El pasado jueves 15 de abril en el Senado de la República se votó favorablemente el dictamen que contenía un paquete de reformas legislativas a la justicia federal. El paquete legislativo reglamentaba una reforma constitucional aprobada en marzo de este año. Acto seguido se dio paso al debate de las reservas expresadas por los senadores y senadoras. En primer lugar, tomó la palabra el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué (Partido Verde Ecologista de México) para introducir una reserva. Pero más que reserva se trataba de una propuesta para adicionar un artículo décimo tercero transitorio al proyecto de decreto.

El texto propuesto planteaba extender por dos años la designación de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de los seis consejeros de la Judicatura. 

El argumento del senador fue que era necesario dar continuidad a la implementación de la reforma, por lo que resulta conveniente prorrogar los mandatos en los términos de su propuesta. Así, la propuesta, considera el liderazgo de Zaldívar, en su papel de presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, como indispensable para llevar a buen fin la reforma. La adición fue votada favorablemente por la mayoría y pasó para su discusión a la Cámara de Diputados. La medida finalmente fue aprobada por esta última Cámara el 23 de abril en horas de la madrugada.

Al margen de los méritos de la argumentación expresada para sustentar la adición, el problema de fondo es que la Constitución establece que la duración del cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia es de 4 años y la duración de los consejeros de la Judicatura es de 5 años. En ambos casos se prohíbe la reelección (artículos 97 y 100). El efecto de la adición fue aumentar por única vez el mandato del actual presidente de la SCJN de 4 a 6 años y de 5 a 7 años el de las y los actuales consejeros de la Judicatura. El artículo 13 constitucional también prohíbe leyes privativas, es decir, aquellas que van dirigidas a un sujeto determinado, como es el caso del ministro Zaldívar en el artículo transitorio en comento. La maquinación se fraguó en la fase final del procedimiento legislativo dada su evidente irregularidad.

El análisis que haré a continuación se ocupa brevemente de tres cuestiones. En primer lugar, abordo el problema de la inconstitucionalidad del acto. En segundo lugar, me ocupo de la reacción del Poder Judicial Federal ante la noticia de la existencia del décimo tercer transitorio. En tercer lugar, analizo el impacto de la reforma sobre la independencia judicial.

El décimo tercer transitorio es abiertamente inconstitucional. Dar lugar a minucias o sutilezas sobre su posible constitucionalidad es entrar en un juego muy peligroso en donde la aparente tolerancia hacia la posición abre completamente el flanco de la regularidad constitucional. Por ello, hay que recordar a Popper y señalar que los intolerantes no merecen tolerancia. Quienes abusan de sus atribuciones y pretenden imponer cualquier cosa so pretexto de su respaldo popular son precisamente esos intolerantes. No hay liderazgo que valga romper con el orden republicano. 

Los excesos de quienes se escudan en la voluntad popular han dado amplias muestras de sus efectos destructivos en América Latina y el mundo (Hungría y Polonia, por mencionar dos ejemplos europeos). Lo que llama la atención aquí es el cauteloso cuestionamiento de las buenas conciencias al atropello constitucional. El golpe de estado parece ser monopolio exclusivo de los militares cuando se trata de condenas airadas. Mientras tanto, las groseras maniobras “democráticas” que rompen con el orden constitucional se aderezan con comentarios sarcásticos y son aceptadas en el mapa institucional. Todo sea por evadir la confrontación.

La reforma judicial ha sido señalada por el presidente de la SCJN como la reforma más trascendente al poder judicial en el último cuarto de siglo. La reforma incluye modificaciones al sistema de precedentes y, sobretodo, ajustes a la carrera judicial. En este aspecto, se dice que contribuirá a reducir el nepotismo al interior del Poder Judicial Federal. Al margen de los méritos o defectos de la reforma, ésta queda seriamente comprometida con el décimo tercer transitorio. 

Por lo general, se acepta que los jueces se mantengan al margen de lo que sucede a su alrededor con el propósito de salvaguardar su imparcialidad (Ver por ejemplo el principio 4.6 de los Principios de Bangalore sobre la conducta judicial). Y está bien. Pero esa imagen del juez monje aislado por completo de su sociedad tiene necesarios límites. Los jueces también tienen una posición de peso en la sociedad como intérpretes y aplicadores de la ley. Por ello, se dice que la función jurisdiccional y, muy especialmente la de los tribunales constitucionales, tiene un importante componente político. 

Cierto, los jueces no deben encabezar movimientos sociales, pero sí parece necesario que expresen cuándo las cosas han excedido los límites de lo tolerable. Las Cortes Interamericana y Europea de Derechos Humanos han empezado a explorar estos casos (López Lone vs Honduras, Urrutia vs Chile, Baka vs Hungría y Kudeshkina vs Rusia). La ampliación del mandato del presidente de la SCJN es un despropósito y también lo es la ambigüedad de su beneficiario directo. En otras ocasiones, el presidente Zaldívar no ha tenido problema con expresarse claramente sobre cuestiones que potencialmente pueden llegar a su conocimiento. El compromiso con la regularidad constitucional está por encima de la prudencia judicial. 

El presidente de la SCJN, beneficiario directo de la medida, tiene que excusarse de conocerla por la vía jurisdiccional ante una eventual impugnación. Por ello, desde el punto de vista jurisdiccional, nada le impide pronunciarse. No hacerlo implica consentir que la reforma es discutible jurídicamente. El efecto es desastroso no sólo en el caso de esta norma, sino en la señal que da al poder legislativo en el sentido de que cualquier cosa que aprueben, por inconstitucional que parezca, puede entrar al sistema y permanecerá vigente hasta que pueda ser derrotada por un medio de control constitucional. En ese escenario, el poder legislativo deja de tener incentivos para conformar su actuación al marco constitucional. Es decir, se erosiona la capacidad de auto regulación del legislador.

La adición del décimo tercer transitorio constituye una afectación directa a la independencia judicial. La regulación constitucional establece que los ministros y las ministras de la SCJN elegirán cada cuatro años a su presidente. Se trata de una atribución que la Constitución confiere directamente a los integrantes de la SCJN para que determinen quién es la persona que mejor puede cumplir con el deber de asumir el gobierno judicial durante cuatro años. El diseño puede tener problemas, pero estos no fueron resueltos por la reforma constitucional que precedió a la reforma legislativa en comento. Lo que no se modificó directamente en la Constitución no puede corregirse en una reforma legal.

El transitorio atenta directamente contra la capacidad de las ministras y ministros para decidir quién debe conducir a la SCJN y al Poder Judicial Federal. Para terminar de confirmar la afectación a la independencia judicial, el presidente de la República señaló que él estaba al tanto del artículo transitorio en cuestión y lo apoyaba por considerar que el presidente de la SCJN era el único capaz de llevar a buen puerto la reforma judicial. En nuevas declaraciones el presidente de la República habla de corrupción en caso de que los demás ministros no aprueben la medida. 

Desde el punto de vista comparado, la Comisión de Venecia y la Comisión Europea han fijado posición sobre la interferencia del poder legislativo en el poder judicial a propósito del caso de Polonia. En este caso se trata de modificaciones al periodo del mandato de los jueces constitucionales, interferencias en el gobierno judicial, régimen disciplinario y afectaciones de carácter procesal. Los efectos adversos de los cambios en aquél país ya son muy visibles. Los paralelismos con la situación actual del poder judicial federal en México no son lejanos y haríamos bien en ajustar nuestro marco constitucional y legal a las mejores prácticas. 

Hannah Arendt, al igual que Popper, nos previene de los excesos de los autoritarismos de la primera mitad del siglo XX. Al hacerlo, nos dejan una señal de esperanza. Los autoritarismos son muy poco sofisticados en cuanto a sus ideas y los operan personas mediocres. Su encanto está en las sobre simplificaciones, en los símbolos fáciles y en las pasiones que tratan de opacar a la realidad. Nunca en las razones. Pero, precisamente por ello, es indispensable hacerles frente con firmeza y sin ambigüedades. 

Venezuela, Hungría y Polonia llevan años en el juego del gato y el ratón con el Estado de derecho. Entrar en esa dinámica no parece difícil. Se trata de un proceso de erosión paulatino. Si bien, a primera vista, los actos autoritarios no parecen dramáticamente graves, la intensidad va en aumento. Pero lo más peligroso es cuando se les ve en su conjunto. Este análisis retrospectivo puede ser devastador. Y lo que más llamará la atención es lo rápido con lo que todo ocurrió. Después de todo, destruir es mucho más fácil que construir. No cedamos el espacio.