Ese desplazamiento no resuelve el interrogante de fondo: ¿hasta qué punto puede garantizarse la imparcialidad objetiva cuando quien debe decidir definitivamente sobre la responsabilidad penal ya intervino en el mismo proceso y tuvo que valorar elementos vinculados con la participación del imputado? Y más aún, ¿cómo puede garantizarse la imparcialidad objetiva en sistemas donde las facultades del juez se confunden con las que les corresponde al órgano investigador/acusador?

La respuesta de la Corte continúa siendo casuística. Hay que determinar cuánto puede valorar un juez antes de que esa valoración se transforme en prejuzgamiento. El problema deja de depender de la sola intervención anterior y pasa a concentrarse en el contenido y la intensidad de lo que el magistrado dijo o razonó en aquella oportunidad.

Esa solución presenta una dificultad. La imparcialidad objetiva no procura solamente determinar si un juez efectivamente anticipó su decisión, sino también preservar la confianza que las partes y la sociedad pueden razonablemente depositar en quien debe juzgar. Desde esa perspectiva, el problema no desaparece necesariamente porque la valoración anterior haya sido jurídicamente exigida o formulada con un lenguaje prudente.

Un juez que debe resolver una prisión preventiva puede estar obligado a examinar el hecho, la evidencia reunida y el grado probable de participación del imputado. Esa valoración no equivale a una declaración de culpabilidad, pero tampoco constituye una aproximación neutral al caso.

Si ese mismo magistrado debe después decidir sobre la responsabilidad penal, cabe preguntarse si puede exigirse al justiciable que distinga entre aquella convicción provisional y la valoración definitiva que conducirá a condenarlo o absolverlo. Allí conserva toda su fuerza la advertencia de la disidencia de Scot Cochran acerca de lo “extremadamente sutil” de esa diferencia.

Esta objeción también aparece en el voto parcialmente disidente de la jueza Nancy Hernández López en el caso López de Belva. Aunque coincide en que se vulneró la imparcialidad objetiva, discrepa con la mayoría sobre la fuente de esa violación: a su entender, no radicaba principalmente en las palabras utilizadas en el auto de procesamiento, sino en un diseño procesal que obligaba al mismo juez a investigar, exteriorizar juicios provisionales sobre el hecho y la participación de los imputados y, finalmente, decidir su culpabilidad.

Su voto no afirma –como lo hacemos nosotros- que toda intervención sucesiva sea incompatible con la Convención, sino que exige atender a la naturaleza e intensidad de las funciones ejercidas. Pero, ante esa combinación concreta, Hernández López sostiene que el defecto era normativo y que correspondía declarar la violación del artículo 8.1 también en relación con el artículo 2 de la Convención.

La dificultad para avanzar hacia una regla más estricta de separación funcional tampoco puede atribuirse exclusivamente a la Corte. La propia Comisión Interamericana partió, a nuestro juicio, de una premisa discutible: sostuvo en su Informe de Fondo que la intervención sucesiva de una misma autoridad en la instrucción y el juzgamiento no es en sí misma incompatible con la garantía, siempre que el magistrado actúe con especial cuidado para no adelantar opinión ni generar un temor fundado de parcialidad.

Esa posición supone un retroceso respecto del criterio sostenido anteriormente por la Comisión en Rodríguez Revolorio y otros Vs. Guatemala, donde el problema aparecía asociado, en términos más estructurales, al ejercicio sucesivo de funciones de control y juzgamiento. En Scot Cochran y ahora en López de Belva, en cambio, el eje se desplaza desde la acumulación funcional hacia la manera concreta en que el juez ejerció esas funciones.

El nuevo fallo se acerca así a la preocupación que planteaban Piersack y De Cubber del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque todavía no adopta la solución estructural que de esos precedentes podría derivarse: separar a quien tuvo una intervención sustancial durante la investigación de quien posteriormente deberá decidir sobre la responsabilidad penal.

Es cierto que la Convención Americana no impone a los Estados un modelo único de proceso penal. Pero de esa afirmación no se sigue que el diseño procesal sea convencionalmente indiferente. Hay estructuras que, por la forma en que distribuyen las funciones de investigar, controlar y juzgar, incrementan objetivamente el riesgo de afectación de la imparcialidad.

Eso se advierte con particular claridad en sistemas inquisitivos o mixtos como el que regía entonces en la Provincia de Buenos Aires, donde una misma autoridad podía conducir la investigación, adoptar decisiones que exigían valorar la posible intervención del imputado y, finalmente, pronunciarse sobre su responsabilidad. Una estructura de esa naturaleza difícilmente ofrece las garantías objetivas necesarias para desterrar toda duda razonable acerca de la imparcialidad de quien juzga.

Desde esta perspectiva, la separación funcional entre investigación y juzgamiento no es solamente una opción de política procesal: constituye una garantía institucional especialmente idónea para preservar la imparcialidad objetiva. Cuando el diseño permite que quien realizó valoraciones sustanciales durante la investigación sea después quien decida la culpabilidad, no parece suficiente remitir la protección de esa garantía a un examen posterior acerca de si el juez valoró “de más” o “de menos”.

Ese estándar dificulta una regla uniforme y obliga al imputado a transitar el proceso bajo una incertidumbre que podía evitarse desde el propio diseño institucional.