Reflexiones sobre la convencionalización del derecho interno de los estados

21 de Junio de 2021
Reflexiones sobre la convencionalización del derecho interno de los estados
Foto: Corteidh.or.cr

Es deber de los Estados cumplir de buena fe con sus compromisos internacionales. Esta obligación incluye la adecuación de su derecho interno al derecho internacional.

La publicación del más reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la obligación de los Estados de adecuar su normativa interna a los estándares interamericanos de derechos humanos, es una excelente oportunidad para repasar los elementos centrales de este deber legal estatal que encuentra su base en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y que implica remover las barreras que impidan el goce y ejercicio de los derechos y libertades protegidos en el “Pacto de San José”.

La adaptación del derecho interno a los compromisos convencionales en materia de derechos humanos implica la obligación positiva de dictar normas que permitan poner en vigencia, dentro de la jurisdicción nacional, los derechos internacionalmente reconocidos y la supresión de normas o prácticas incompatibles con la plenitud del goce y ejercicio de dichos derechos. Al mismo tiempo, incluye también, la obligación -ahora negativa- de abstenerse de dictar leyes contrarias al derecho internacional de los derechos humanos. Lo anterior involucra a toda autoridad pública en el ámbito de sus competencias.

La Corte Interamericana ha desarrollado extensamente la necesidad de realizar una adecuación de la normativa interna respecto de las obligaciones internacionales. Determinando que la obligación surge de los principios del derecho internacional público, y también de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que indican la necesidad de que los Estados den cumplimiento de buena fe a los instrumentos de los que son parte, teniendo en cuenta su objeto y fin, absteniéndose de invocar disposiciones de derecho interno como fundamento para el no cumplimiento de sus compromisos internacionales. (para ampliar ver Radilla Pacheco vs. México)

La ratificación de un tratado como la Convención Americana, pone en cabeza de los Estados parte la obligación de garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos. 

Este principio -ha explicado el Tribunal interamericano- se aplica no sólo en relación con las normas sustantivas de los tratados de derechos humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos), sino también en relación con las normas procesales, tales como las que se refieren al cumplimiento de las decisiones de la Corte (artículos 67 y 68.1 de la CADH). 

Las disposiciones contenidas en los mencionados artículos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente el carácter especial de los tratados de derechos humanos y su implementación colectiva (para ampliar ver Caso Baena Ricardo vs. Panamá). 

Los Estados, paulatinamente, han avanzado en tal sentido (en ocasiones con algunas dificultades y en otras con ciertas resistencias), integrando ambos marcos normativos, mejorando la institucionalidad, fortaleciendo la democracia y avanzando en la eliminación de problemas estructurales, lo que permite prevenir violaciones a los derechos humanos.

La adecuación normativa funciona como una “garantía de no repetición” en aquellos casos en los que -fallando esta prevención- ocurren violaciones a los derechos humanos declaradas por la Corte Interamericana, trasladando la base normativa al ámbito de las reparaciones (art. 63.1 de la CADH). 

Aquí, la reparación del daño trascenderá a la víctima concreta. Por ejemplo, si una persona fue privada arbitrariamente de su libertad por una norma contraria a la Convención, la Corte Interamericana ordenará la puesta en libertad de la víctima (como medida de restitución) y la adecuación de la normativa nacional a las obligaciones provenientes del Pacto de San José, derogando total o parcialmente aquella (como medida de no repetición). De esta manera, -ahora por vía de sanción- la armonización legislativa permite poner un fin a prácticas estatales contrarias a sus obligaciones internacionales.

La primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que un Estado debía adecuar su legislación interna, fue en el caso Loayza Tamayo vs. Perú donde decidió -bajo el título “otras formas de reparación”- que el Estado debía tomar las medidas de derecho interno necesarias para que los Decretos-Ley 25.475 (Delito de Terrorismo) y 25.659 (Delito de Traición a la Patria) se acomodaran de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Desde ese momento y hasta la actualidad, esta medida de reparación -ahora incluida como garantía de no repetición a partir del caso Molina Theissen vs. Guatemala– es muy recurrente, siendo pocos los casos que no involucren la necesidad de adecuar las normas internas a las obligaciones asumidas en la Convención sin distinción de rango, es decir, desde la Constitución Nacional (como en el caso “La última tentación de Cristo” vs. Chile), hasta leyes de menor jerarquía.

De la casuística de la Corte Interamericana se desprenden tres posibilidades: 

a) Eliminación de una normativa contraria a la Convención Americana (ello ocurrió en el caso Almonacid Arellano vs. Chile donde se ordenó que el Estado dejara sin efecto las leyes de autoamnistía que impedían el avance en la investigación de la ejecución extrajudicial de la víctima), 

b) Modificación parcial, para adecuar el contenido de la norma a la Convención (por ejemplo, en el caso Kimel vs. Argentina se eliminó la pena de prisión para los casos de calumnias e injurias), o 

c) Creación de una norma (puede citarse a modo de ejemplo el caso Trujillo Oroza vs. Bolivia donde se ordenó la tipificación del delito de desaparición forzada) o ratificación de un tratado internacional (como ocurrió en el caso Barrios Altos vs. Perú donde se llegó a un acuerdo de reparación integral que incluía el compromiso del Estado de ratificar la Convención Internacional sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad).

Definido el alcance y contenido de la convencionalización del derecho interno, resta señalar los desafíos y las proyecciones que atraviesa su aplicación y eficacia. 

El principal desafío que enfrenta esta obligación general de los Estados es su cumplimiento efectivo. En otras palabras, el desconocimiento del derecho internacional (principalmente sobre su aplicación directa o sobre la obligatoriedad de las sentencias de la Corte Interamericana), la falta de discusión sobre como llevar adelante dicha armonización (entre el derecho local y el internacional) y, en ocasiones, las resistencias al avance en tal sentido, truncan su aplicación efectiva, ya sea en el ámbito de la prevención (aplicación de la Convención en el diseño de la norma como obligación general) o de la sanción (cumplimiento de la medida de reparación ordenada en la sentencia del tribunal interamericano).

En auxilio de una eficaz convencionalización del derecho interno concurren: la capacitación de todas aquellas personas involucradas en este proceso, lo que permite remover los problemas mencionados en el párrafo anterior (a la par de los planes de formación públicos o privados que se puedan implementar en tal sentido, los informes como el que inician este artículo, o el foro de debate en el que se insertan estas líneas coadyuban en tal sentido), y el control de convencionalidad que comprende a todos los órganos del Estado, en todos sus niveles, en el marco de sus competencias y de las regulaciones procesales correspondientes (Cf. Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú) y que permite superar la mera confrontación normativa entre el ámbito nacional e internacional y avanzar hacia la integración de las normas interamericanas con las locales.

Citación académica sugerida: Citación académica sugerida: Rousset, Andrés. Reflexiones sobre la convencionalización del derecho interno de los Estados, Agenda Estado de Derecho, 2021/06/21. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/reflexiones-sobre-la-convencionalizacion-del-derecho-interno-de-los-estados/

Palabras clave: Corte Interamericana; reparaciones, adecuación normativa

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ACERCA DEL AUTOR
Andrés Rousset Siri

Titular de derechos humanos por la Universidad de Congreso y docente de esa materia por la Universidad Nacional de Cuyo. Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos (Universidad de Alcalá, España) y Doctor en Derecho con mención de honor (Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina).

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.