El pasado mes de febrero concluyó un nuevo juicio en Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico – militar (1976-1983). En esta oportunidad resultaron condenados 8 personas entre ex militares y civiles por su participación en más de 800 casos de privaciones ilegales de la libertad, torturas, homicidios y agresiones sexuales cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la ciudad de Buenos Aires. Dada la magnitud de los crímenes cometidos en este centro clandestino (el más importante que funcionó en el país), las causas se van desdoblando y organizando por partes para facilitar su abordaje, la selección de casos y la atribución de responsabilidad de los distintos autores.

Este fue el cuarto proceso en relación a las graves violaciones a derechos humanos cometidos en la ESMA. El juicio a su vez adquirió notoriedad pues en él se dirimió la responsabilidad de los acusados en la sustracción de niños y niñas nacidos en cautiverio. Muchos de esos niños/as han recobrado su identidad fruto de la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo (institución histórica y modelo en Argentina en la búsqueda de justicia y recuperación de la identidad de nietos nacidos en cautiverio). Lucha que se mantiene siempre vigente en la esperanza de encontrar las identidades que faltan.

Si bien los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer en el mes de abril, de la lectura del veredicto puede concluirse que el Tribunal consideró que los hechos configuraron delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, son imprescriptibles. Esta tipificación que resulta una constante en la gran mayoría de las causas tramitadas en el país, recepta los principios fundamentales proporcionados por el Derecho Penal Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Queda claro entonces, una vez más, que el paso del tiempo no puede ser un obstáculo que impida el juzgamiento de tan graves crímenes. Como un aspecto  diferenciador respecto a lo decidido en otras causas (por ejemplo en la causa Etchecolatz), en este nuevo juicio concluido, el Tribunal rechazó el pedido de una de las querellas de considerarlos como genocidio.

Esta nueva sentencia reafirma el compromiso del Estado Argentino de avanzar en los juicios por delitos de lesa humanidad. Como recordamos, el histórico juicio a las Juntas militares celebrado en 1985 significó la clara decisión política de que el regreso a la democracia no solo debía implicar reinstalar en el país el Estado de derecho y la vigencia de las instituciones republicanas, sino que era indispensable reiniciar ese camino a partir del juzgamiento de quienes habían ordenado instalar el terror desde el aparato estatal. Sin embargo, las presiones de los sectores militares todavía activos, generaron un serio y peligroso retroceso en esta búsqueda de justicia a partir de la sanción por parte del Congreso Nacional de la ley de punto final (que ponía un límite temporal al juzgamiento de los hechos) y de la ley de obediencia debida (por la cual solo se podía responsabilizar a los altos cargos militares).

Años más tarde, en 1989, el entonces presidente Menem indultaba a los condenados en el Juicio a las Juntas y demás procesos culminados hasta ese momento. Se abrió así durante varios años una etapa de impunidad, con obstáculos legales que impidieron durante más de una década avanzar con los juicios. Sin dudas resultaba imperioso encontrar las vías pertinentes para destrabar la injusticia y la ilegalidad. En este sentido, fue clave y determinante, por un lado, la persistencia en el reclamo y la lucha de los organismos de derechos humanos y de vastos sectores de la sociedad civil, por otro lado, el aporte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

A partir del año 2003 y en una serie de fallos dictados por una renovada Corte Suprema Nacional, Argentina entendió que la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos era un mandato obligatorio derivado del Pacto San José de Costa Rica y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fue así que, apoyándose en las interpretaciones del Tribunal regional, la Corte Argentina declaró la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, como así también la inconstitucionalidad de las citadas leyes de impunidad y los indultos.

En el caso Barrios Altos vs. Perú la Corte Interamericana determinó con absoluta claridad que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”. Como puede apreciarse, ya no hay dudas que dichos crímenes no pueden ampararse en el paso del tiempo, que no se pueden obedecerse órdenes que atenten contra la dignidad del ser humano y que hay crímenes tan aberrantes que no pueden amnistiarse o indultarse por el Estado porque repugnan a la comunidad internacional en su conjunto.

Con estos fallos, se abrió un nuevo tiempo en el país en el que la lucha quedó resumida en tres palabras de un enorme significado: Memoria, Verdad y Justicia. Palabras que se reactualizan y adquieren renovadas fuerzas frente a cada nueva sentencia.

Memoria, porque ella representa el compromiso colectivo de no olvidar las atrocidades cometidas asumiendo la obligación de no repetir en el futuro tales atrocidades. Verdad, porque a partir de ella puede alimentarse la esperanza de que todo sea conocido luego de tanta oscuridad y clandestinidad. Porque existe un derecho a la verdad individual y colectivo, que debe ser garantizado por el Estado. Así lo estableció la Corte Interamericana cuando sostuvo (nuevamente en el caso Barrios Altos) que “el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”. Finalmente, la obligación de Memoria y Verdad, debe necesariamente completarse con Justicia, porque es el camino indiscutido que ofrece el Estado de derecho no solo para la sanción de los responsables, sino fundamentalmente como vía de reparación para las víctimas y sus familias.

A 45 años de aquel 24 de marzo de 1976, último golpe Cívico-militar en Argentina, y ante una nueva conmemoración del Día nacional de la memoria, por la Verdad y la Justicia y del Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y para la Dignidad de las Víctimas, vale la pena volver a poner en valor esas tres palabras que no pueden comprenderse aisladamente. Pues hemos entendido que la memoria y la verdad se consolidan con la llegada de la justicia y el triunfo sobre la impunidad. Los Juicios son la experiencia más concreta que “nunca más” puede volver ese pasado de silencios, complicidades y atentados contra la dignidad humana. Frente a eso oponemos el convencimiento que la verdad y la justicia son garantías de no repetición.

Conviene remarcar a su vez, que, desde la segunda mitad del siglo XX, la comunidad internacional logró generar los consensos necesarios para establecer que hay límites a las acciones de los Estados. Que no todo está permitido. Y que ese límite está dado por el respeto a la dignidad fundamental de todo ser humano. De allí el surgimiento de un “ius cogens” inquebrantable, un orden público internacional que no puede ser desconocido por ningún Estado. La imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, la obligación de su juzgamiento y la imposibilidad de aplicar amnistías o indultos a sus responsables, marcan ejemplos contundentes de que hay cuestiones que ya dejaron de ser de los “Estados” para ser defendidas en adelante por la comunidad internacional. Los crímenes de lesa humanidad, como el genocidio y los crímenes de guerra entre otros, son crímenes internacionales, de allí que ningún Estado puede arrogarse la potestad de dejarlos prescribir por el paso del tiempo.

Seguramente con el correr de los meses y los años llegarán nuevas sentencias. Es la deuda y el compromiso que debe mantenerse siempre vigente, en honor de las víctimas y sus familias, por las víctimas sobrevivientes y por todo el pueblo argentino, para seguir manteniendo viva la memoria, lejos el olvido, bien alta la verdad de los hechos, acompañado de la búsqueda inquebrantable de justicia.