Hace algunas semanas, volvió a estar nuevamente presente en las noticias nacionales e internacionales el pueblo de Necoclí, ubicado en el Urabá antioqueño colombiano. Una vez más, sus playas y calles fueron protagonistas en los periódicos por el represamiento de miles y miles de personas migrantes de nacionalidad haitiana, pero también provenientes de Cuba y de los continentes asiático y africano, las cuales suelen transitar por este pequeño municipio colombiano con el fin de llegar a Panamá, para luego continuar su viaje hacia el norte del continente americano. 

Esta situación cada vez deja sobre la mesa las mismas preguntas: ¿cómo protegemos los derechos de las personas migrantes en tránsito? ¿Cuáles son las obligaciones de los Estados por los cuales transitan? ¿Cuáles son las razones por las cuales las personas migrantes emprenden este viaje?

Uno de los artículos ganadores del Premio Pulitzer 2021 ha descrito una vez más lo que desde años se viene repitiendo sobre esta travesía por el Tapón del Darién: que es una de las rutas más peligrosas del mundo, donde en una densa selva se mezcla el tráfico de personas migrantes con el tráfico de droga y donde hay presencia de grupo paramilitares. Pero esta no es una situación novedosa sino todo lo contrario.

Las noticias recientes que llegan de Necoclí cuentan que este represamiento, en particular, se debe a un aumento en la llegada de personas, que sobrepasó la capacidad de las lanchas que prestan el servicio de transporte. Estas embarcaciones son las que suelen llevar a las personas migrantes hacia Capurganá, en el departamento del Chocó, desde donde hacen el intento de atravesar la selva del Darién para llegar a la frontera colombo-panameña y, de allí, seguir con su viaje por Centro América hacia Estados Unidos y Canadá. 

Ante estas circunstancias, que han excedido la capacidad del municipio colombiano, las autoridades locales hicieron varios llamados al Gobierno Nacional y a la autoridad migratoria a fin de articular esfuerzos para resolver lo que el mandatario local ha llamado “la peor crisis migratoria que ha vivido el Urabá en los últimos años”. La Defensoría del Pueblo, que ha hecho presencia en Necoclí y se ha reunido con las autoridades locales y las instituciones, declara haber registrado el tránsito por esta ruta migratoria de hasta 33.000 personas en lo corrido del año. El mismo Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en marzo de 2021 alertaba que, entre 2017 y 2019, la cantidad de niños y niñas que había transitado por esta ruta migratoria se había multiplicado 15 veces. 

Asimismo, hace poco menos de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas urgentes y luego provisionales en el caso Vélez Loor vs. Panamá, ante la situación de represamiento que se había creado en los centros la Peñita y Laja Blanca. Estas son dos estaciones de recepción migratoria ubicadas en la Provincia del Darién panameño, zona fronteriza con Colombia. Allí, a causa de las medidas de cierre de fronteras adoptadas a raíz de la pandemia, quedaron detenidas las personas migrantes que pretendían transitar por territorio panameño, en condición de hacinamiento y sin que se pudiera garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias para prevenir su contagio. En este contexto, la Corte IDH requirió al Estado panameño, entre otras, la adopción de “todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas” que se encontraban en estas estaciones migratorias, entre las cuales había mujeres embarazadas y menores de edad. 

Esta migración, así como ocupa las primeras páginas de los periódicos por algunos días, en seguida desaparece para volver a estar presente en el siguiente represamiento. Se trata de un flujo migratorio que lleva años siendo invisible e irrelevante en la política pública migratoria nacional, en el entendido de que Colombia es nada más que territorio de tránsito para estas personas y que las autoridades nacionales solo son requeridas para facilitar su salida y nada más. Tanto es así que las autoridades colombianas y panameñas han llegado a un acuerdo para limitar el número de personas que será autorizado cada día para atravesar la frontera entre los dos países, de forma tal que se eviten futuros represamientos. Este sería un acuerdo similar al que Panamá tiene con Costa Rica – conocido como “Operación Flujo Controlado” – el cual establece el número máximo de personas autorizadas a transitar por la frontera.

Ahora bien, cabe recordar que independientemente del motivo por el cual la persona migrante ha hecho ingreso en el territorio nacional, su estatus migratorio o su voluntad respecto a su destino y viaje, los Estados tienen la obligación de responder por los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción y esta obligación incluye a las personas migrantes en tránsito.  

Este flujo migratorio, además, revela la ilusión sobre la cual se basan las políticas migratorias restrictivas o con enfoque de seguridad, así como sus efectos perversos. Lejos de disminuir la migración, la imposición de requisitos imposibles de cumplir para ingresar, transitar y permanecer de forma regular en un país tiene como efecto que las personas migrantes encuentren otros caminos para realizar su propósito. Estas son rutas en las cuales arriesgan sus vidas, son víctimas de abusos y violaciones, pero son el único medio que tienen para llegar a su destino. Lo mismo ocurre, con las debidas diferencias, con las miles y miles de personas que han intentado atravesar el mar Mediterráneo en los últimos años. 

Así, aunque estos episodios no dejan de repetirse aquí como en otros lugares, la lección parece no haberse aprendido todavía. Y esta es que lo que hace falta no es solo facilitar el tránsito de estas personas para que puedan seguir con su viaje, sino que es aumentar los canales regulares para migrar. Esto con el fin de que esta migración, realmente, pueda ser ordenada, pero sobre todo segura, así como los países de la comunidad internacional se propusieron firmando el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en 2018.