¿Qué precio paga Volkswagen por colaborar con la dictadura brasileña?

3 de Noviembre del 2020
¿Qué precio paga Volkswagen por colaborar con la dictadura brasileña?

El 23 de septiembre de 2020, la filial de Volkswagen (VW) en Brasil firmó un acuerdo extrajudicial con ex trabajadores víctimas de la dictadura brasileña (1964-1985) que demandaban civilmente a la empresa por complicidad con las fuerzas de seguridad. Según este acuerdo, la VW se compromete a destinar unos 6,4 millones de dólares para indemnizar a antiguos empleados perseguidos y torturados, y financiar iniciativas relacionadas con la promoción de derechos humanos. A cambio de ello, se cierran las tres acciones civiles iniciadas en su contra y toda eventual demanda que sea interpuesta en el futuro por estos hechos.

Geovaldo Gomes dos Santos, quien denunció que fue incluido en las listas negras que elaboraban los jefes de la VW de Brasil para que los militares ejecutaran el trabajo sucio, señaló que, aunque no se sentía satisfecho con el resultado, era la única opción posible, dadas las actuales condiciones políticas del país. Geovaldo se refiere a la actual combinación entre impunidad y negación oficial que rige en Brasil. Como es sabido, desde 1979, la Ley de Amnistía ha impedido a las víctimas de la dictadura acudir a la vía penal para que los torturadores sean juzgados y sancionados por sus crímenes. Pero, además de la privación del derecho a la justicia, las víctimas padecen los efectos de un negacionismo oficial que se promueve desde las más altas esferas estatales.

Cabe señalar que en abril de 2010, el Tribunal Supremo Federal se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Amnistía. Ese mismo año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Gomes Lund y otros vs. Brasil, concluyó que la Ley de Amnistía no se ajustaba a las obligaciones internacionales de Brasil y resolvió que éste debía adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto esa ley. A su vez, el 15 de marzo de 2018, la Corte Interamericana condenó al Estado de Brasil por la violación de los derechos y las garantías judiciales y la protección a la vida del periodista Vladimir Herzog, torturado y asesinado en un Centro de Detención (DOI-CODI) en la ciudad de São Paulo en 1975, durante la dictadura militar. En esta sentencia, la Corte reiteró la manifiesta incompatibilidad de la Ley de Amnistía brasileña con la Convención Americana en casos de graves violaciones de derechos humanos. 

Privadas por ahora de ver a sus torturadores juzgados y castigados por la justicia, las víctimas han acudido a la “única opción posible”: la vía civil. Esto sucedió luego del 2014, año en que la Comissão Nacional da Verdade presentó su informe en el que se señalaba la complicidad de la VW Brasil entre las 53 empresas nacionales e internacionales que contribuyeron con los militares durante la última dictadura.

Frente a esas alegaciones, en 2016, la propia VW Brasil encomendó al “experto independiente” Chistopher Kopper la elaboración de un informe para conocer el grado de complicidad de la empresa con la dictadura y su participación en las violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de sus trabajadores. En realidad, ante el obvio conflicto de interés que puede tener un/a experto/a que evalúa a quien lo contrata, lo que la empresa debió hacer es someterse a la investigación de jueces/juezas estatales.

Con todo, en su informe el experto concluyó que “la dirección de VW de Brasil exhibió una lealtad sin reserva hacia el gobierno militar, y compartía los objetivos de su política doméstica y económica”. La investigación también daba cuenta del estrecho y continuo vínculo entre el Departamento de Seguridad Laboral de la VW y la policía, que explica secuestros y torturas contra un número de empleados con actividad sindical o críticos del gobierno y/o la empresa.  Sobre los beneficios obtenidos por VW, el informe revela: “Los controles salariales gubernamentales y las restricciones a los sindicatos mantuvieron los niveles salariales más bajos de lo que hubieran sido en una democracia pluralista con libertad de negociación salarial y derecho de huelga. VW de Brasil y, en última instancia también VW AG, se beneficiaron de la supresión de los derechos fundamentales de los trabajadores”.

La Revista Anistia Política e Justiça de Transição del Ministerio de Justicia de Brasil dedicó su décima edición, publicada en 2016, a la “Cooperação Econômica com a Ditadura”. Las investigaciones allí contenidas dan cuenta del volumen, profundidad y persistencia de la complicidad de un número significativo de empresas y empresarios con la dictadura brasilera, y cómo este ataque concertado del Estado y empresas contra lo/as trabajadore/as y toda persona que se opusiera a las políticas económicas de concentración de la riqueza redundaron, efectivamente, en un deterioro de las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población y en un aumento de la desigualdad en el país. El caso de la VW debe entenderse en ese contexto.

En declaraciones a la BBC, Kopper señalaba que estamos ante un hecho históricamente innovador pues “será la primera vez que una empresa alemana asume la responsabilidad por violaciones de derechos humanos hacia sus propios trabajadores después del fin del nacionalsocialismo”. Sin embargo, ¿qué clase de reconocimiento y justicia expresa esa indemnización?

Primero, en términos de verdad, este acuerdo no aporta nada relevante. No conocemos muchos más detalles acerca de la trama de complicidad de la VW ni en qué la medida la empresa se benefició con la política laboral criminal que impuso el gobierno dictatorial en connivencia con las empresas ¿A cuánto ascendió la transferencia de fondos desde la sucursal de Brasil a la casa matriz durante la dictadura? Segundo, aunque la empresa se compromete a apoyar iniciativas en términos de memoria, resulta inaudito que no se haya contemplado la posibilidad de efectuar una señalización dentro de las instalaciones de la empresa y un memorial sobre las luchas obreras, tal como se ha hecho en otros países. Tampoco se contempló la propuesta de los propios denunciantes de que la empresa financiara la construcción de un Espacio de Memoria de los Trabajadores en la Galería Prestes Maia de San Pablo, en la que el gobierno municipal proyecta un gigante espacio de reconstrucción histórica. Tercero, el artículo 2 del acuerdo señala expresamente que no se reconoce ninguna responsabilidad propia ni de sus autoridades o empleados relativa a los hechos que desembocaron en el acuerdo. Sin asunción de responsabilidad, no puede haber reparación desde un enfoque de derechos humanos. De hecho, el acuerdo se refiere a las víctimas como “supuestas víctimas”. Así, el acuerdo se asemeja más a una donación que a una reparación. Cuarto, no se efectúa ningún compromiso en términos de reformas en el diseño de la gobernanza corporativa de la VW, a fin de prevenir en el futuro similares comportamientos cómplices. Y, quinto, el monto tan modesto de la indemnización para compensar los daños provocados por la conducta cómplice no crea ningún incentivo serio que desaliente futuros comportamientos corporativos cómplices con violaciones graves de derechos humanos.

El acuerdo nos enfrenta así al peligro de que el sufrimiento humano se convierta en un valor de cambio susceptible de ser expresado sin más en dinero y que con esto se dé por clausurado el reclamo de las víctimas y de la sociedad brasileña en su lucha por la verdad, la memoria y la justicia. El peligro real de darle una expresión numérica al sufrimiento humano de una manera totalmente desconectada de los objetivos básicos de la justicia transicional y de las ganancias percibidas por la empresa gracias a la política criminal que apoyaba es que los perpetradores, además de haber triunfado en el plano material, terminen triunfando también en el plano simbólico al mostrar que esas vidas que fueron objeto de la represión eran, en verdad, insignificantes y que, bajo ningún punto de vista, su valor podría desafiar las ganancias de las empresas.

Cuando las víctimas del Holocausto demandaron en Estados Unidos a empresas (entre ellas la propia VWque habían colaborado con sus verdugos durante la Segunda Guerra, y que se habían beneficiado con esa complicidad, los montos multimillonarios compensatorios de las resoluciones judiciales y de los acuerdos alcanzados implicaron un mensaje mucho más comprometido con los derechos humanos que el enviado recientemente a la VW: matar, o ayudar a matar, nunca debería ser un buen negocio. 

Citación académica sugerida: Bohoslavsky, Juan Pablo; Cruz Goñi, Juan: ¿Qué precio paga Volkswagen por colaborar con la dictadura brasileña?, 2020/11/03, https://agendaestadodederecho.com/que-precio-paga-volkswagen-por-colaborar-con-la-dictadura-brasilena/

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ACERCA DE LOS AUTORES
Juan Pablo Bohoslavsky

Especialista en economía y derechos humanos. Entre junio de 2014 y abril de 2020 fue Experto Independiente en Deuda y Derechos Humanos de la ONU. En 2015 presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre complicidad financiera con regímenes autoritarios. Ha trabajado en libros sobre responsabilidad por complicidad económica con dictaduras del Cono Sur.  

Juan Cruz Goñi

Especialista en derechos humanos. Entre 2012 y 2019, intervino como litigante en los juicios por crímenes contra la humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en la Norpatagonia de la Argentina en representación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH-Neuquén). Actualmente, integra el equipo Verdad, Memoria y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.