Personas con discapacidad: El grupo al que se sigue dejando atrás en Paraguay

28 de Febrero de 2023
Personas con discapacidad: El grupo al que se sigue dejando atrás en Paraguay
Foto de Possessed Photography en Unsplash.

¿Cuál es la situación actual de los derechos de las personas en situación de discapacidad en Paraguay?

La falta de datos es un asunto no menor

El Banco Mundial, en una publicación realizada en marzo de 2021, sostiene que el 15 % de la población mundial experimenta algún tipo de discapacidad.  Sin embargo, en Paraguay, hasta la fecha se desconoce el porcentaje de personas con discapacidad existente en el país, no contándose con información actualizada de carácter demográfico o administrativo, desglosada por edad, género, y otros parámetros. El último dato recopilado es de 2012.

Diez años después, en noviembre de 2022, el Instituto Nacional de Estadística (INE), dirigió la recopilación de datos de la población para el Censo Nacional de Población y Viviendas del Paraguay, generando enormes expectativas en las personas con discapacidad, al comunicar, desde distintos medios y páginas oficiales que, en el transcurso de los años previos al censo, había realizado distintos esfuerzos y capacitaciones para incorporar variantes conceptuales y metodológicas, con el propósito de que las personas con discapacidad se vean reflejadas en los sistemas de información del país. Pese a todas estas acciones citadas por la entidad del Estado, llegado el momento, habiendo realizado todas las pruebas de los cuestionarios censales, y sin aviso o participación de las organizaciones de y para personas con discapacidad, decidieron excluir dos de las seis preguntas indicadas por el Grupo Estadístico de Washington. Estas dos preguntas mencionadas, hacían referencia a las discapacidades de tipo intelectual y/o psicosocial, impidiendo la identificación de miles de personas que tienen esa condición.

Lo mencionado anteriormente, ratifica las complejidades para medir la discapacidad, citada en distintos documentos  por varios países de la región, y nos permite sostener que en Latinoamérica hay un enorme porcentaje de personas con discapacidad que se encuentran invisibilizadas. De tal manera, surgen las siguientes preguntas: Quien no es contado, contabilizado o identificado, ¿existe para el Estado?  Y, finalmente, ¿cómo hace el Estado y quiénes se encargan de su administración, para promover políticas públicas efectivas que respondan a realidades y no a supuestos, creencias o tabúes? Las respuestas a estas interrogantes son reflejo de la triste situación actual que viven muchas personas con discapacidad en varios lugares del mundo.

Tomar conciencia, una tarea no chequeada para promover los derechos de las personas con discapacidad

Promover y asegurar la toma de conciencia para hacer efectivos los derechos de este sector, forma parte de los compromisos asumidos por Paraguay y por aquellos países que han ratificado la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD). A pesar de esto, las barreras existentes dejan ver que los estereotipos, los tabúes y los paradigmas en torno a las personas con discapacidad, se encuentran aún muy arraigados y presentes en la sociedad y en los administradores del Estado, quienes, ya sea por desconocimiento o por falta de sensibilidad, no poseen un compromiso real que pretenda cambiar la situación actual de la población con discapacidad.

Si quien se encarga de la administración del Estado, desconoce o no interpreta a profundidad el modelo social para abordar la discapacidad, intenta dar respuesta a las problemáticas de este sector desde el capacitismo, e ignora que la accesibilidad es un derecho habilitador de otros derechos, probablemente las soluciones que intente brindar a las problemáticas de este sector de la población serán erradas, y estarán promovidas desde la caridad, sin reconocer la dignidad inherente y la capacidad de aporte a la sociedad de las personas con discapacidad.

Para cambiar esta situación, los Estados deben promover planes, programas y políticas públicas pensados desde un enfoque integral, inclusivo y de derechos humanos. Asimismo, estos siempre deben contener acciones que generen la toma de conciencia en quienes toman las decisiones estatales, así como en toda la ciudadanía, la cual también debe comprender la necesidad de un rol activo en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

¿Desea realmente el Estado paraguayo ser inclusivo?

Medir el porcentaje de inversión pública, es directamente proporcional a poder responder si los Estados desean (o no) ser inclusivos. Un claro ejemplo de esto se da en Paraguay, donde la situación de las personas con discapacidad únicamente ha mejorado en el plano normativo.

Amén de lo mencionado, no existe una ley contra todo tipo discriminación ni un proceso judicial que permita el cese de este tipo de violación de derechos, las problemáticas para acceder a los derechos más básicos, como el derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, al transporte, a la educación, al empleo o al igual reconocimiento ante la ley, siguen siendo algo de todos los días, y la inversión pública en el sector refleja lo mencionado.

Gráfico 1. Presupuesto de la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS)  Años 2018-2022 (en millones de guaraníes)

Conocer nuestros derechos nos permite exigirlos

Un Estado comprometido con la inclusión efectiva y plena de las personas con discapacidad, y la construcción de países que garanticen los derechos y libertades fundamentales de este sector, no solo debe tener datos desagregados, sino que también ha de tomar conciencia e invertir en ellos. También debe generar capacidades en las organizaciones de y para las personas con discapacidad, y promover planes para que líderes y lideresas con discapacidad, sean quienes lleven adelante, junto al Estado, la tarea de promoción y garantía de los derechos del sector.

En Paraguay, el acceso a la educación formal y no formal sigue siendo una deuda pendiente, por lo que aun las propias personas con discapacidad desconocen sus derechos y, por ende, son muy pocas las que deciden organizarse y/o exigirle al Estado que sea garante de estos.

Asimismo, como la inversión pública en el sector es prácticamente nula, así como la capacidad del Estado de hacer frente a la demanda que existe en cuanto a rehabilitación y habilitación, salud, educación y otros; las organizaciones de la sociedad civil en su mayoría son “para” y no “de” personas con discapacidad. De 86 organizaciones registradas en la SENADIS, más del 60% brinda servicios de atención directa a la población con discapacidad, buscando así suplir la incapacidad del Estado de dar respuestas a sus necesidades más básicas.

El acceso a la justicia como un medio para garantizar los demás derechos

La Organización de Estados Americanos (OEA), menciona que el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo y, a su vez, un medio que permite a las personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que les hubiesen sido desconocidos o quebrantado. 

En ese sentido, los Estados no pueden pretender que las herramientas normativas que han promovido hasta la fecha (a la luz de la CDPD) y que generan pautas y principios, sean promovidas y tengan una aplicación efectiva, sin un plan integral con enfoque inclusivo y de derechos que involucre a los poderes del Estado, en especial al Poder Judicial y al movimiento asociativo de la discapacidad. En tal sentido, se debe tener en cuenta que el declarar un derecho, no siempre es suficiente para que el mismo se materialice. Es necesario que aquel pueda ser exigido con fuerza a las personas o entidades que deben garantizar su ejercicio.

Por lo que, si las personas con discapacidad desconocen sus derechos y si no existe un medio para acceder a la justicia eficaz y accesible, con operadores judiciales debidamente capacitados y sensibles hacia la temática, las personas con discapacidad nunca tendrán ningún tipo de herramienta para ser oídas ante situaciones de vulneración.

Finalmente, las situaciones de desprotección y violación sistemática de derechos que se sigue dando en Latinoamérica, nos permite concluir que, el acceso a la justicia por parte del colectivo de personas con discapacidad es limitado y casi inexistente, y que no es utilizado por ellas y ellos como un medio para exigirle al Estado la adopción y aplicación efectiva de recursos para que puedan, en igualdad de condiciones, resguardar y  garantizar sus derechos y el disfrute de todas las dimensiones de su vida.

Citación académica sugerida: Olmedo, Renata. Personas con discapacidad: El grupo al que seguimos dejando atrás en Paraguay. Agenda Estado de Derecho. 2023/02/28. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/personas-con-discapacidad-el-grupo-al-que-se-sigue-dejando-atras-en-paraguay/

Palabras claves: Personas con discapacidad – Derechos humanos – Inversión pública – Acceso a la justicia

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ACERCA DE LA AUTORA
Renata Olmedo Zelaya

Abogada y notaria por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Master en Derecho y Discapacidad por Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en coordinación con la Fundación Derecho y Discapacidad de Madrid, España. Especialista en Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos. Activista por los derechos de las personas con discapacidad.

Asesora externa de la comisión permanente por los derechos de las personas con discapacidad de la Cámara de Senadores del Paraguay. Directora Ejecutiva de Adapta, la primera empresa paraguaya especialista en accesibilidad, ajustes y autonomía personal.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.