El documento del Fiscal puede ser evaluado como muy técnico y apegado a los lineamientos del Estatuto, así como a la jurisprudencia de la Corte, por lo que se considera altamente probable que la SCP autorice la reanudación de la Investigación. Dicha autorización, podría suscitar el escenario de que el Estado venezolano no esté de acuerdo con una posible autorización de la investigación. A los efectos, el artículo 19 del Estatuto de Roma permite a los Estados volver a presentar otra ‘solicitud de aplazamiento de la investigación’. No obstante, para que tal solicitud tenga efecto, el Estado debe presentar “hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias” (véase artículo 18.7 del Estatuto).

La posible aplicación o no de los artículos 18 y 19  del Estatuto de Roma en la situación de Venezuela podrían abrir un gran abanico de posibilidades. Uno de ellos sería el de la ampliación de los plazos procesales entre la solicitud y la autorización. Por ejemplo, se puede apreciar como primer antecedente la situación de Afganistán en donde transcurrió un año desde la solicitud para reanudar la investigación hasta la autorización de la Corte.

Se destaca que, en caso de que se reanude la investigación, la Fiscalía podría emitir órdenes de captura o de presentación ante la Corte, así como cualquier otra solicitud procesal, ante lo cual podrían suscitarse dificultades de cumplimiento efectivo a falta de una ley de cooperación en Venezuela que delimite cada una de esas actuaciones. Se suma que la investigación de la CPI buscará, en la mayor medida, alcanzar a los altos mandos, así se desprende de la solicitud presentada por la Fiscalía en noviembre de 2022; por lo tanto, los desarrollos posteriores a una posible autorización de investigación podrían tener grandes implicaciones en el aparato estatal venezolano. Lo indicado no puede ser evaluado sin considerar el entorno, tanto nacional como internacional, en el que está inmerso Venezuela, entre estos destaca la grave crisis humanitaria. Otro escenario a ser considerado es evaluar en qué medida la ‘complementariedad positiva’ y la apertura de una oficina de la Fiscalía en Venezuela, de acuerdo con el Memorándum, serán realmente exitosas en el país sudamericano. Finalmente, habrá que evaluar en qué medida el Estado venezolano adoptaría una ley para ilegalizar las organizaciones no gubernamentales, en especial aquellas dedicadas a la defensa de los derechos humanos,  puesto que tales acciones pueden ser evaluadas por la Corte como un elemento probatorio sobre la existencia de una política de persecución (véase párrafo 40  Policy Paper on case selection and prioritisation).