Perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 2022
El 9 de diciembre de 2021, el equipo de Agenda Estado de Derecho, presidido por nuestra coordinadora editorial, la doctora Marie Christine Fuchs, conversó con el juez Ricardo Pérez Manrique, actual presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). En la entrevista se abordan las principales líneas de acción que impulsará el nuevo presidente, durante el periodo 2022 y 2023. Otros aspectos abordados durante la entrevista, fueron los siguientes: i) perspectiva de género e integración de nuevos jueces y juezas ii) principales líneas temáticas a las que se le dará prioridad durante su presidencia iii) reformas estructurales para fortalecer el trabajo de la Corte IDH iv) virtualidad y justicia digital; entre otros.
Nació en Uruguay, el 17 de mayo de 1947. Ocupó el cargo de Presidente de la Asociación Uruguaya de Magistrados y operadores judiciales de Familia, Infancia y Adolescencia. Ex Vicepresidente por Uruguay de la Asociación Mercosur de Jueces de Infancia y Juventud. En el 1989 ingresa a la magistratura como Juez Letrado de Primera Instancia de Bella Unión. Posteriormente es designado como Juez Letrado de Primera Instancia de Mercedes de 2do. Turno. En el año 1992 es nombrado Secretario Letrado Judicial de la Suprema Corte de Justicia. En enero de 1996 pasa a cumplir funciones de Secretario Letrado (Único) de la Suprema Corte de Justicia. El 20 de agosto de 2000 es designado Ministro del Tribunal de Apelaciones de Familia de Segundo Turno. En abril de 2016 asumió en nombre de Uruguay la Secretaría Permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por países de Europa y de las tres Américas. Presidente de la Suprema Corte de Justicia en el año 2016. Ministro de la Suprema Corte de Justicia desde el 28 de marzo de 2012 hasta el 17 de mayo de 2017. Es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2019 y presidente del organismo por el periodo 2022-2023
Agenda Estado de Derecho: Para iniciar, usted es uruguayo y después del Doctor Héctor Gros Espiell, es la segunda persona de esta nacionalidad que ocupa este importante cargo. ¿Quisiéramos saber qué significa la presidencia de la Corte IDH para su país?
Efectivamente, es la segunda oportunidad en que un juez uruguayo accede a la presidencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Hemos tenido tres jueces en la Corte. La característica especial que yo tengo en relación a ellos dos, es que ellos eran personas que provenían del mundo académico. Yo vengo de una carrera judicial de 30 años, y es la primera vez que un juez de carrera de Uruguay puede acceder, primero, a la Corte Interamericana y luego, a la presidencia del organismo. En mi país se ha destacado este evento. De hecho, hemos recibido saludos de varios partidos políticos, de varias autoridades de gobierno, y de la academia.
Estamos desarrollando dentro del país una fuerte difusión de la actividad de la Corte y de su jurisprudencia. Y, a raíz de un convenio que hemos firmado entre la Corte IDH y las cinco universidades de Uruguay que tienen facultades de derecho, estamos recibiendo semestralmente un estudiante de cada facultad, para realizar una pasantía en la oficina de la Corte IDH en Montevideo, en la cual trabajo y realizo mis actividades como juez, y, ahora, mucho más, con mis actividades protocolares como presidente. Estamos capacitando y formando estudiantes, específicamente en el trabajo de un juez de la Corte, en el trabajo del día a día, en cuanto a la construcción de jurisprudencia, redacción de material, etc.
Entonces, he tratado de potenciar esa relación de Uruguay con la Corte. En el 2019, año que asumí como juez, la Corte IDH realizó un periodo extraordinario de sesiones aquí en Uruguay. Y, tenemos previsto para el segundo semestre del 2022 realizar otro periodo extraordinario de sesiones en Uruguay, que por primera vez en la historia será con una Corte presidida por un juez nacional.
Agenda Estado de Derecho: ¿Cuáles son los ejes sobre los que girará su presidencia? ¿Qué temas específicos tendrán especial atención?
Bien. Llegué a la Corte Interamericana con una serie de inquietudes y propuestas, muchas de las cuales hemos podido ir concretando. Personalmente entiendo que, durante el 2021, la Corte ha generado una jurisprudencia muy fuerte en una cantidad de aspectos. Pensamos profundizar en esa línea.
Derechos de los pueblos indígenas, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; en la jurisprudencia vinculada con democracia, Estado de derecho y derechos humanos; las dos opiniones consultivas de Colombia, una sobre las consecuencias para los Estados que denuncian tanto la Carta de la OEA como la Convención Americana, en cuanto a la subsistencia de sus compromisos en materia de derechos humanos; la Opinión Consultiva sobre reelección presidencial, donde la Corte profundiza por primera vez en línea directa en la relación que hay entre Estado de derecho, democracia representativa y la importancia para los derechos humanos.
También una importante opinión consultiva en materia de derecho del trabajo y perspectiva de género, donde se desarrollan temas bien importantes como la negociación colectiva, la libertad sindical, el derecho de huelga, etc. También, todo lo que tiene que ver con igualdad de género, con violencia basada en género. Todo lo que tiene que ver con desarrollo respecto a los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI+. Otro tema que me preocupa mucho, tiene que ver con la libertad de expresión. También hemos avanzado en jurisprudencia respecto a los derechos de la infancia. En fin, creo que la Corte en esa línea debe continuar por el camino trazado.
Pienso que es un gran aporte el que la Corte IDH hace a la región, porque si hiciéramos el ejercicio de preguntarnos ¿qué hubiera sido de los derechos humanos en la región en los últimos 42 años, sin la Corte IDH? La respuesta sería incierta. El tribunal ha logrado fijar estándares de derechos humanos muy altos. A través del control de convencionalidad, es posible dialogar con los sistemas nacionales y generar una jurisprudencia que va adquiriendo elementos comunes y que es una plataforma de lanzamiento para mejorar la interpretación, la aplicación y la dimensión que se le da a los derechos humanos. Entonces, un primer aspecto tiene que ver con esta riqueza jurisprudencial.
Un segundo aspecto que hace a mi experiencia particular, luego de haber presidido una Corte nacional, creo que en la situación en que está la región, la Corte Interamericana es un elemento imprescindible. Siempre digo que estos tribunales regionales – estoy hablando no solo de la Corte Interamericana, sino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos-, constituyen en una gobernanza internacional que está absolutamente debilitada, un elemento muy importante que garantiza en lo que hace a los Derechos Humanos un eslabón del Estado de derecho global.
¿Por qué? Porque somos el sistema judicial que asegura la vigencia de los derechos en las distintas regiones, a través del dictado de sentencias que son obligatorias para los países concernidos. Entonces, este rol que cumple el tribunal me propongo fortalecerlo. El tribunal captó la necesidad y ha logrado – con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer, entre otros- vincularse de manera más directa e intensa con la región, a través del desarrollo de una política judicial de comunicación respecto de todo el continente. Partes esenciales de esta política son el diplomado para periodistas en derechos humanos y las becas para periodistas patrocinado por la Fundación Konrad Adenauer.
Recuerdo que en el diplomado ya tenemos 180 egresados, y que la Red Dialoga, integrada por periodistas no solo de las Américas, sino también, de otras regiones, tiene más de 5 mil periodistas adheridos. Creo que esta política de comunicación que hace la Corte debe profundizarse y debe llegar a más.
En suma, pienso que la Corte debe fortalecerse desde adentro. Ha sido uno de mis postulados desde que la integro, aprobar un Código de Ética para juezas y jueces. Me parece que esta es una línea de acción que debemos seguir en esta política de fortalecimiento institucional del tribunal. Me propongo incorporar como una línea de acción de política institucional de la Corte, la cuestión del desarrollo sostenible, del cambio climático y marchar hacia una Corte de cero emisiones de carbono en su funcionamiento.
Me propongo crear en ese proceso, una Corte más accesible, seguir profundizando una línea que paulatinamente se ha ido aceptando y desarrollando, que es la creación de sentencias más amigables y más accesibles para la gente, que puedan ser leídas por cualquier persona. Porque la Corte IDH, está atendiendo fundamentalmente a grupos vulnerables. Esos grupos vulnerables tienen que poder acceder al contenido de sus sentencias con la menor intermediación posible, es decir que puedan ser entendidas por el común de las personas, debido a que nuestro trabajo está dirigido a estos grupos vulnerables. Cuando uno recorre el continente, se encuentra que está dictando sentencias para personas vulnerables como pueblos originarios; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad, mujeres que están luchando por sus derechos en condiciones sumamente difíciles, personas migrantes etc.
Hay muchos aspectos más, pero son estas 3 o 4 líneas de acción que me parecen que hay que resaltar. Y, por otra parte, quiero destacar que mi presidencia va a ser una presidencia abierta, una presidencia de diálogo, en la cual va haber la necesaria atención a todas las instancias que tiene el tribunal, que si bien, emite resoluciones y opiniones, también tiene que atender otros escenarios. Atender el diálogo con otras jurisdicciones, con las Cortes nacionales y con los tribunales constitucionales es clave. Ya he impartido a la Secretaría la orden de que cada vez que haya un viaje del presidente de la Corte IDH o un viaje oficial de la Corte a algún país del continente, si bien, se van a gestionar reuniones, encuentros e intercambios con las autoridades políticas del Estado que es lo que habitualmente hace la Corte, también esté en la agenda una entrevista con Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas como forma de efectivizar este diálogo en el terreno (…)
Agenda Estado de Derecho: Recientemente hemos visto con la elección de nuevos miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de la Asamblea General de la OEA, que hay una tendencia decidida enfocada en lograr una composición paritaria de la Corte, algo que ha sido un reclamo histórico. En ese sentido, nos gustaría saber de qué manera cree que la participación de más mujeres en la Corte puede enriquecer la experiencia del tribunal y fortalecer el trabajo que se realiza en defensa de los derechos humanos en la región.
La Corte ha tenido a lo largo de su historia, no muchas mujeres, pero ha habido mujeres muy muy importantes y que han pesado decisivamente en su jurisprudencia. Esto demuestra la importancia de que la voz de la mujer como tal, esté en el tribunal de una manera igualitaria. Yo comparto absolutamente la necesidad de que haya una representación igualitaria, entre otras cosas, además, porque las mujeres son más de la mitad de la población del continente. Entonces, ahí hay una razón fundamental para que un grupo tan importante no sea excluido.
En algún momento, creo que el sistema tendrá que pensar en jueces y juezas que tengan una representación multiétnica. Es decir, los distintos perfiles humanos que existen en la región -pueblos indígenas, personas afrodescendientes, etc.- que puedan también tener una Corte que aumente su inclusión respecto a todas las personas que están involucradas en el ámbito de su competencia.
Y, a propósito de esto, quiero decir que cuando me preguntaron recién las líneas de política de la Corte, una línea de política mía va a ser una apertura de la Corte hacia el Caribe. De hecho, estamos empezando a tener reuniones con las Cortes del Caribe. Estamos pensando en generar actividades y eventualmente llevar a la Corte al Caribe, porque es imprescindible en esta línea de difusión. Por eso lo menciono ahora, incluir a todas las áreas geográficas a las cuales llega la Corte, para que tengan su voz y su consideración y su participación, en las actividades del tribunal.
En noviembre de 2021 la 51 Asamblea General de la OEA eligió nuevos jueces y juezas de la Corte IDH. Conoce el perfil de las personas candidatas, así como a las personas electas para ocupar este importante cargo.
Agenda Estado de Derecho: ¿Cómo valora el futuro de la Corte Interamericana y del Sistema Interamericano en general? ¿Cree que es necesario impulsar algunas reformas para su fortalecimiento? ¿Qué tipo de reformas son necesarias y qué tipo de acciones se requieren para llevarlas a cabo?
Bien. Todo el funcionamiento del Sistema Interamericano está fundado sobre un acuerdo político que comienza en 1948 con la Carta de la OEA y la Declaración Americana. Luego, sigue con la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de alguna forma culmina con la creación de la Corte IDH. Por último, los desarrollos de protocolos adicionales y de convenciones interamericanas propiamente dichas. Es decir, es un sistema amplio creado por los Estados.
Creo que el desarrollo de la Corte IDH, la ha llevado en los años a emprender algunas reformas, pensemos en la reforma reglamentaria de 2009, en la cual se le da centralidad a la víctima en los procesos. La Corte, ha ido ampliando los espacios de este soporte político, a los efectos de ser más inclusiva en cuanto a la participación de las víctimas, de los grupos vulnerables.
Personalmente, creo que hay que pensar en una reforma estructural. Básicamente, mi preocupación es el acceso a la justicia interamericana. Miremos el proceso de Europa, en la cual, primero había un esquema similar al nuestro, es decir, solo acceso al Tribunal Europeo a través de la Comisión Europea de Derechos Humanos, y luego se fue al régimen actual de acceso directo por parte de la ciudadanía.
Hay que observar que cada vez hay más protocolos adicionales dentro de las convenciones, para que las personas accedan directamente a través de denuncias individuales a los Comités de Naciones Unidas. Hay una tendencia a contemplar e incorporar la posibilidad de que las personas accedan de forma directa a los tribunales. Este es un tema que hay que discutir. Creo que hay que debatir el problema del tiempo que lleva la llegada de un caso a la Corte IDH y luego su decisión. Por supuesto todo esto requeriría movimientos estructurales.
Hay algo que me preocupa especialmente y es que la Corte Interamericana no tenga una financiación genuina de todo su presupuesto, que debería de ser financiado por la OEA, porque es el órgano encargado de sustentar a la Corte IDH de manera presupuestal. Creo, que hay que pensar en formas diferentes o alternativas que permitan al Tribunal planificar sus actividades, sin estar pendientes de problemas de tipo económico. Y, hay que moverse con mucha prudencia porque estamos en momentos muy especiales en la región que todos conocemos. Observo que hay un proceso de impugnación de la obligatoriedad de las sentencias. Hay Estados que se han declarado en rebeldía respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH.
Otro tema muy importante es pensar en un sistema que responda a las demandas que tenemos. ¿De qué manera actúa el mecanismo del articulo 65? ¿Es efectivamente considerado y procesado una vez que llega al órgano político? estamos en una de especie de vacío, muchas veces no se tienen mayores respuestas a estas consideraciones.
A diferencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, donde las víctimas tienen acceso directo al TEDH, en el Sistema Interamericano, la única entidad competente para enviar casos contenciosos a la Corte IDH (a parte de los Estados Miembros) es la Comisión Interamericana. Por tanto, el paso por la CIDH es una condición de acceso a la justicia interamericana. Te invitamos a leer nuestro artículo Nuevos y no tan nuevos retos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En enero de 2021 realizamos una entrevista al secretario ejecutivo de la Corte Interamericana, Pablo Saavedra y analizábamos, por ejemplo, el funcionamiento de la Corte en entornos virtuales, sobre todo a partir de la pandemia. En ese sentido: ¿cuáles son los retos que ha enfrentado la Corte para su funcionamiento en entornos virtuales y que planes existen sobre este tema en específico?
Agenda Estado de Derecho: Recuerdo que, en marzo de 2020, estábamos en sesión en San José. Teníamos el habitual programa y estábamos culminando la primera semana de trabajo. El trece de marzo empieza a circular la versión de que los países europeos y algunos de la región iban rumbo a cerrar sus fronteras, lo que motivó la decisión de la Corte de suspender el periodo de sesiones y clausurarlo en ese momento.
Volvimos todos a nuestras casas en marzo, y empezamos a presenciar algo que creo que tiene trascendencia histórica por lo que significó. Luego, la Corte adoptó la declaración del nueve de abril del 2020 que es sobre COVID, derechos humanos y Estado de derecho, en la cual se plantearon una serie de advertencias, algunas de las cuales lamentablemente se cumplieron, en cuanto al riesgo para los derechos humanos y a partir de ese momento se empezó a elaborar un proceso de seguimiento.
Recuerdo una primera reunión virtual de la Corte, muy traumática, con problemas de comunicación, en fin, con una cantidad de temas, donde la decisión que se tomó fue “tenemos que seguir funcionando pese a la pandemia” y rápidamente se fueron ajustando una serie de aspectos internos de la organización. Pudimos sesionar y logramos terminar el 2020 con un funcionamiento casi total de la Corte por zoom y en el 2021 directamente todas las actividades de la Corte, incluyendo las jurisdiccionales se pudieron realizar por zoom.
Se realizaron audiencias tanto en casos contenciosos como en opiniones consultivas, supervisión de cumplimiento, medidas provisionales, se dictaron sentencias, resoluciones, opiniones consultivas, etc. Se logró debatir con cierta solvencia a través de zoom, todo esto implica que uno eche de menos el contacto personal, pero hemos demostrado que la Corte puede sesionar por zoom.
Nuestra propuesta es que a partir de este año podamos realizar sobre todo audiencias de manera presencial, porque el derecho a ser oído ante el Tribunal, si bien, en una situación de emergencia puede ser subsanado mediante el uso de la comunicación telemática, cuando existe la posibilidad real de hacer una audiencia presencial, para la Corte es muy importante, porque las audiencias terminan siempre cuando se les pregunta a las víctimas ¿Qué esperan de este Tribunal? dicen que, por primera vez en un largo proceso del sistema interno, han sentido que eran escuchadas y oídas por los jueces y juezas de carne y hueso y por otra parte, que esperan justicia de este tribunal. Una justicia que no habían tenido en el orden doméstico.
Estas circunstancias son inherentes a la fortaleza del Tribunal. Esas circunstancias son las que hacen que el Tribunal sea único, entonces vamos a trabajar en la línea de no privar de ese derecho de ser oído y a una defensa material, porque las víctimas son oídas en ese proceso, pueden hablar, se le da la voz, etc. Y, vamos hacia un sistema que va a ser hibrido, vamos a ver cómo lo graduamos, pero en principio estamos viendo si antes o después de cada periodo de sesiones se adicione una semana de trabajo por zoom, una semana de trabajo virtual.
Así que vamos en esa línea, en este compromiso con el medio ambiente, el cambio climático, vamos en la línea de suprimir el papel, para lo cual este trabajo virtual es muy importante, ayuda mucho. Todos nos hemos acostumbrado en este año y medio a no trabajar en papel. Desde que hacemos las conferencias virtualmente nuestras exposiciones están en un Power Point o están redactadas y las tomamos de la pantalla directamente. Piensen en esas sentencias que hace la Corte de 60, 70, 100 páginas multiplicadas por cuantas copias en papel para su difusión, después volver a reimprimir las modificaciones que se van haciendo. Ya nada de esto es necesario. Eso es un avance formidable al cual no podemos renunciar.
Y, la otra cosa muy importante, es que este método permite una presencia de la Corte a través de todo lo que son jornadas, difusión, seminario, debates, etc., mucho más intensa que el tradicional, que requiere que los jueces y las juezas viajen recorriendo la región. Por ejemplo, ayer participé en dos actividades sin moverme de mi casa, pero pude estar en dos países y eso tiene un valor muy importante, sin perjuicio de que lógicamente lo que es contacto personal no se supera. Pienso que esto ha venido para quedarse y que la Corte está recogiendo frutos muy importantes y muy trascendentes de esta experiencia. Y, vuelvo a repetir, vamos a ir a una Corte hibrida, en la cual seguramente los debates o la presentación de los casos será por zoom, luego posiblemente vayamos hacer audiencias presenciales, para intercambiar aspectos personales, para intercambiar temas interinstitucionales y que vayamos adaptándonos a este nuevo tipo de funcionamiento.
En el 2021 el equipo editorial de Agenda Estado de Derecho realizó una entrevista al secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Pablo Saavedra titulada “el 2020 de la Corte IDH, balance y proyecciones” en la que conversamos sobre los retos que enfrentaba el tribunal para adaptarse a entornos virtuales de funcionamiento en el contexto de la pandemia. Puedes leer la entrevista AQUÍ.
Agenda Estado de Derecho: Tal vez profundizar en uno, dos o tres puntos de los varios que ya nos ha mencionado. No es un secreto que lamentablemente en algunos países de la región, la Corte está perdiendo un poco de fuerza, eso también a veces se expresa en el nivel o las cifras de cumplimiento de las sentencias, que se advierten con bastante preocupación. Nos gustaría preguntar ¿qué va a hacer la Corte al respecto? ¿tiene usted algunas ideas para combatir este efecto de no cumplimiento de las sentencias de la Corte durante su presidencia?
Hay un aspecto que a veces se escapa cuando se hace la consideración respecto al cumplimiento de las sentencias de la Corte. La Corte dicta sentencias que son estructurales, en cuanto a que, por una parte, dictamos múltiples medidas de distintos tipos, pero que atienden muchas veces a la solución de problemas de fondo.
Voy a poner un ejemplo. Cuando la Corte dicta una sentencia en un caso de graves violaciones a los derechos humanos, cuando dispone investigar, cuando se dispone la búsqueda de personas desaparecidas, debemos considerar que, en este caso, la cuestión vino a consideración de la Corte, porque había pasado mucho tiempo sin que el Estado encontrara una solución en el orden interno a ese problema; eso se debe por una parte a la [falta de] voluntad política de los Estados. A veces, se ha generado una legislación o reglamentación interna que lleva justamente a evitar que se investigue, o a evitar que se sigan buscando personas desaparecidas, etc. Y bueno, ahí las sentencias de la Corte tienen el valor de que, generalmente las reparaciones se cumplen y tienen un valor permanentemente a través de la tarea de supervisión de cumplimiento. El Estado tiene que responder qué está haciendo, si está haciendo algo o si no está haciendo nada.
En nuestro sistema, como está previsto, no tenemos un esquema similar al Sistema Europeo, en el cual existe un mecanismo político de supervisión y seguimiento en el que, una vez dictada la sentencia, el tribunal se desprende del caso. Sino que tenemos un sistema en el que en realidad la Convención no estimó de qué manera se ejecutaban las sentencias y se hace el desarrollo de esta etapa de supervisión de cumplimiento por vía reglamentaría.
Entonces, acá hay varias situaciones, advierto que hay países que tienen graves problemas de violaciones a los derechos humanos y que son reiteradamente condenados por la Corte. En muchos, se intenta una respuesta y se actúa con mayores o menores resultados, pero hay un intento de cumplir esa sentencia. En otros Estados y sobre todo a raíz de determinados cambios políticos, empieza aparecer una suerte de desentendimiento y el último caso, concretamente el de Nicaragua, hay una actitud directamente de rebeldía, de decir “yo no cumplo, porque me voy a ir de la OEA”. Entonces hay ataques muy duros sobre el Tribunal.
Claramente, los casos en los cuales el Estado toma esa posición, vira hacia una posición de desacato y de incumplimiento, son casos que tienen una profunda raíz política que tienen que ver con los gobiernos que están en esos países y ahí es cuestión del sistema. Lo que quiero decir, es que en la medida en que no haya un abierto desacato, la Corte va seguir convocando audiencias, va seguir pidiendo informes, va seguir marcando los incumplimientos y va seguir cumpliendo su función, hasta donde su reglamento y la Convención Americana se lo permitan, en eso que no quepa duda.
La Corte tiene la misión de colaborar en el cumplimiento de sus sentencias por los estados, apelando al diálogo y siempre dejando abierta la posibilidad de revertir esas situaciones de desacato que son extremas y felizmente muy excepcionales.
Personalmente, una de las cosas que pienso impulsar, es un fortalecimiento de este aspecto. Un fortalecimiento y un cambio en el mecanismo de supervisión de ejecución de sentencias. No lo puedo adelantar, porque obviamente lo tengo que hablar con mis colegas previamente, pero creo que hay que ser mucho más activos en esta etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias y que tiene que haber una asignación de responsabilidades directamente al pleno de la Corte y a sus jueces y juezas.
Es decir, asumir de una manera directa por el pleno de la Corte y por sus jueces y juezas de manera individual, el seguimiento de los casos de supervisión de cumplimiento, esto es un proyecto que tengo in pectore, que obviamente una vez que asuma la presidencia tengo que hablarlo con las y los colegas, pero pienso que ahí puede haber un cambio que nos lleve a una mayor actividad en este aspecto. Lo que hemos visto es que algunos casos son muy difíciles y que demandan mucho esfuerzo y atención.
Cuando un juez o jueza o grupo de ellos, va al país concernido, realiza audiencias, habla con las autoridades, habla con las víctimas, genera un estado de dialogo respecto a la problemática de la sentencia cuya supervisión se está realizando, ahí mejora sustancialmente el cumplimiento y sobre todo el compromiso, porque en definitiva hay un tema de compromiso político, un compromiso institucional del Estado en el cumplimiento de la sentencia. Y también, a veces hay que luchar contra ese factor que complica ese diálogo, a veces hay cierta inflexibilidad de las personas implicadas en el cumplimiento. Entonces la función de la Corte acá básicamente radica en generar los acuerdos necesarios y sobre todo los compromisos para seguir avanzando en la ejecución de las sentencias en general.
A diferencia del Sistema Europeo de Derechos Humanos, donde existe un mecanismo político de seguimiento de sentencias a través del Comité de Ministros del Consejo de Europa, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el seguimiento de cumplimiento de sentencias se desarrolla en sede judicial por parte de la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien es cierto que hay estados que hacen esfuerzos por cumplir estas sentencias, otros en cambio se encuentran en una situación de rebeldía.
Agenda Estado de Derecho: Respuesta compleja pero muy completa. Tal vez justamente en esta línea, que también ya ha mencionado, creo que, en la segunda o tercera pregunta, casos importantes este año en materia de género han llamado especial atención y han tenido mucha repercusión en los medios. Uno de ellos, es el caso de la periodista Jineth Bedoya. Otro, es el caso Manuela.
Todo esto nos muestra que todavía tenemos que trabajar en un cambio cultural en la región frente a la perspectiva de género y obviamente esas sentencias de la Corte en esta línea son importantes, útiles y sobre aspectos clave para la región. Entonces, nos gustaría saber ¿habrá más sentencias de este tipo?, ¿van a seguir en esta línea y que mensaje quieren mandar a los Estados o que herramientas les podrían dar?
Importante la pregunta. A las dos sentencias que usted señala, yo agrego Vicky Hernández, es una sentencia muy importante sobre el asesinato de una mujer trans en Honduras.
Quiero decir que no puedo comprometer a futuro a la Corte. Un dato que no es menor, es que de siete jueces y juezas que integramos la Corte, hay cuatro que ingresan por primera vez. Entonces, habrá que esperar cómo se decantan, cómo ellos y ellas van planteando sus líneas jurisprudenciales. Sin perjuicio de que descuento que se seguirá profundizando y desarrollando la jurisprudencia en estos puntos.
A mí todos estos casos me tocaron mucho. Son casos en los cuales creo que la Corte ha colocado estándares, que son como líneas de acción que se han vuelto infranqueables. Creo que lo que hay que esperar de aquí para adelante es poder profundizar en esto.
Recuerdo, por ejemplo, que en el caso Vicky Hernández, una de las medidas que se adoptaron. Se dispuso que un Estado que hasta ese momento era muy reacio en este tipo de temática, reconociera públicamente su responsabilidad en la sede del colectivo donde la víctima participaba en defensa de las personas trans. Enviando un mensaje a las autoridades públicas, pero también a la sociedad, en el sentido de cuál es la línea y la orientación de la Corte y cuáles son los aspectos que se pretenden superar.
En el caso de Jineth Bedoya, a mí me preocupó el hecho de cuando una mujer ejerce periodismo y hay una frase que Jineth dijo en el proceso de la audiencia que la he incorporado a mis cursos, cuando tengo que hablar de estos temas siempre vuelvo a esa frase. Ella dice: “Yo era mujer, por ser mujer optaron por secuestrarme, torturarme y violarme. Si hubiera sido un hombre periodista, esto se solucionaba con un sicario.”
Es decir, sintéticamente en ese pensamiento, en esa expresión dicha en una audiencia está dicho todo, está dicho por qué hay una violencia que discrimina, una violencia dirigida perversamente hacia un determinado sujeto. Entonces, a un periodista hombre lo matamos y no habla más, pero sigue habiendo hombres que hablan. A una periodista mujer lo importante es que sobreviva para contar su pena y sufrimiento, a los efectos de amedrentar y atemorizar al resto de mujeres periodistas. Y esto a mí me conmovió especialmente y me parece que es un estándar muy alto colocado por la Corte en este caso y del cual no se va volver atrás. La Corte dispuso la obligación del Estado de crear un Fondo especial, gestionado por la sociedad civil, para atender la situación de estas mujeres periodistas.
En el caso de Manuela, estamos ante un sistema que es total y absolutamente dirigido desde estereotipos negativos de género, donde Manuela fue perseguida por el sistema de salud. Los estereotipos la siguieron primero por el sistema de salud que leyó un aborto cuando era un parto a término la causa de ingreso; segundo por la legislación que existía en este caso, donde una mujer podía ser penada de 30 a 50 años de prisión por la muerte de su hijo, por algo que no fue probado. Y tercero, por el sistema judicial que la condena en base a estereotipos, un sistema judicial ante el cual no tuvo una defensa efectiva.
La Corte seguirá considerando estas temáticas. En una sentencia que todavía está por salir en este periodo, que es Pavez Pavez contra Chile se podrá profundizar seguramente. Se trata de una profesora de religión que es corrida de su cargo por ser lesbiana. En función de su orientación sexual la corren de su cargo, la destituyen. Este es un caso también donde la Corte se está planteado la necesidad de ir en esa línea de Vicky, en esa línea de una violencia que se desata, que se profundiza perversamente en función de una cuestión de género de la víctima.
La Corte ha decidido en el 2021 y tiene pendiente otras dos sentencias muy importantes, además de Jineth Bedoya, respecto de libertad de expresión, que son pueblos Mayas Kaqchikel y otros versus Guatemala, relativo al tema de la distribución de frecuencias con relación a radios comunitarias y el caso de periódico El Universo, Palacios Urrutia versus Ecuador. Entonces vuelvo a repetir, en general hay una jurisprudencia muy importante que ha emitido la Corte y otros casos igual de trascendentes, cuya sentencia va dictar con una nueva integración de jueces y juezas. Estoy recordando en este momento Vera Rojas que es el caso de una niña que padece una incapacidad absoluta y a la cual el sistema de salud de Chile pretende negarle la cobertura para una hospitalización domiciliaria.
En fin, qué es lo que quiero decir con esto, creo que esta integración de la Corte en su cierre ha dado una cantidad de pasos gigantescos en materia jurisprudencial. Creo que ahora ingresamos a un periodo en el cual vamos a tener que esperar, que las nuevas juezas y el nuevo juez, se integren y conformemos un equipo, y ahí determinar una línea jurisprudencial que para los tres jueces que quedamos y que hemos suscrito toda esta jurisprudencia con algunas pequeñas diferencias pero no sustanciales, vamos a avanzar. Pero creo que viene un periodo en el cual va a haber que esperar los primeros pronunciamientos. Se va a tener que ver de qué manera se realiza el timing con la situación política del continente.
En fin, yo creo que – vuelvo a lo primero -, que en esta instancia lo más importante, es fortalecer la jurisprudencia de la Corte, fortalecer a la Corte como institución, blindarla de posibles ataques, a los efectos de poder seguir cumpliendo su función, porque recordemos que la historia de la Corte está llena de momentos de este tipo, está llena de situaciones en las cuales hay países que se sienten agredidos por la Corte y la atacan. No obstante, la Corte ha logrado superar esa situación. Esta resiliencia, la tenemos que emplear a fondo en este periodo. Estoy pensando en mis dos años de presidencia como el periodo más inmediato que está definido, en cuanto al futuro de la Corte como línea de acción.
Agenda Estado de Derecho: Perfecto, muchas gracias por esta respuesta tan empática, y con esto también queremos cerrar la entrevista, con una pregunta que es un poco más personal. Usted ha sido juez vida lo largo de su vida profesional. Ayer vi en su hoja de vida que entró a la magistratura en el 1989. Ha sido presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay. Toda una vida de juez y trabajando en la ética judicial. Por eso me gustaría preguntar, también para las futuras generaciones, ¿Cuáles cualidades o virtudes tiene que tener un buen juez y cuales retos tiene que enfrentar en su carrera?
Una excelente y desafiante pregunta. Yo creo que las tres virtudes esenciales de un juez son: independencia, imparcialidad e integridad.
Cuando hablo de integridad hablo de responsabilidad, hablo de un juez o jueza -como dice el Código de Ética Judicial Iberoamericano- que es responsable del ejercicio de sus funciones, que actúa de manera cortés, que preserva el secreto, que es honesto. Y, la honestidad tiene que ver no solo con lo que todos consideramos riesgos de corrupción evidentes. Jueces que pueden favorecer a determinados intereses, actúan sin la honestidad. Un juez debe dictar su sentencia sin preocuparse lo que vaya a pasar con ella ante un tribunal superior; eso también es honestidad intelectual.
Esto siempre se los digo a mis estudiantes en mi tarea de capacitador “lo que hay que medir son las consecuencias de la sentencia.” Yo creo en un juez que estudia y evalúa realmente en qué condiciones su sentencia va a incidir en el mundo real. Es decir, de qué manera su incidencia en el mundo real es viable. No se puede hacer sentencias para no ser cumplidas. Tienen que ser sentencias que respondan al equilibrio de un correcto análisis del derecho, de una correcta argumentación, pero también un análisis concreto del día después de la sentencia. Estas son características que me parecen esenciales.
Creo que los desafíos que los jueces y las juezas tienen hoy, son primero tener en cuenta la especial situación de vulneración de derechos humanos. Siempre es importante -y esto lo decimos cada vez que tenemos oportunidad de hablar- que el Sistema Interamericano es un sistema que actúa de manera subsidiaria, que el primer garante -y lo ha dicho la Corte Interamericana- y el más oportuno garante de los derechos humanos, es el juez o la jueza nacional. Hay que agotar la posibilidad de que sea el sistema interno, el sistema doméstico, el que viabilice la solución del problema y evite la amenaza o vulneración del derecho. Y, entender que esa gran responsabilidad implica acciones en la línea de hacer efectiva esta demanda o desafío.
Pienso, que vamos a un sistema judicial que va a estar cada vez más requerido, donde como siempre pasa, aparecen nuevas temáticas. Hay dos temas que me preocupan especialmente del futuro. Uno es toda la cuestión del Estado de derecho en el internet. Es decir, el internet tiene un terrible problema de gobernanza global, donde la gobernanza efectiva está a cargo de las empresas, de los grandes jugadores y donde tiene que hacerse efectivo el principio de las Naciones Unidas que los mismos derechos que existen en el mundo real existen en el mundo virtual. Yo digo que el Estado de derecho y la necesidad de ajustarse a la norma y de que haya jueces y juezas imparciales que hagan valer esa norma, también se debe aplicar en el mundo virtual.
El otro es el tremendo desafío del medio ambiente, el cambio climático, el desafío del carbono, porque esto tiene que ver con todos los derechos humanos, tiene que ver con la propia subsistencia de la vida del planeta. Hay previsiones que son tremendas respecto de las consecuencias que se pueden tener debido al cambio climático, el aumento del efecto invernadero y el deshielo de los polos con el crecimiento de los mares donde los países insulares -y tenemos muchos países insulares en la región- corren riesgo de subsistencia. De todo esto, algunos son problemas globales. Pero, por ejemplo, la contaminación interior de la tala de bosques, todo esto debe ser competencia de los sistemas nacionales y los sistemas nacionales deben estar capacitados, aptos y deben tener la fuerza necesaria en cuanto a la ejecutabilidad de sus decisiones para poder ser eficientes y eficaces en estas áreas. Creo que los ODS 2030 mantienen plena vigencia como hoja de ruta hacia un mundo con sociedades participativas e inclusivas que rindan cuenta donde el desarrollo sea sostenible y compatible con el futuro del planeta.
Citación académica sugerida: Fuchs, Marie-Christine. Perspectivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 2022. Entrevista a su nuevo Presidente, Ricardo Pérez Manrique. Agenda Estado de Derecho. 02/04/22. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/corte-interamericana-de-derechos-humanos-2022-ricardo-perez-manrique/
Abogada alemana y Doctora en Derecho de la Universität des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania. Realizó sus estudios de Maestría en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en el Europainstitut de Universität des Saarlandes, Alemania. Cursó estudios de licenciatura en derecho francés. Ha sido investigadora asociada al Instituto Max Planck de Derecho Privado Extranjero y Derecho Internacional Privado en Hamburgo. Fue directora del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad-Adenauer.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
