La normativa recibe su última actualización en septiembre de 2021, fortaleciéndose algunos elementos propios de la orientación hacia la protección de las personas, la transparencia y la rendición de cuentas. Entre tales elementos destacamos:

a. Señala, en primer lugar, que: “todas las personas tienen derecho a participar en reuniones lícitas, esto es, pacíficas y sin armas, de conformidad a las garantías que confiere la constitución, las leyes y los derechos consagrados en los principales instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos”.

b. Así también menciona que: “Carabineros, en sus misiones constitucionales de dar eficacia al derecho y garantizar el orden público, debe velar por que las personas ejerzan su derecho a reunirse de manera pacífica y sin armas, e intervenir sólo ante las acciones ilícitas […]”. Este punto es destacable, por cuanto se desarrolla la idea de Carabineros como ente garante del derecho a reunión. Se espera que, en próximas actualizaciones, se enfoque este punto de manera tal que determine el campo de acción y posición de garante del personal policial, con el fin de que no se preste a libre interpretación.

c. En cuanto a las comunicaciones que los funcionarios deben mantener con los manifestantes, se agrega que la actitud de Carabineros debe ser respetuosa de los planteamientos de los manifestantes y, en términos generales, de sus garantías y derechos constitucionales, cooperadora en la resolución de asuntos relativos al progreso de la manifestación. Y se señalan precisiones respecto a las competencias comunicacionales a tener en cuenta por parte de los funcionarios.

d. Se dispone tomar precauciones adicionales en el uso de la fuerza en caso de que existan indicios de tratarse de NNA, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas notoriamente con problemas de salud o discapacidad.

e. Se refuerza la idea de que la represión no debe ser indiscriminada, sino que selectiva y dirigida hacia los manifestantes infractores.

f. Se desarrolla el rol de los observadores de DDHH en manifestaciones, e igualmente se disponen lineamientos en cuanto al respeto de sus derechos, así como algunas facultades y funciones que estos poseen.

g. Se hace referencia al actuar protocolar ante situaciones que requieran asistencia médica.

h. Se realizan avances en cuanto a Informe y Auditoría: se estipula que, con posterioridad a las intervenciones ante acciones ilícitas, se deberá elaborar un informe respecto a la aplicación del protocolo. Con la periodicidad que determina la autoridad se efectuarán revisiones al cumplimiento del protocolo, las que quedarán a disposición de la autoridad Ministerial para su evaluación

Aun con estos avances, resta camino por recorrer hacia un uso de la fuerza responsable y una policía realmente garante del derecho a reunión y manifestación. Siguen por ejemplo sin desarrollarse protocolos particulares para colectivos necesitados de especial protección, tales como NNA, población en situación de discapacidad, disidencias sexuales, entre otros. Debe también detallarse la fiscalización por parte de organizaciones observadoras de derechos humanos, al igual que la mayor transparencia hacia la ciudadanía, con permanente evaluación de procedimientos y efectiva rendición de cuentas.