Regularización migratoria: clave en la protección de los derechos humanos

18 de Julio de 2023
Regularización migratoria: clave en la protección de los derechos humanos
Foto. Infobae.

El Relator Especial de la ONU escribe en análisis especial para Agenda Estado de Derecho sobre los principales hallazgos del informe sobre la regularización migratoria.

Introducción

La regularización migratoria es un mecanismo clave para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes, ya que si bien quienes migran suelen hallarse en condiciones de vulnerabilidad, esto resulta mucho más frecuente y con alcances más graves en el caso de quienes se encuentran en situación migratoria irregular. De allí que mi reciente informe como Relator Especial sobre derechos humanos de Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos de dicha organización, presentado en junio de 2023, se haya enfocado precisamente en este tema.

El elevamiento de barreras para la migración regular en los últimos años y en los distintos continentes, se ha traducido en que actualmente una gran cantidad de personas obtén migrar por vías irregulares. Las crecientes restricciones al derecho a buscar asilo conducen también a que muchas personas que, conforme al Derecho internacional debieran haber obtenido asilo, permanezcan como migrantes irregulares.

Muchas de estas personas migrantes se mantienen por largos períodos, e incluso indefinidamente, en situación irregular, ya que la mayoría de los Estados en la actualidad se resisten a emprender procesos de regularización masivos de carácter permanente, con el alegado —pero a menudo infructuoso— propósito de disuadir la movilidad humana. Durante la pandemia, un número importante de Estados otorgó permisos de residencia temporal a migrantes irregulares o extendió los permisos temporales hasta que la crisis sanitaria concluyera. Sin embargo, los procesos de regularización permanentes fueron mínimos.

La importancia de la regularización migratoria

El estatus migratorio irregular, de manera general, tiene la grave consecuencia de que en la percepción de la comunidad local se asocia a la población migrante con la delincuencia. Ya sea porque se sancione penalmente el ingreso irregular al territorio del Estado, sea que haga un uso extensivo de la detención migratoria, que se practiquen de manera masiva deportaciones o que las personas migrantes en situación irregular tengan que vivir en la marginalidad por temor a ser detenidas o deportadas, el resultado es el mismo: se produce una criminalización de quienes se hayan en situación irregular. Esto, a su turno, conduce con frecuencia a la expansión de discursos y actitudes xenófobas.

Si bien la regularización migratoria no evita necesariamente la criminalización, desde luego que la disminuye, en especial al facilitar la integración de la población migrante en la sociedad del país de destino.

Además, los procesos de regularización migratoria son muy importantes en relación con el acceso a los servicios públicos, tales como salud, educación, acceso a la justicia y otros. En muchos países existe un trato diferenciado para las personas migrantes, según se encuentren en situación migratoria regular o irregular. Generalmente, en el caso de las personas con estatus regular, su derecho de acceder a los servicios públicos se halla garantizado en términos similares a la población local. En cambio, quienes se encuentran en situación irregular, usualmente tienen un acceso solo parcial a los servicios públicos (por ejemplo, en muchos países solo pueden acceder a la atención médica de urgencia), lo tienen solamente de hecho y sin garantía legal, o no lo tienen en absoluto.

A lo anterior hay que agregar que las personas con estatus migratorio irregular, a menudo, evitan recurrir a los servicios públicos por temor a ser detenidas o deportadas. Esto puede implicar, por ejemplo, que no denuncien los delitos de los que sean víctimas —a veces muy graves, como la trata de personas u otros—, facilitando la impunidad. O bien, puede tener la consecuencia de que una mujer embarazada no acuda a realizarse controles médicos, incluso cuando sepa que el hospital se los realizaría, por el riesgo de ser detenida o deportada, lo cual puede conducir a que solo vaya al hospital cuando presente una situación de salud grave y a veces irreversible. Asimismo, puede suceder que quienes se encuentran en situación migratoria irregular no envíen a sus hijos o hijas a la escuela, por temor a las consecuencias que ello puede acarrear.

También es significativo el impacto del estatus migratorio en el ámbito laboral. Quienes se hallan en situación irregular, generalmente trabajarán en condiciones informales, con mucho mayores probabilidades de ser explotadas, usualmente sin acceso a la seguridad social y con limitadas posibilidades de llevar a delante reclamos laborales. Tampoco tendrán participación en los sindicatos.

Otro impacto significativo se refiere a la capacidad de las personas migrantes de organizarse en la defensa de sus derechos humanos y ejercer así su derecho a la libertad de asociación. Como señalara la Relatoría en otro informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para las personas en situación migratoria irregular suele resultar riesgoso participar en asociaciones de migrantes, mecanismo clave para la defensa de sus derechos. Esa participación puede exponerlas públicamente y aumentar el peligro de ser detenidas y deportadas.

El informe resalta cómo la contribución de las personas migrantes a las sociedades de destino se fortalece cuando poseen un estatus regular, en términos económicos, sociales y culturales, y constata que para muchos países que los reciben resultan decisivos para su desarrollo económico.

Conclusiones

Sobre la base del diagnóstico descrito, el informe formula una serie de recomendaciones a los Estados, entre las cuales cabe subrayar la de que “revisen y diseñen mecanismos de regularización y cualesquiera otros programas en curso, prestando particular atención a la aplicación de mecanismos de regularización permanente por una diversidad de motivos”.

El informe también enfatiza la necesidad de establecer procedimientos claros, eficientes y accesibles para la solicitud y renovación de la residencia, evitando así que las personas migrantes caigan en una situación de irregularidad debido a políticas administrativas de migración ineficientes.

Resulta crucial que las autoridades políticas de los Estados y las sociedades de los países de destino de personas migrantes tomen conciencia sobre la importancia que estas tienen para el progreso económico y social, y emprendan consecuentemente procesos de regularización permanente que incluyan al mayor espectro de personas posibles.

Citación académica sugerida: González Morales, Felipe. Regularización migratoria: Clave en la protección de los derechos humanos. Agenda Estado de Derecho. 2023/07/18. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/regularizacion-migratoria-clave-en-la-proteccion-de-los-derechos-humanos/

Palabras clave: Migración – Regularización migratoria – Derechos de las personas migrantes.

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ACERCA DEL AUTOR
Felipe González Morales

Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes hasta julio de 2023. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.