Poco más se sabe hasta el momento, pero es posible hacer algunas consideraciones iniciales al respecto. En primer lugar, llama la atención que la estrategia fiscal ha sido ir, desde el inicio, hacia lo más alto de la estructura jerárquica de autoridad: el propio presidente Putin, quien desde el año 2000 ha ido concentrando el poder en Rusia y quien es el máximo responsable del ataque armado a gran escala lanzado contra Ucrania desde finales de febrero de 2022.

No obstante, también es importante notar que se trata de un caso muy focalizado, por crímenes de guerra que posiblemente son menos difíciles de probar, si se los compara con otros en los que consideraciones complejas sobre proporcionalidad, necesidad o ventaja militar resultan clave para determinar la legalidad o ilegalidad de los actos. Adicionalmente, las víctimas pertenecen a un grupo protegido muy específico y el vínculo y la participación de los acusados en los hechos denunciados resulta bastante claro. Como se señaló previamente, existen documentos oficiales, declaraciones y fuentes accesibles públicamente que dan cuenta de los actos del presidente y la comisionada en el esquema de traslado y adopción de niños y niñas. Uno de los mayores retos en las investigaciones sobre atrocidades masivas suele ser cómo conectar a las figuras de más alta jerarquía con los hechos concretos del crimen, pero no parece ser el caso en las acusaciones contra Putin y Lvova-Belova.

En este sentido, es importante recalcar que no se trata de una investigación por el crimen de agresión, dado que la CPI no tiene jurisdicción en esta situación específica. Por el momento, tampoco contempla otros presuntos crímenes de guerra o de lesa humanidad cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania. No obstante, es posible que existan otros cargos que todavía no se hayan hecho públicos o que en el futuro se añadan otros delitos. De hecho, según un reportaje del New York Times, la Fiscalía de la CPI ha adelantado otra investigación por crímenes de guerra en torno a los ataques contra infraestructura civil en Ucrania.  Sin embargo, hasta la fecha no existe información oficial al respecto.

Con todo, cabe resaltar que la estrategia fiscal inicial pareciera contrastar con la mayoría de casos recientes presentados contra líderes de alto, o incluso medio rango, en los que se acumulan múltiples cargos tanto por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y, en algunos, inclusive genocidio. La determinación del alcance de la acusación es un aspecto clave en los casos de atrocidades masivas y las opciones disponibles tienen tanto ventajas como desventajas. Por ejemplo, una acusación focalizada puede contribuir a la agilidad, claridad y simplicidad del proceso, lo cual es beneficioso para todas las partes. No obstante, puede ser objeto de crítica por dejar a muchas víctimas fuera o no cubrir de forma adecuada las distintas formas de criminalidad registradas. Por el contrario, una acusación más exhaustiva puede reflejar mejor las demandas de las víctimas y presentar un relato más integral de lo sucedido, pero suele provocar que los procesos se alarguen por años y hacer mucho más compleja la labor de fiscales, defensores/as y jueces.