Para dotar de un régimen de legalidad a esta medida, el gobierno nicaragüense decidió aprobar una reforma constitucional a partir de la cual pretende institucionalizar y masificar en el país la privación de nacionalidades.

Aunque para guardar apariencia de legalidad, la reforma constitucional regula la “pérdida” (art. 21) y no sobre “privación” (art.20) de nacionalidad, en la práctica se trata privaciones arbitrarias de nacionalidades en contravención al orden internacional, ya que está basada en un supuesto delito cuya naturaleza es de índole político: “traición a la patria”.

En Nicaragua, la Constitución confiere al poder legislativo la facultad de reformar la Constitución. Los requisitos que se exige para la validez de este tipo de modificaciones son: 1. Una mayoría calificada y 2. Aprobar la reforma en dos legislaturas. Ambos requisitos, pueden ser cumplidos sin ninguna dificultad debido a las elecciones fraudulentas de 2021 a través de las cuales el gobierno Ortega-Murillo se hizo del poder absoluto en el país.

En este contexto, recientemente se ha llevado a cabo la aprobación de esta reforma en segunda legislatura, por lo que es oficialmente vigente. Con ésta se habilita a las autoridades nicaragüenses continuar privando de la nacionalidad a sus ciudadanos. La misma es parte de un conjunto de reformas represivas que se han impulsado en los últimos años, como la prisión perpetua  y la regulación sobre agentes extranjeros.

No obstante, su inclusión en la Constitución no significa que la medida sea constitucional, pues se trata en esencia de una reforma inconstitucional e ilegítima debido a que trastoca fibras sensibles del sistema constitucional nicaragüense, aprovechándose de la falta de un poder judicial independiente y robusto que proteja y garantice los derechos humanos.

Su inconstitucionalidad también deriva del hecho de que es contraria al derecho internacional y a compromisos explícitamente reconocidos y aceptados por el Estado nicaragüense:

i. La Convención Americana, que en Nicaragua goza de reconocimiento constitucional, establece que “a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad”.

ii. De igual manera, va en contra de la Convención para reducir los casos de apatridia de 1961, así como de resoluciones que ha dictado la Organización de Estados Americanos

Cabe recordar que desde la teoría y la práctica se asume el postulado de que los derechos humanos constituyen un límite a la soberanía estatal y que, por tanto, cualquier actividad soberana, como puede ser el acto legislativo, debe someterse también a su imperio. Incluso, así lo reconoce la Convención de Viena sobre Derecho de Tratados cuando advierte que los Estados están obligados a cumplir con sus obligaciones internacionales, aun cuando estas entren en colisión con su derecho interno.