Cinco aportes y una deuda: lo que deja la histórica C-055 de 2022 de la Corte Constitucional en Colombia

17 de Marzo de 2022
ABORTO Y PREVENCIÓN: LA RESPUESTA DE COLOMBIA
Crédito foto: El Colombiano

La Corte Constitucional de Colombia despenalizó la IVE hasta la semana 24 de gestación ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión? 

Con la Sentencia C-055 de 2022, la Corte Constitucional de Colombia vuelve a ser, como hace 15 años, referente mundial en derechos reproductivos. Se une así a la tendencia de decisiones emblemáticas recientes de altas cortes del Sur Global (México, Ecuador, Tailandia y Corea del Sur). Con base en el comunicado de prensa, existen cinco aspectos a resaltar en esta decisión y al menos uno en el que se quedó corta.

Cinco aportes

1.) La evolución en las interpretaciones autorizadas de diversos tratados internacionales, entre otros, fue lo que permitió volver a revisar la constitucionalidad del tipo penal de aborto después de más de una década. Para el Tribunal, estas fuentes, que propugnan por la despenalización del aborto más allá de las tres causales definidas en el 2006 “inciden en una nueva comprensión constitucional del fenómeno”. Otros tribunales de la región latinoamericana, que ya aplican directamente el derecho internacional de los derechos humanos, deberían pronto aterrizar estas interpretaciones a sus propios contextos.

2.) La Corte identifica una conexión entre los derechos reproductivos y la eliminación de las violencias de género, a la luz de varios de sus desarrollos jurisprudenciales recientes, los cuales también permitieron reexaminar el tipo penal de aborto. Este enfoque va en la línea del Comité CEDAW para el cual la penalización del aborto es una forma de violencia basada en género. 

3.) La Corte ratifica que “la tipificación de la conducta se fundamenta en un criterio sospechoso de discriminación: el sexo”. Las cifras oficiales sobre la aplicación de este tipo penal en Colombia demuestran que al menos el 61% de las indiciadas son mujeres y que los casos contra el negocio del aborto inseguro son menos del 3%, con lo cual está comprobado que el efecto de la norma tiene todo que ver con la categoría sospechosa.

4.) La Corte, por primera vez, toma en consideración dos grupos tradicionalmente excluidos del reconocimiento y acceso a la interrupción voluntaria, legal y segura del embarazo: las mujeres en situación migratoria irregular y, como en la sentencia mexicana, otras personas gestantes que no pertenecen o se identifican con la categoría mujer. La decisión llega en un momento en el que Latinoamérica y el Caribe y el mundo viven intensos y diferentes fenómenos de movilidad humana en condiciones que tienen un impacto particular en las mujeres y en sus derechos reproductivos. Ante este panorama, la C-055 se convierte en un precedente a ser replicado en otros países de tránsito y destino.   

5.) El Tribunal cambia el paradigma de abordaje de la libertad de conciencia. Este derecho ha sido mayor y erróneamente presentado hasta el momento como opuesto a los derechos reproductivos, al incorporar la posibilidad de objetar conciencia a su prestación. La Corte contundentemente afirma que, de hecho, la libertad de conciencia protege la posibilidad de interrumpir voluntariamente un embarazo y, en conciencia, “quienes deciden procrear voluntariamente, como quienes deciden no hacerlo, ejercen su libertad sexual y reproductiva y en ella ponen en práctica su sistema individual de creencias y valores”. Y no solo eso, sino que la protección de esta expresión de la libertad de conciencia es intensa pues está conectada fuertemente con la integridad física y emocional y, en la misma línea que la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, con la dignidad humana. Esto no es menor ya que la dignidad humana es base fundamental de la Constitución de 1991, como fue reafirmado recientemente en la decisión de la inconstitucionalidad sobre la cadena perpetua.

El eje central y la deuda

La parte clave es el análisis de constitucionalidad frente al principio de uso del derecho penal como ultima ratio, que la Corte ata también con la dignidad humana. No solo reconoce que la penalización del aborto es inútil para proteger el bien jurídico de la vida en gestación, e innecesaria ya que existen mecanismos alternativos menos lesivos de los derechos reproductivos, sino que, y esto es lo más importante, fue más allá al aceptar que la regulación exclusivamente penal y la falta de regulaciones no penales han desprotegido, no solo los derechos reproductivos, sino también el mismo bien jurídico de la vida.

Estuvo cerca la Corte de poner del mismo lado estos dos extremos que se han visto como absolutamente opuestos. Como lo he dicho en otras publicaciones, hemos operado bajo una falsa -al menos magnificada- tensión entre la vida prenatal y los derechos reproductivos, cuando en realidad el uso del derecho penal perjudica a todos los derechos y principios involucrados, y una regulación por fuera de este ámbito los protegería de forma mucho más efectiva a todos.

Sin embargo, la Corte en últimas vuelve a la aproximación de la tensión entre dos extremos, justificándolo en parte en no sacrificar “en un alto grado la competencia Legislativa, tan cara al Estado de Derecho”. Reconoce que el balance propuesto en 2006 con las tres causales no eliminó las afectaciones intensas a los derechos reproductivos y por tanto es necesario “un mejor equilibrio que el actual”. Su solución es “un óptimo constitucional” que viene dado por la introducción de un sistema de plazos y un exhorto al Ejecutivo y al Legislativo de una política pública integral fuera del ámbito penal, que no suspende los efectos del fallo. La Corte hizo un control de constitucionalidad que atendió las realidades en las que operan las normas, de manera muy similar a la reciente sentencia sobre la eutanasia.

A pesar de lo histórico de la decisión, este óptimo y la gradualidad e incrementalidad de la protección de la vida prenatal a la que acude la Corte, con base en Artavia Murillo Vs. Costa Rica de la Corte IDH, se debe dar en regulaciones no penales, y la Corte tenía toda la argumentación y evidencia para eliminar el delito de del aborto, como habíamos pedido. Este paso ya se ha dado en varios lugares del mundo con buenos resultados y lo acaba de recomendar tanto la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia como la Organización Mundial de la Salud. No hubiera sido la primera vez que la Corte elimina un delito por uso excesivo del derecho penal o por ser discriminatorio.

Frente a la escogencia del límite máximo en el sistema de plazos, la Corte, como órgano judicial arribó a “una solución jurídica –y no moral–”, y con menos indeterminación que otras opciones que exploró. Usó el “concepto de autonomía”; es decir, cuando “se acredita una mayor probabilidad de vida autónoma extrauterina (cercana a un 50%), circunstancia que se ha evidenciado con mayor certeza a partir de la semana 24 de gestación”. Este plazo máximo a la interrupción del embarazo por la sola voluntad de la persona gestante, no es extraño en el derecho comparado como lo demuestran los ejemplos del comunicado. Si bien son realmente raras las interrupciones más allá de la semana veinte y se reducirán aún más al existir menos barreras de acceso, mujeres y niñas vulnerables hubieran quedado excluidas con un plazo más corto. Hubiera sido incoherente en una decisión que atiende a las realidades, además de ser arbitrario por falta de fundamento científico. Ahora, este plazo debería estar fuera del Código Penal.  

A pesar de la deuda, la C-055 de 2022 es un fallo histórico por el avance en derechos reproductivos y su argumentación jurídicamente rica deberá ser tenida en cuenta por otros poderes judiciales en Latinoamérica y el mundo.

Citación académica sugerida: Ardila, Mariana. Cinco aportes y una deuda: lo que deja la histórica C-055 de 2022 de la Corte Constitucional en Colombia. Agenda Estado de Derecho. 2022/03/17. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/lo-que-deja-la-historica-c-055-de-2022-de-la-corte-constitucional-en-colombia/

Palabras clave: aborto, Corte Constitucional, Colombia, derecho penal, derechos reproductivos.

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ACERCA DE LA AUTORA
Mariana Ardila

Abogada de la Dirección Legal de Women’s Link. Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Demandante en el caso que derivó en la sentencia C-055 de 2022.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.