Si se toman los datos de todas las constituciones de América del Sur, el país promedio sustituye su Constitución cada 24 años. La revisión del patrón promedio de sustitución constitucional de los países de la gráfica arroja los siguientes resultados: como punto de referencia máximo está Argentina con 66 años y como mínimo está Venezuela con siete años. No obstante, el dato depende de los periodos de cada país, que en concreto son: Ecuador, 10; Bolivia, 11; Perú, 15; Guyana, 16; Surinam, 19; Brasil, 27; Colombia, 27; Chile, 28; Uruguay, 31; y Paraguay, 34. 

Sin embargo, existe una amplia heterogeneidad y aplicada la desviación estándar, el resultado es de 16 años de vida en promedio de una constitución. En consecuencia, se esperaría (con una confianza de 95% de precisión) que un país suramericano seleccionado aleatoriamente sustituya su Constitución en un intervalo de entre 15 y 33 años. Pues bien, la Constitución colombiana de 1991 acaba de cumplir 30 años y la chilena de 1980 será remplazada 41 años después.

Sería absurdo interpretar fenómenos sociales solo con cifras, sin tener en cuenta los contextos, razón por la cual, en paralelo a la revisión de los datos, su lectura debe darse a partir de las coyunturas históricas, ya que no es lo mismo la turbulencia de las independencias en las que afloraron múltiples constituciones al inicio del siglo XIX, la influencia de la guerra fría en la segunda mitad del siglo XX o los desafíos que en el siglo XXI debe enfrentar América Latina. En particular, las fuerzas políticas de la región —liberales, conservadoras y progresistas—tienen la obligación de mantener constituciones en el largo plazo y no, en los términos de Hernando Valencia Villa, reducirlas a meras cartas de batalla para acomodar los intereses de gobiernos de turno.

Partiendo de esta premisa, al comparar las protestas de Chile con las de Colombia, a pesar de las similitudes, las diferencias desde el punto de vista constitucional e histórico son abismales. En Chile, la Constitución de 1980 duró redactándose casi siete años, nació en un contexto autoritario y fue escrita por una Comisión de ocho juristas —blancos, varones, católicos, afines al régimen— cuya propuesta, después de deliberar durante cinco años, sería recortada por el Consejo de Estado y la junta militar para ser sometida a ratificación por vía plebiscitaria sin la posibilidad de oposición democrática real. 

Como lo señala el escritor chileno Arturo Fontaine, el efecto simbólico de que fuera la Constitución de Pinochet, a pesar de haber sido reformada posteriormente en democracia, sirve para entender el reclamo y la solución chilena a la crisis. 

Por el contrario, en Colombia, como lo señala el jurista colombiano Manuel J. Cepeda, la Constituyente surgió en un contexto totalmente distinto. Desde las calles, el movimiento de la Séptima Papeleta permitió activar la necesidad de remplazar la Constitución de 1886, que después de cien años de vigencia era difícilmente aplicable a un mundo en proceso de globalización y ad portas del siglo XXI. La redacción del texto de la Constitución de 1991 se dio en un contexto pluralista en el que tanto hombres como mujeres de distintos orígenes y colores fueron elegidos para redactar una Carta Política.