El segundo mensaje que deja la postura del Estado es que la voluntad y las decisiones de las mujeres no son confiables. Esta desconfianza está arraigada en estereotipos que señalan que las mujeres no tenemos criterio, pues somos manipulables y volubles. La Corte IDH ya ha reconocido que estos sesgos están especialmente presentes en la atención en salud reproductiva.

En la audiencia del caso de Beatriz, quedó claro que el Dr. Barahona no se ha preguntado qué significa el concepto de “voluntad” de sus pacientes (22 de marzo, hora 5:46:24), a pesar de que es exclusivamente en su cuerpo en donde ocurre la gestación. Los alegatos de la representación del Estado también parten de la desconfianza hacia las decisiones de las mujeres, como lo demuestran sus críticas hacia cómo, supuestamente, las mujeres podemos abortar por cualquier motivo bajo la causal salud mental.

El Estado, haciendo referencia al marco de derechos de personas con discapacidad, argumenta que la existencia de dicha causal propicia que se practiquen abortos discriminatorios, “al restringirse la posibilidad de cuestionar las razones por las cuales se realizará el procedimiento” (23 de marzo, min. 36:00). Así, para el Estado, las mujeres deben someter sus razones para abortar ante un juez o un médico, para que este tercero evalúe la validez de sus motivos íntimos, y esto evitará que se practiquen abortos eugenésicos.

Sin embargo, en la audiencia quedó en evidencia que lo que verdaderamente le molesta al Estado es que las mujeres puedan decidir libremente: cuando se trata de reconocer la autonomía de las mujeres con discapacidad psicosocial, a la representación del Estado se le olvida que el modelo social de la discapacidad, que es recogido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), también les aplica a ellas.

En efecto, en sus alegatos, el Estado criticó que las mujeres puedan abortar bajo la causal salud, incluso en los casos de depresión, en los que el consentimiento informado podría verse claramente afectado” (23 de marzo, min 35:00).

Al sugerir que las mujeres con depresión no están en condiciones para decidir sobre su embarazo, el Estado ignora que, de acuerdo con el modelo social, la discapacidad psicosocial o intelectual no es motivo para desconocer la capacidad jurídica que toda persona tiene para decidir sobre su reproducción y los tratamientos médicos a los que se somete.

Así lo han reconocido el Comité de la CDPD y el Comité de la CEDAW, específicamente en lo que respecta al aborto. La alusión a los derechos de las personas con discapacidad como argumento para mantener la penalización del aborto oculta lo que realmente le escandaliza a la representación del Estado: que las mujeres podamos tomar decisiones autónomas sobre nuestra reproducción.