¿Cuáles son los recientes avances y los desafíos que persisten en materia de trata de personas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
En los días internacionales contra la trata de personas como el 30 de julio y el 23 de septiembre, distintos actores se pronuncian con contundencia y enfatizan la gravedad de este delito al ser una práctica que degrada al ser humano. Se refieren a la trata como una forma de “esclavitud moderna” e instan a los Estados a prevenir la trata y sancionar a los responsables.
Muy poco se escucha, sin embargo, sobre los derechos de las víctimas de trata y las obligaciones de los Estados para garantizarlos, en forma de medidas de asistencia, una vez se rescatan a las víctimas o cuando éstas logran escapar de sus captores. La gravedad de ello radica en que la ausencia de medidas de asistencia contribuye directamente a que las personas permanezcan en situación de vulnerabilidad y vuelvan a ser víctimas de distintas formas de violencia, incluyendo volver a caer en redes de trata. Estas obligaciones, respecto de las víctimas, aún están ausentes en el marco de los estándares interamericanos.
Los llamados a la prevención y sanción responden a la lógica primordial en que se comprende la trata de personas en el derecho internacional: como un crimen trasnacional. El instrumento internacional principal y especializado en materia de trata de personas es el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo) que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el cual entró en vigor el 25 de diciembre de 2003.
A pesar de haber sido reconocido como un logro en su momento, el Protocolo contra la Trata también ha sido muy criticado desde su adopción, debido a su enfoque en la criminalización. De hecho, la definición de trata de seres humanos establecida en el Protocolo presenta a este fenómeno como un delito y no como una violación de los derechos humanos. Además, el Protocolo incluye obligaciones dirigidas a la criminalización de la trata que están redactadas en un lenguaje fuerte y vinculante, pero obligaciones débiles con respecto a la protección de los derechos de las víctimas de la trata que están redactadas como opcionales.
El artículo 6 del Protocolo, por ejemplo, aunque hace referencia a las medidas de asistencia para las víctimas, señala expresamente en el numeral tercero que los Estados partes “considerarán la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación de las víctimas”, sin distinguir entre las medidas de asistencia urgentes y las medidas de asistencia a largo plazo, e indicando también que esto puede hacerlo el Estado “en cooperación con organizaciones no gubernamentales u otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil”, despojando así a los Estados de obligaciones esenciales de garantía de derechos. Además, hay obligaciones específicas relacionadas con la protección de las víctimas que son fundamentales en materia de trata y que no existen en el Protocolo, tales como la obligación de identificar adecuadamente a las víctimas por medio de indicios.
En otras palabras, el Protocolo contra la Trata de Naciones Unidas prioriza la criminalización de la trata de personas y sitúa la protección de los derechos de las víctimas en un segundo plano.
Ante la perspectiva penal de la trata que plantea el Protocolo de Palermo, en el derecho internacional han surgido otros instrumentos que buscan suplir los vacíos que dejó el Protocolo, tales como los Principios y Directrices Recomendados sobre Trata de Personas y Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, los cuales se refieren a la trata desde una perspectiva de derechos humanos e incluyen, en mayor detalle, las obligaciones de los Estados para garantizar los derechos de las víctimas. Asimismo, existen otros pronunciamientos importantes en la materia, que tienen en cuenta estos derechos, tales como los pronunciamientos de los Órganos de Tratados y de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas.
En el Sistema Europeo de Derechos Humanos, existe un tratado específico sobre trata de personas, la Convención del Consejo de Europa para la Acción contra la Trata de Seres Humanos, que aborda la trata desde una perspectiva que podría denominarse holística: reconoce la trata como un delito y se refiere a la importancia de evitarla y enjuiciar a los tratantes, pero también la define como una violación de derechos humanos e incluye obligaciones dirigidas a proteger los derechos de las víctimas. En este Sistema, además, el Tribunal Europeo ha conocido diversos casos sobre trata, los cuáles le han permitido desarrollar algunas de las obligaciones positivas que tienen los Estados en materia de protección de las víctimas.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) los pronunciamientos han sido escasos y, en ocasiones, en línea con las debilidades del Protocolo de Palermo. Por ejemplo, en la Opinión Consultiva 21/14, si bien la Corte IDH indicó que los Estados deben adoptar medidas para prevenir y combatir la trata, así como para proteger a las víctimas, replicó lo establecido en el Protocolo de Palermo sobre las medidas de asistencia, al señalar que los Estados deben “considerar la posibilidad” de ofrecerlas y que las mismas serían ofrecidas “en la medida de lo posible”.
Por otra parte, en el caso de Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, el cual fue caracterizado como uno de esclavitud, la Corte IDH encontró vulnerado el derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre y trata de personas establecido en el artículo 6.1 de la CADH. Esta sentencia es importante en cuanto a la aclaración de cuestiones relacionadas con trata, pues la Corte IDH analizó de manera comparativa los términos “esclavitud”, “servidumbre”, “trata de personas” y “trabajo forzoso u obligatorio”, y su desarrollo en el derecho internacional. No obstante, las obligaciones para garantizar los derechos de las víctimas una vez estas están en libertad, con el fin de que puedan recuperar sus proyectos de vida, no fueron desarrolladas en detalle en el texto de la sentencia.
La CIDH, por su parte, se ha pronunciado sobre trata de personas en algunos de sus informes y, además, incluyó este fenómeno en los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de Trata de Personas adoptados en 2019. Los principios se refieren, por supuesto, a la obligación de prevención, combate y eliminación de la trata en el Principio No. 20. Además, los principios han logrado ir un paso más allá en el SIDH, pues también se hace referencia a la obligación de ofrecer a las víctimas asistencia jurídica e información en un idioma que puedan entender, asistencia médica, psicosocial y material, y también oportunidades educativas o de capacitación (Principio 42). Asimismo, se enfatiza que la asistencia jurídica e información que se dé debe contar con “sensibilidad de género”.
Así, en el SIDH hay bases para desarrollos más específicos sobre los derechos de las víctimas de trata, que deben ser garantizados por los Estados una vez éstas salen de la situación de explotación. Además, como se desprende ya de los Principios de la CIDH, la garantía de estos derechos debe ser desde una perspectiva interseccional, con sensibilidad de género pero también de raza, etnia, edad y otros factores relevantes, que contribuyen a acentuar la situación de vulnerabilidad de algunas de las víctimas. De no recibir medidas de asistencia adecuadas y suficientes, las víctimas de trata probablemente volverán a situarse en situaciones de riesgo o explotación.
Es fundamental entonces que la trata de personas pase a ser uno de los temas centrales en la agenda, con el fin de que los órganos continúen haciendo referencia a la importancia de prevenir y sancionar la trata, pero también amplíen en mayor detalle lo relativo a las medidas de asistencia que deben recibir las víctimas. Todo esto, con mayor énfasis en la obligatoriedad de estas obligaciones para los Estados, de acuerdo con la CADH y otros instrumentos interamericanos.
Citación académica sugerida: Ibáñez, María Cecilia. Estándares interamericanos sobre trata de personas: ¿Qué hace falta? , Agenda Estado de Derecho, 2023/10/04. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/estandares-interamericanos-sobre-trata-de-personas/
Palabras Clave: Derechos humanos, trata de personas, Protocolo de Palermo.
Abogada de la Universidad de los Andes, Colombia y LL.M. en Estudios Avanzados en Derecho Internacional y Europeo de los Derechos Humanos de la Universidad de Leiden, Países Bajos, en donde realizó su tésis sobre Estándares para mejorar la protección de las víctimas de trata de personas en el Sistema Interamericano. Actualmente trabaja como Abogada Senior en la organización Women’s Link Worldwide en donde lidera el trabajo de la organización en violencia reproductiva y participa en casos sobre trata de personas y de derechos sexuales y reproductivos en distintas partes de América Latina. Ha sido profesora de Derecho Internacional en la Maestría de Derecho Internacional y el pregrado de la Universidad de los Andes y en la Especialización en Derechos Humanos de la Universidad Militar Nueva Granada.
Comparte tu trabajo o perspectiva con nosotros, sigue las opciones dando clic en el siguiente botón.
Para saber a profundidad lo que pasa con los derechos humanos en América Latina y el Estado de Derecho suscríbete a nuestro boletín digital.
Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.