En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) los pronunciamientos han sido escasos y, en ocasiones, en línea con las debilidades del Protocolo de Palermo. Por ejemplo, en la Opinión Consultiva 21/14, si bien la Corte IDH indicó que los Estados deben adoptar medidas para prevenir y combatir la trata, así como para proteger a las víctimas, replicó lo establecido en el Protocolo de Palermo sobre las medidas de asistencia, al señalar que los Estados deben “considerar la posibilidad” de ofrecerlas y que las mismas serían ofrecidas “en la medida de lo posible”. 

Por otra parte, en el caso de Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, el cual fue caracterizado como uno de esclavitud, la Corte IDH encontró vulnerado el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre y trata de personas establecido en el artículo 6.1 de la CADH. Esta sentencia es importante en cuanto a la aclaración de cuestiones relacionadas con trata, pues la Corte IDH analizó de manera comparativa los términos “esclavitud”, “servidumbre”, “trata de personas” y “trabajo forzoso u obligatorio”, y su desarrollo en el derecho internacional.  No obstante, las obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas una vez estas están en libertad, con el fin de que puedan recuperar sus proyectos de vida, no fueron desarrolladas en detalle en el texto de la sentencia.

La CIDH, por su parte, se ha pronunciado sobre trata de personas en algunos de sus informes y, además, incluyó este fenómeno en los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas adoptados en 2019. Los principios se refieren, por supuesto, a la obligación de prevención, combate y eliminación de la trata en el Principio No. 20. Además, los principios han logrado ir un paso más allá en el SIDH, pues también se hace referencia a la obligación de ofrecer a las víctimas asistencia jurídica e información en un idioma que puedan entender, asistencia médica, psicosocial y material, y también oportunidades educativas o de capacitación (Principio 42). Asimismo, se enfatiza que la asistencia jurídica e información que se dé debe contar con “sensibilidad de género”.

Así, en el SIDH hay bases para desarrollos más específicos sobre los derechos de las víctimas de trata, que deben ser garantizados por los Estados una vez éstas salen de la situación de explotación. Además, como se desprende ya de los Principios de la CIDH, la garantía de estos derechos debe ser desde una perspectiva interseccional, con sensibilidad de género pero también de raza, etnia, edad y otros factores relevantes, que contribuyen a acentuar la situación de vulnerabilidad de algunas de las víctimas. De no recibir medidas de asistencia adecuadas y suficientes, las víctimas de trata probablemente volverán a situarse en situaciones de riesgo o explotación.

Es fundamental entonces que la trata de personas pase a ser uno de los temas centrales en la agenda, con el fin de que los órganos continúen haciendo referencia a la importancia de prevenir y sancionar la trata, pero también amplíen en mayor detalle lo relativo a las medidas de asistencia que deben recibir las víctimas. Todo esto, con mayor énfasis en la obligatoriedad de estas obligaciones para los Estados, de acuerdo con la CADH y otros instrumentos interamericanos.