¿Quiénes serán los nuevos jueces de la Corte IDH?

28 de Octubre de 2021
Corte IDH
Foto: Corte IDH - Flickr

Las personas candidatas a la Corte IDH reflexionan sobre los desafíos de este organismo y hacen propuestas para mejorar su funcionamiento. 

En la 51ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que se celebrará entre el 10 y el 12 de noviembre de 2021 en Ciudad de Guatemala, se escogerán a los nuevos integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

En el caso de la Corte IDH, cuatro de los siete jueces y juezas terminarán su mandato a finales de 2021. Para ocupar esas vacantes, se presentaron siete candidaturas: Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch (Brasil), Verónica Gómez (Argentina), Nancy Hernández (Costa Rica), Maytrie Kuldip (Surinam), César Landa (Perú), Miryam Peña (Paraguay) y Patricia Pérez Goldberg (Chile). De acuerdo con el Estatuto de la Corte IDH, las candidaturas son presentadas por los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, y la elección se realiza por votación durante la Asamblea General de la OEA. El mandato dura seis años, y se pueden reelegir solo una vez. 

Para contribuir con el debate, CEJIL, DPLF, IFEX – ALC, Open Society Justice Initiative, REDLAD, el Robert F. Kennedy Human Rights y  el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, organizaron un encuentro con los/as candidatos/as para conocer sus ideas sobre los desafíos que afronta la Corte IDH y las perspectivas de futuro. En la actividad participaron todas las personas candidatas, a excepción de Maytrie Kuldip y Miryam Peña. 

Las personas candidatas

¿De qué manera la Corte IDH podría seguir contribuyendo en la elaboración de estándares específicos aplicables a las obligaciones estatales de protección, respeto y garantía del derecho a un medio ambiente equilibrado?

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

  • Es importante destacar el trabajo que ha hecho la Corte IDH en el reconocimiento de la relación de interdependencia que existe entre derechos humanos, medio ambiente y desarrollo sostenible. También se debe mencionar la labor en materia de pueblos indígenas y la vinculación de la identidad cultural con la protección ambiental. 
  • Es clave reforzar el rol de la Corte IDH para reconocer que perjudicar el medio ambiente puede considerarse como una violación a los derechos humanos. 

Verónica Gómez

  • La Corte IDH ha adoptado algunos pasos iniciales en el reconocimiento a un medio ambiente sano, pero es apenas el comienzo. 
  • En los próximos años la Corte IDH tendrá la labor de galvanizar el compromiso que los Estados de la región ya han empezado a demostrar frente a la protección del derecho a un medio ambiente sano y de otros derechos afectados por la emergencia climática. 
  • Es crucial prestar atención a la labor de las víctimas y de los movimientos sociales, incluyendo la niñez y la adolescencia, que ya han estado usando el litigio estratégico. 
  • Ante este desafío global, la Corte IDH debe conjugar la promoción de estándares y herramientas de protección a nivel regional. 
  • El desafío que tendrá la Corte IDH será abordar de manera holística la protección del medio ambiente, los derechos económicos, sociales y culturales, el impacto de las nuevas tecnologías y la protección de la niñez.

Nancy Hernández

  • No existe una normativa internacional que dé protección jurídica a las personas migrantes o desplazadas por el cambio climático. Por eso, es necesario adoptar estándares de trato mínimo y de protección de los derechos humanos, entre ellos, el acceso a agua potable, la obligación de ofrecer protección y asistencia humanitaria y sanitaria, asegurar la no discriminación, la libertad y acceso a la justicia, y adoptar más acciones para hacer más sencilla una migración con dignidad y la relocalización de desplazados. 
  • Uno de los principales desafíos de la región será la migración masiva por razones climáticas, por lo que el vacío jurídico que existe debe resolverse. 

César Landa

  • La jurisprudencia de la Corte IDH en esta materia podría mejorar a través de un estándar general y otro específico. 
  • El estándar general sería consolidar y avanzar en la tutela del derecho al medio ambiente de forma ponderada con la implementación de un examen de razonabilidad, coherencia y proporcionalidad. 
  • En el caso de la razonabilidad, se debe analizar si el derecho al medio ambiente saludable ya está reconocido en el derecho interno, y profundizar considerando los instrumentos internacionales, como el Acuerdo de Escazú, que incluye el derecho al acceso a la información ambiental, la participación ciudadana en asuntos ambientales, y el acceso a la justicia ambiental, a los que habría que sumar la protección especial a las personas defensoras del medio ambiente. 
  • El estándar de carácter específico sería aplicar el test de prevención o precautorio, para proteger de peligro en caso de daño ambiental del que se tenga conocimiento cierto o que se sospeche su potencialidad. Las víctimas no se deben concebir solo como sujetos de derechos individuales, sino también difusos o colectivos. 

Patricia Pérez Goldberg

  • Debe seguirse fortaleciendo la función consultiva de la Corte IDH, que en el caso ambiental queda reflejada en la Opinión Consultiva 23/17. Se deben considerar factores de contexto y asegurarse de que no se trate de casos contenciosos encubiertos. 
  • Los estándares de la OC 23/17 se aplicaron en la sentencia Lhaka Honhat vs. Argentina, y si bien se trató de un avance muy importante porque se establecieron reglas claras de actuación estatal, hay espacio para conseguir estándares más específicos que brinden certeza sobre los elementos que el Estado debe tener en cuenta para realizar el test de proporcionalidad. 
  • Se debe tomar en cuenta el impacto diferenciado de la crisis climática, especialmente en los grupos más vulnerables.

¿Cómo considera que se podría avanzar en asegurar la implementación de las decisiones de la Corte IDH por parte de los Estados? ¿Propondría alguna modificación para mejorar el efecto útil o la efectividad de las decisiones de la Corte?

Patricia Pérez Goldberg

  • Hay que destacar los esfuerzos que ya han hecho algunos Estados para mejorar los mecanismos de implementación, a través de la coordinación intersectorial y la participación de las víctimas y sus representantes. 
  • Se sabe que hay dificultades especialmente para el cumplimiento de las medidas que tienen que ver con la investigación y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos. No basta con la presencia de mecanismos, sino que es necesaria la voluntad política de cumplimiento, que se expresa mediante el diálogo para construir confianza entre los actores involucrados, incluyendo la sociedad civil. 
  • Se requieren recursos para que la Corte IDH continúe su labor de supervisión. Valdría la pena mantener la práctica, que empezó con la pandemia, de realizar de forma telemática las audiencias de supervisión de cumplimiento por Estado.
  • Cuando terminen las restricciones de movilidad, se podría comisionar a dos jueces y a personal de la Secretaría para el desarrollo de audiencias de supervisión in situ con participación de actores locales. 

César Landa

  • Hay que hacer esfuerzos para conocer las causas de las demoras en el incumplimiento de las sentencias: por razones de fondo (el Estado no asume su responsabilidad de forma directa o indirecta), por razones operativas (falta de normas o procedimientos para cumplir las sentencias), o por ambas. 
  • Distinguir en la supervisión del cumplimiento las medidas de reparación que no se cumplen: por ejemplo, los Estados pagan las indemnizaciones, pero no se cumplen las medidas de no repetición, al no investigar y sancionar a los responsables en un plazo razonable. Se deben identificar con claridad los procesos internos ordinarios y constitucionales, que incorporen un recurso de convencionalidad para que las víctimas puedan exigir judicialmente el cumplimiento de la sentencia. 
  • Hay otros casos con medidas de no repetición en las que el Estado debe modificar su legislación o su Constitución. Aquí la Corte también debe acompañar al Estado en las labores de adecuación del orden jurídico interno. Elaborar una escala temporal del incumplimiento parcial o total por países, diferenciada por complejidad de los casos, para que las medidas de no repetición se adapten a las posibilidades objetivas de cumplimiento.
  • Los casos que se enfoquen en los países con mayor retraso en el cumplimiento deberían ser objeto de un plan especial de control y monitoreo por materia. 
  • Fortalecer las audiencias de supervisión periódica de forma virtual, y mantener el acompañamiento a las instituciones del Estado encargadas del cumplimiento. Involucrar a más defensorías del pueblo, promover los observatorios del Sistema Interamericano y motivar a las academias nacionales para que contribuyan con el debate. 

Nancy Hernández

  • Consolidar líneas de acción para asegurar la implementación de las medidas, sobre todo aquellas que son más complejas e innovadoras.
  • Redoblar los esfuerzos en el diálogo interactivo entre la Corte IDH y los Estados, para que puedan ofrecer la información adecuada y avancen en el cumplimiento de las sentencias. 
  • Fortalecer la práctica de supervisión conjunta que se ha venido desarrollando, con buenos resultados, a través de audiencias y visitas in situ, y también la práctica de agrupar varias sentencias de un mismo Estado en cada visita. 
  • Crear una metodología que estandarice los criterios para la supervisión de los casos, en cuanto a la regularidad y forma de supervisión. Actualmente ese seguimiento se da por notas de Secretaría, pero, que se sepa, no existe una metodología de supervisión por medio de resolución, que evidencie un trato equitativo y transparente en los requerimientos que se hacen a los Estados. 

Verónica Gómez

  • Hay que reconocer el enfoque integral en materia de reparación con el que ha trabajado la Corte IDH y sus aportes al desarrollo del derecho internacional.
  • No hay que dar por sentada la vigencia de las herramientas que tiene la Corte para el seguimiento de sus decisiones, sino respaldarlas y profundizarlas. 
  • Reforzar el intercambio de buenas prácticas entre los Estados que han desarrollado mecanismos con enfoques legislativos, institucionales, interinstitucionales, federales, etc. 
  • Promover la participación de los órganos políticos de la organización y de toda la comunidad interamericana para garantizar el cumplimiento de las sentencias. 

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

  • Asegurar la implementación integral de las decisiones debe ser una prioridad. 
  • Es rol de la Corte IDH fomentar la búsqueda de soluciones amistosas, respetando siempre el núcleo irreductible de los derechos humanos. Se deben crear directrices y procedimientos claros en este sentido para orientar la celebración de acuerdos a lo largo de todas las etapas procesales.
  • Acercar la Corte a la realidad de los Estados y de los poderes públicos. Las decisiones de la Corte no solo apuntan a la reparación de las víctimas, sino que tienen un enfoque más extenso. Algunas de las medidas buscan hacer frente a las causas estructurales de las violaciones de derechos humanos, y para que estas medidas sean eficaces debe haber contactos entre la Corte, las autoridades nacionales y las víctimas.
  • Más que inspección y monitoreo, el proceso exige un intercambio constante con los organismos formuladores de leyes. Acercar la Corte a todas las esferas de toma de decisiones.

¿Cómo juzgaría el rol que ha jugado la Corte IDH en la difusión de su jurisprudencia? ¿Qué sugeriría para llegar a nuevas y mayores audiencias?

Nancy Hernández

  • Hay que destacar que la Corte IDH ha desarrollado plataformas para difundir todas sus sentencias, pero hay que hacer mayores esfuerzos para llegar a los jóvenes y a poblaciones meta no tradicionales, como el público no especializado, las asambleas legislativas y los poderes ejecutivos. 
  • Hay que aprovechar más el rol de las universidades y escuelas judiciales,  e impartir cursos libres, cátedras y capacitaciones, por medio de convenios con estas instituciones en todos los países que pertenecen a la OEA, en particular los del sistema del common law
  • Impulsar que los operadores jurídicos de cada sistema judicial incluyan la jurisprudencia de la Corte IDH en sus propios buscadores y plataformas informáticas. 

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

  • Es importante hacer esfuerzos para que la Corte se haga más relevante en todos los países de la región, especialmente en el Caribe. 
  • Adoptar políticas para acercar la Corte a la realidad de los Estados. Promover la celebración de convenios con autoridades locales y universidades. Realizar cursos, sesiones extraordinarias y actividades fuera de la Corte, y promover otros programas de intercambio con las universidades. Por ejemplo, sería interesante ampliar el alcance de los cursos del SIDH, promocionados por la Corte, a los países en los que esta institución está menos presente. 
  • Difundir la cultura de la Corte, para que las administraciones públicas, abogados y magistrados estén realmente alineados para el desarrollo del derecho interno. La Corte debe establecer canales de comunicación con las autoridades nacionales. Eso no solo permitiría difundir el trabajo de la Corte, sino también impulsar el respeto al SIDH. 

Verónica Gómez

  • La mejora de la comunicación de la Corte IDH requiere de contribuciones genuinas al fortalecimiento institucional. Se deben hacer labores de promoción de estándares en América Latina y en los países del Caribe y angloparlantes.
  • La Corte ha desarrollado herramientas para mejorar la comunicación, pero este trabajo requiere de mayor apoyo, no solo de la organización sino también de los países de la región y de la comunidad interamericana. 
  • Garantizar la accesibilidad de las sentencias en español, en los demás idiomas de trabajo, y en los idiomas oficiales y no oficiales que también se hablan en la región. 
  • Pensar estrategias para acentuar la comunicación oral de las sentencias a través de los medios de comunicación. Pensar en nuevas formas de llegar a las poblaciones a través de nuevas tecnologías accesibles también en lugares remotos.
  • Fortalecer la educación en derechos humanos, en las escuelas de Derecho y en las escuelas judiciales. 
  • Promover el control de convencionalidad a través del conocimiento de los estándares de la Corte IDH en el Poder Judicial, en los órganos de derechos humanos y a nivel administrativo. 

Patricia Pérez Goldberg

  • Hay que destacar y celebrar la forma en la que la Corte comunica y hace accesible su trabajo en una variedad de plataformas. 
  • Para profundizar esta labor, es importante que las sentencias estén disponibles al menos en todos los idiomas oficiales de la OEA. Esta es una precondición del diálogo y de la deseada interamericanización de los estándares. 
  • Las sentencias deben ser más breves y se deben redactar en un lenguaje claro sin sacrificar el rigor jurídico.
  • Abrir las capacitaciones a otros servidores públicos cuya acción o inacción puede comprometer la responsabilidad internacional de los Estados. Es decir, no solo a los operadores de justicia tradicionales, sino también a los funcionarios de las instituciones penitenciarias, los cuerpos policiales, establecimientos de salud y otros. 
  • También se deben ampliar las capacitaciones a la sociedad civil. 
  • La Corte IDH, en colaboración con universidades y otras instituciones, puede elaborar un estudio sobre las medidas de reparación que resultan más efectivas para la protección de los derechos y que se pueden compartir entre los operadores para lograr un mejor cumplimiento.

César Landa

  • La Corte debe contar con fondos que permitan dar cuenta de sus decisiones, mediante notas de prensa en diarios oficiales de todos los países del sistema. 
  • Difundir virtualmente y de forma resumida las sentencias. Por ejemplo, se pueden hacer videos cortos, que no solo estén en español sino también en otros idiomas.
  • Auspiciar moot courts sobre la casuística convencional, para que los estudiantes puedan estudiarla y aprenderla, con el apoyo de especialistas y también de influencers. 
  • Impulsar el uso intensivo de las redes sociales, la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil y el trabajo con los influencers para llegar de una forma más efectiva a la juventud.
  • La Corte IDH debe ampliar los convenios con la cooperación internacional y organizaciones internacionales. 
  • Ampliar las campañas de capacitación a periodistas.
  • Desarrollar una aplicación en la que se pueda registrar la jurisprudencia sistematizada, opiniones consultivas y medidas provisionales, con los enlaces a las resoluciones originales. Desarrollar nuevas categorías para el buscador. 

¿Cuáles son los desafíos en relación con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) y en qué sentido debería avanzar la jurisprudencia de la Corte IDH? ¿Cuáles son los principales retos que tiene la Corte y qué propuestas puede hacer para superarlos?

César Landa

  • La Corte IDH ha logrado avances con una interpretación finalista, dinámica y abierta. La ponderación en el desarrollo de estos derechos permitirá que la Corte IDH siga avanzando en los nuevos derechos que se van sumando a la luz del contexto regional e internacional. 
  • Los avances no pueden quedar en un diseño jurisprudencial, sino que también tiene que afincarse en las realidades de los Estados.
  • Debe haber un planeamiento de mediano y largo plazo, con un diseño de las políticas jurisdiccionales a las que la Corte puede ir llegando. Pero los retos no son solamente de orden funcional, procesal y cuantitativo, sino también cualitativo; es decir, de las líneas jurisprudenciales por las que hay que avanzar, una de ellas son los DESCA. La Corte debe prepararse para tener las categorías y los instrumentos de análisis de resolución. 
  • Pensar en las necesidades e ilusiones de la población y, a través de las normas convencionales y jurídicas, resolver estas causas por el bien de los ciudadanos.

Patricia Pérez Goldberg

  • Uno de los retos es el establecimiento de estándares más específicos en materia de DESCA, a lo que se suma la reducción del rezago procesal y la necesidad de trabajar de forma más coordinada con la CIDH. 
  • También está el reto de la universalización. Cualquier esfuerzo que se emprenda quedará truncado si prácticamente más de un tercio de los países que conforman la OEA no son parte de la Convención Americana. Hay que preguntarse por qué esto ocurre, especialmente en los países del Caribe anglófono, y producir acercamientos.
  • Es importante construir espacios de escucha, que incluyan a todos y que se basen en el respeto y la inclusión, para legitimar desde un punto de vista sociológico a la Corte. 

Verónica Gómez

  • La protección del medio ambiente y su relación con el desarrollo sustentable y los derechos de la niñez y la adolescencia es un tema que representa desafíos. También el rol de los entes privados, que en ciertos casos son hasta más poderosos que algunos de los Estados, en asuntos relacionados con el medio ambiente y los DESCA. 
  • Los desafíos se deben afrontar de forma holística e inclusiva, para todos los Estados y todas las comunidades de la región. 
  • Los próximos 5 a 10 años son clave para hacer frente a los cambios. 

Rodrigo de Bittencourt Mudrovitsch

  • Hay nuevas necesidades y anhelos a escala mundial para integrar mejor a la Corte IDH no solo con el Sistema Interamericano, sino con el sistema internacional. 
  • Hay tres aspectos que deben ser prioritarios: la reducción del alejamiento innecesario entre la Corte IDH y los tribunales de los países, sobre todo en los que la notoriedad de la Corte es más baja; la necesidad de que la jurisprudencia de la Corte se haga más conocida, para que se aplique cada vez más en casos particulares y a escala institucional; el perfeccionamiento del diálogo constitucional interno, tanto con las víctimas como con los demás actores que forman el Sistema Interamericano
  • Hay que resaltar la importancia de una interpretación progresiva y dialógica con todo lo que la Corte ha construido. 
  • Es importante recordar los retos que se han planteado con la pandemia y que han exigido mucha sensibilidad y una preparación especial.

Nancy Hernández

  • Uno de los mayores desafíos es el cumplimiento íntegro de las sentencias. También guardar los debidos balances y asegurar la participación plena de las víctimas, en armonía con los derechos procesales de todas las partes. Lograr la paridad de género y la dedicación a tiempo completo de los jueces y juezas. Fortalecer la legitimidad del Sistema Interamericano, a través del reforzamiento de la autonomía e independencia de los órganos. 
  • El compromiso debe volcarse hacia una justicia que sea independiente, imparcial, con altos estándares éticos, más cercana e inclusiva, más transparente y moderna, pero conservando su rostro humano. 

Citación académica sugerida: Agenda Estado de Derecho. ¿Quiénes serán los nuevos jueces de la Corte IDH?, Agenda Estado de Derecho, 2021/10/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/quienes-seran-los-nuevos-jueces-de-la-corte-idh/

Palabras clave: Corte IDH, Corte Interamericana de Derechos Humanos, jueces, juezas, Sistema Interamericano

Créditos:, Ariana Guevara, Texto. Diagramación, Paulo Cañón.

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Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

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Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.