La reciente denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) por parte de Nicaragua no ha sorprendido a nadie. Tal como dice un viejo adagio del Derecho Romano: “¡quien puede más, puede menos!”. Una dictadura que en tan solo tres años acumula 355 asesinatos de manifestantes pacíficos, miles de personas heridas, torturadas y sometidas a detenciones arbitrarias, puede perfectamente robarse las elecciones, dar la espalda a la comunidad internacional y lograr la quinta reelección consecutiva de aquí a cuatro años.

La reacción virulenta del canciller nicaragüense a las amonestaciones hechas por la OEA en torno a los desmanes electorales del 7 de noviembre muestra que el Estado de Nicaragua se ha convertido en un aparato de matonería a las voces internas y externas, críticas a la pareja presidencial vitalicia. En términos jurídicos, la denuncia anunciada el pasado 19 de noviembre plantea varios interrogantes.

Según el art. 143 de la Carta de la OEA, Nicaragua seguirá vinculada a la organización por los próximos dos años, es decir, hasta noviembre de 2023. Conforme con el art. 43 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, un acto de denuncia “no [menoscaba] en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado.”

En ese sentido, las obligaciones que provienen de otras fuentes del derecho internacional, que reproduzcan o que sean análogas a las contenidas en la Carta de la OEA, seguirán siendo vinculantes para Nicaragua. La duda que surge es ¿de qué manera los órganos políticos y técnicos vinculados a la OEA monitorearán las obligaciones internacionales de Nicaragua a partir de noviembre de 2023? ¿Cuál será el estatus del país con relación al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH)?

La respuesta a estas preguntas no pasa por una simple analogía con Venezuela, cuyo gobierno también denunció la Carta de la OEA en abril de 2017. En este caso, Juan Guaidó, por mandato de una Asamblea Nacional conformada por mayoría opositora a Nicolás Maduro, dejó sin efecto la denuncia a la Carta antes de que se hiciera efectiva. Pocas semanas después de la revocación de la denuncia, la Asamblea General de la OEA reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino” y, a los ojos de los órganos políticos de la organización, Venezuela sigue siendo un Estado parte.

Con relación a la denuncia venezolana a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), formalizada en septiembre de 2012, y su posterior revocatoria por parte de la Asamblea Nacional, en mayo de 2019, no hay una convergencia de posturas entre la CIDH y la Corte Interamericana (IDH).

Hasta la publicación del presente artículo, de los 17 informes de admisibilidad sobre Venezuela adoptados por la CIDH tras la vigencia de la denuncia de Venezuela a la CADH – 10 de septiembre de 2013 – solo los dos más recientes establecen expresamente que la CADH dejó de regir para el país en la referida fecha. A su vez, la Corte IDH ha emitido sentencias y resoluciones de medidas provisionales en los últimos dos años, en las que aclarar que su competencia para declarar la violación de la CADH por parte de Venezuela se limita a los hechos ocurridos antes del 10 de septiembre de 2013, fecha en que se hizo efectiva la denuncia del referido tratado. En sus sentencias más recientes sobre Venezuela, el tribunal interamericano interpretó el alcance de su competencia de la siguiente manera: “ con base en el artículo 78.2 de la Convención, la Corte es competente para conocer el presente caso, en tanto que los hechos analizados tuvieron origen con anterioridad al momento en que la denuncia puede producir efectos.”

Es decir, mientras la CIDH mantiene una cierta ambigüedad sobre en qué momento la denuncia a la CADH por parte de Venezuela se concretó, la Corte IDH ha concluido, en diferentes ocasiones, que Venezuela dejó de ser un Estado parte de dicho tratado el 10 de septiembre de 2013, manteniendo en todo caso la competencia para conocer violaciones cometidas con anterioridad a dicha fecha y para exigir el cumplimiento de las sentencias y resoluciones ya emitidas.

Volviendo a Nicaragua, salvo que haya algún cambio en el status quo político en los próximos dos años, el país se desvinculará de la OEA el 19 de noviembre de 2023. Aunque la salida de la organización regional comprometerá el escrutinio de sus órganos políticos a las obligaciones contenidas en la Carta, ello no afectará la competencia de los órganos interamericanos cuyo mandato se deriva de tratados, convenciones o instrumentos específicos. Es el caso de los órganos del SIDH, cuyo mandato y competencia están consagrados en sus propios estatutos, en la Convención y en otros instrumentos, y no en la Carta de la OEA. Cabe destacar que el artículo 46 de la Carta Política nicaragüense confiere rango constitucional a la CADH y a la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, integrándolos al bloque de constitucionalidad vigente en el país. Desde luego, algunos aspectos del funcionamiento de los órganos del SIDH pasan por decisiones de los órganos políticos de la OEA.

La Convención Americana establece, por ejemplo, que la composición de la CIDH será definida a través de la votación de los Estados miembros de la organización, reunidos en su la Asamblea General. En efecto, tal como establece el Capítulo VIII de la Carta, la CIDH es un órgano principal de la OEA. Con relación a la Corte IDH, a diferencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se encuentra orgánicamente vinculado al Consejo de Europa, el tribunal interamericano no posee ningún tipo de vínculo, ni orgánico ni administrativo, con la OEA, siendo su composición definida por los Estados parte de la CADH y no por la Asamblea General de la OEA, poseyendo además plena autonomía administrativa y financiera.

En lo que se refiere al vínculo de un Estado denunciante de la Carta con el marco normativo del SIDH, la única consecuencia de la denuncia sería la ausencia de competencia material de la CIDH (a partir de la fecha de vigencia efectiva del acto de denuncia) con relación a la Declaración Americana, instrumento vinculado a la Carta y que no posee un proceso autónomo de ratificación. En el caso de Nicaragua, cabe precisar que la adhesión a la Declaración Americana se desprende directamente del artículo 46 de su Constitución, el cual establece que: “[e]n el territorio nacional toda persona goza de la protección estatal y del reconocimiento de los derechos inherentes a la persona humana […] y de la plena vigencia de los derechos consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre […] y en la Convención Americana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos”

Tal como aclaró la Corte IDH en su Opinión Consultiva 26/20 “a pesar de que cesen los efectos de la Carta para el Estado denunciante o de que éste se haya retirado de la OEA, éste continúa sujeto a la observancia plena de otros instrumentos de derechos humanos ratificados y no denunciados individual y autónomamente” (párr. 154). De igual manera, la OC 26/20 subraya que la denuncia a la Carta no exime al Estado respectivo de cumplir las obligaciones dispuestas en los instrumentos regionales de derechos humanos y, en particular, “aquellas que se relacionan con el cumplimiento de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana hasta la conclusión del procedimiento” (párr. 173).

Dicho lo anterior, es importante recordar el viejo adagio romano mencionado líneas arriba y tener presente que un régimen dispuesto a convertirse en una suerte de sucursal de Corea del Norte en Latinoamérica puede, en un nuevo gesto de pataleta diplomática, denunciar cada uno de los tratados del SIDH. La ratificación de la CADH por parte de Nicaragua, por cierto, tuvo lugar pocas semanas después del triunfo de la revolución sandinista y de la renuncia del exdictador Anastasio Somoza Debayle. Mientras a la actual dictadura nicaragüense no se le ocurra retirarse de los instrumentos interamericanos de derechos humanos ratificados por sus antecesores, y mientras la propia Constitución Política de Nicaragua siga otorgando rango constitucional a tales instrumentos, aún hay SIDH para rato en la tierra de los Ortega-Somoza.