Nada de esto exige inventar una potestad nueva. Las piezas ya están en el sistema interamericano, solo que dispersas. Cabe una objeción: los órganos del Sistema conocen sobre todo peticiones y casos, y para ello suele exigirse una víctima y un acto de aplicación. Pero esas piezas ya permiten examinar la norma antes del primer caso.

La más cercana es el desacato. En su Declaración de Principios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostiene que castigar la ofensa a la autoridad es incompatible con la libertad de expresión. La objeción apunta a la categoría, no a su uso. La Corte IDH no ha llegado tan lejos. En Palamara Iribarne, por ejemplo, se pronunció frente a ese delito por su aplicación, no por su sola existencia. La Comisión lo objeta porque en democracia el funcionario debe tolerar más crítica que un particular, no menos: le basta con que la ley exista. En Palamara el delito era el desacato militar, aplicado a un oficial que publicó un libro crítico. Ahí está el desfase: lo que la Comisión condena es la ley misma, la Corte espera a verlo aplicado. Cerrar ese desfase es lo que propone esta tesis.

La idea de que una norma puede violar derechos por su sola existencia ya existe, aunque fuera del artículo 13: está en la OC-14/94 y en la doctrina sobre leyes de autoamnistía. Dentro del artículo 13, el caso más claro es la censura previa de Olmedo Bustos, donde el remedio alcanzó al propio ordenamiento jurídico. La OC-14/94 sostiene que una ley de aplicación inmediata compromete la responsabilidad del Estado desde que se promulga, aun antes de aplicarse a alguien, y el artículo 64 permite revisar una ley sin que exista un caso. A ello se suman la víctima potencial y el monitoreo de la Comisión y sus relatorías.

Los precedentes sobre autoamnistías se invocan aquí por su razonamiento, no por su vía procesal: la Corte llegó a ellas en casos con víctimas, pero lo que declaró en Barrios Altos es que esas leyes carecen de efectos jurídicos por su incompatibilidad manifiesta con la Convención, un vicio que no nace del caso sino de la promulgación. Lo mismo vale para Olmedo: hubo aplicación, un comité de censura impidió exhibir la película, pero ese comité actuaba amparado por una norma que llegaba hasta la Constitución; por eso el remedio fue reformar el ordenamiento, no solo reparar a las víctimas. Ese paso por el caso, entonces, no es imprescindible cuando la norma redefine, por su solo texto, lo que puede decirse. No hay contradicción con lo dicho sobre el desacato: lo que la Corte ya hizo con las autoamnistías, fuera del artículo 13, es lo que aún no hace con las leyes que restringen la expresión. Esa asimetría es, precisamente, el espacio que esta tesis ocupa. La tesis, por lo demás, no pide que la Corte anule leyes en abstracto dentro de un caso contencioso: pide usar las vías que ya existen, la consultiva y el monitoreo, para mirar la norma directamente, y las figuras que la propia vía contenciosa admite cuando la ley lesiona desde su vigencia.

El informe de 2026 de la Relatoría Especial sobre discursos de odio es contundente en esto. El discurso de odio no es, por sí solo, una fuente de restricción. Solo la incitación a la violencia que describe el artículo 13.5 queda fuera de protección, y el derecho penal debe ser el último recurso. Esa es la línea que una ley contra el odio cruza cuando termina castigando la simple crítica. Conviene ver cómo ocurre en la práctica. Casi ninguna ley dice que criticar sea delito: define “odio” o “desinformación” de forma tan amplia que la crítica queda dentro. La Ley contra el Odio de Venezuela castiga promover el odio sin explicar qué significa, e incluye la intolerancia política. El límite lo traza el legislador al escribir la categoría, no el juez al aplicarla. Por eso basta leer la ley para saber si la crítica cabe dentro.