especialmente las medidas relacionadas a la desinformación fueron duramente criticadas por los poderes estatales y la sociedad civil.
El propio presidente del TSE, el magistrado Alexandre de Moraes, afirmó en una reunión con representantes de las redes sociales once días antes del fin de la disputa electoral, que aunque las acciones de las plataformas digitales en la primera vuelta fueran razonables, el combate a la desinformación en la segunda vuelta de las elecciones ha sido “un desastre”. Moraes señaló la demora entre la decisión de retirar contenidos con desinformación por parte del Tribunal Electoral y el cumplimiento de la decisión por las empresas de tecnología.
Aunque las relatorías completas de las acciones de las empresas todavía no están disponibles y muchas investigaciones aún están siendo realizadas sobre la eficacia de la autorregulación de las empresas de tecnología, podemos destacar los siguientes hallazgos:
Desde la perspectiva de las respuestas estatales el poder judicial de Brasil ha sido el gran protagonista en la lucha contra el populismo digital, al mismo tiempo que ha sido la gran víctima de las campañas de desinformación y de ataques hacía su legitimidad. La principal expresión de la reacción judicial fue la “investigación de las fake news“, conducida en el Supremo Tribunal Federal por el magistrado Alexandre de Moraes (que ocupa al mismo tiempo la presidencia del TSE).
El procedimiento para investigar a los grupos que propagan la desinformación y coordinan ataques a los miembros del STF en redes sociales lleva tres años en este mismo Tribunal. La actuación del STF y del propio magistrado Moraes no está exenta de críticas. Desde la legitimidad de iniciar la investigación hasta el tiempo inusual de duración del procedimiento, el STF parece vivir un momento en que necesita justificar a diario su legitimidad y su actuación.
De la misma manera, otra investigación importante -investigación de las milicias digitales- sigue haciendo ruido después de la terminación de la contienda presidencial. El poder judicial, desde la actuación del STF o del TSE, sigue ordenando bloqueos de cuentas en WhatsApp e Instagram.
Entre las decisiones más recientes estuvo el bloqueo de las cuentas de la diputada Carla Zambelli, de los diputados federales electos Nikolas Ferreira y Gustavo Gayer, además del economista Marcos Cintra (União Brasil-SP) quien fue secretario en el gobierno de Jair Bolsonaro (PL). Especialmente la decisión de bloquear la cuenta de en Twitter de Marcos Cintra, en el marco de la investigación de las milícias digitales, ha recibido críticas de la comunidad jurídica por la ausencia de fundamentación que justifique la ligación de Cintra con el grupo investigado.
El TSE igual ha tenido una fuerte trayectoria, especialmente en relación con el combate a la desinformación y manipulación electoral. El TSE es un órgano que concentra fuertes poderes asignados por la Constitución política de Brasil. Además de la administración de todo el proceso electoral, el órgano desempeña la función jurisdiccional -competencia de investigar delitos electorales, supervisar la propaganda electoral y la contestación del registro de los candidatos- y la función normativa del proceso electoral.
El proceso electoral de 2022 ha puesto a prueba la estructura misma del Tribunal y sus poderes super concentrados. El Tribunal ha sido al mismo tiempo víctima de desinformación electoral, fiscal del proceso electoral y legislador electoral. Además, su composición con tres magistrados del STF – que actúan tanto en la corte constitucional como en el tribunal electoral- ha generado desconfianza por parte del electorado que reprobó la actuación del Supremo Tribunal Federal, especialmente, en los casos involucrando al actual Presidente de la República.
La actuación más importante del Tribunal Superior Electoral ha sido el acuerdo firmado con las empresas de tecnología para que cumplan con su responsabilidad de proteger el proceso electoral y la democracia en los países donde actúan. Los acuerdos con las empresas fueron firmados en el marco del “Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral – PPED” institucionalizado el 2021.
Los acuerdos con las empresas de tecnología son útiles en algunos sentidos:
(i) trabajan desde una perspectiva de cooperación público-privada que es fundamental para avanzar en temas relacionados al espacio digital,
(ii) hacen un llamado hacía una mayor responsabilidad del sector privado cuando sus actividades impactan en derechos humanos e
(iii) incentivan la transparencia de las empresas en cuanto a las medidas tomadas para contextos específicos. Sin embargo, presentan límites importantes porque dependen en gran medida de la exclusiva colaboración de las empresas.
Insatisfecho con la actuación de las empresas, a 10 días de la segunda vuelta de las elecciones, el TSE aprobó una nueva resolución (23.714). Según la resolución, el TSE -cuando verificó la ocurrencia de publicaciones que difundan o compartan hechos que se saben que no son verdaderos a respecto de la integridad y fiabilidad electoral-, determinará la remoción del contenido y la aplicación de una multa a las redes sociales involucradas que no cumplan con la decisión de remoción del contenido en, máximo, dos horas. En los tres días previos a la elección, ese plazo de cumplimiento era de solo una hora.
La resolución por un lado destaca la actuación del Tribunal y la seriedad con que ha tratado el tema de la desinformación electoral, pero por otro lado expone la fragilidad y poca eficacia de las medidas que adelantaron para la protección del proceso electoral.
La desinformación es cada vez más profesional y cuenta con una estructura mucho más organizada. En las elecciones del 2022 se registró un aumento de la desinformación después de la primera vuelta en las aplicaciones de mensajería como Telegram y WhatsApp, y en la red social Twitter. Para comprender la potencialidad dañosa de estos datos, es necesario señalar la confianza de los brasileños en las noticias difundidas, por ejemplo, en WhatsApp:
Fuente: Reuters Institute/University of Oxford, p. 10.
Desde su perspectiva jurisdiccional, el TSE ha actuado firme en el tema de la desinformación. Según datos del Observatório da Desinformação nas Eleições de 2022 – CEPI/FGV de la Fundación Getulio Vargas hasta el 06 de noviembre del 2022 el TSE ha realizado 427 decisiones que involucran casos relacionados a desinformación.
En el 53% de las decisiones el TSE determinó la remoción de contenidos por contener desinformación. Sin embargo, el gran número de casos y la urgencia en la toma de decisiones ha puesto en evidencia la ausencia de fundamentación de estas decisiones.
De la totalidad de las decisiones que determinaron la remoción del contenido:
-En el 36% el magistrado que tomó la decisión no realizó ninguna investigación respeto de la veracidad de la información removida.
-En los demás, la verificación de desinformación fue realizada por el magistrado a través de:
Consulta de fuentes de noticias: 20 decisiones (11%)
Fuentes oficiales de investigación: 23 decisiones (13%)
Versión original del contenido: 53 decisiones (30%)
En el 47% de las decisiones analizadas el TSE no aceptó el pedido de remoción de contenidos por desinformación.
De la totalidad de las decisiones que mantuvieron el contenido:
– En el 54% el magistrado que tomó la decisión no realizó ninguna investigación a respeto de la veracidad de la información removida.
– En los demás, la verificación fue realizada por el magistrado a través de:
Consulta de fuentes de noticias: 19 decisiones (12%)
Fuentes oficiales de investigación: 9 decisiones (6%)
Versión original del contenido: 28 decisiones (18%)
Fuente: Observatório da Desinformação nas Eleições de 2022 – CEPI/FGV
De los tres ejes de la investigación, la reacción del Poder Legislativo fue la más tímida. Brasil no logró avanzar en una legislación uniforme para combatir la desinformación y el proyecto de ley en trámite en el Congreso tiene dificultades para alcanzar consensos mínimos.
La única innovación legislativa fue la Ley 14.192/2021. Aunque la temática general de la nueva legislación es la prohibición y penalización de la violencia política contra las mujeres, la Ley añadió un dispositivo al Código Electoral brasileño que criminaliza la divulgación intencional de informaciones que se sabe que no son verdaderas en la campaña electoral o en la propaganda electoral. La norma se aplica a todos los medios de comunicación incluyendo las redes sociales. Criminalizar la desinformación es una medida bastante discutible en términos de eficacia, y, especialmente en estas elecciones, no parece haber sido eficiente frente a las redes organizadas que existen en el país y en el mundo.
La experiencia de Brasil sin duda tiene mucho por aportar a una discusión que todavía va empezando a darse en América Latina. Los países latinoamericanos comparten los mismos desafíos y la agenda del populismo digital va a ser central en otros países de la región. Las buenas prácticas, las experiencias exitosas y los objetivos no alcanzados siempre son una valiosa fuente de aprendizaje, aún más en problemas novedosos y desafiadores como es el populismo digital. Lo que se espera al final es que la discusión planteada por el proyecto Populismo Digital en Brasil: las respuestas estatales y privadas sea un importante ejercicio para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en nuestra región.
Palabras clave: Populismo digital, Brasil, Populismo
Diagramación y gráficas: Gabriela Jerez
Citación académica sugerida: Walter de Santana, Anna Luisa & Archegas, João Gabriel. Populismo Digital en Brasil: principales conclusiones de una agenda todavía pendiente. Agenda Estado de Derecho, 2023/03/03. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/populismo-digital-en-brasil-principales-conclusiones-de-una-agenda-todavia-pendiente-parte-2/
Consultora especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil, con estancia doctoral en la Universidad de los Andes, Colombia. Magíster en Derecho del Estado por la Pontificia Universidad Católica de São Paulo. Miembro del Consejo Ejecutivo de la Academia Latinoamericana de Derechos Humanos y Empresas.
Estudiante de la graduación en derecho por la Pontificia Universidad Católica del Paraná, Brasil. Investigador en la Clínica de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Paraná, donde investiga las relaciones entre democracia, empresas y derechos humanos.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
