CONOCIMIENTO EXPERTO Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO

20 de Marzo de 2023
CONOCIMIENTO EXPERTO Y PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA EN EL PROCESO CONSTITUYENTE CHILENO
Foto de Joakim Honkasalo en Unsplash.

Chile acaba de iniciar un nuevo proceso constituyente, ¿cómo se llevará a cabo y cuál será el rol de la sociedad chilena y del conocimiento experto o especializado?

El fracaso del proceso constituyente de 2021-2022

Cinco meses después del fracaso del proceso constituyente iniciado en 2019, se desarrolla en Chile un nuevo intento de superar la Constitución de 1980, conforme con el mandato popular expresado en las urnas, en el que alrededor de un 80% del electorado votó en favor de una nueva Constitución. Varios de los actores del proceso han señalado se debe poner cuidado de evitar reproducir los problemas que, eventualmente, llevaron al rechazo de la propuesta de nueva Constitución elaborada por la Convención Constitucional de 2021-2022. Sin embargo, es necesario expresar cautela en este sentido, dado que no existe consenso sobre qué factores incidieron en el triunfo del rechazo en el plebiscito de septiembre de 2022.    

En este escenario se corre el riesgo de un diagnóstico errado o de una sobrerreacción, sobre todo considerando que en el debate público se ha difundido la idea de que el carácter eminentemente ciudadano de la Convención Constitucional, que elaboró el anterior proyecto, se construyó a expensas de los partidos políticos y del conocimiento experto de juristas especializados en materias constitucionales. Esta última idea parece explicar el diseño del proceso constituyente de 2023.

El “nuevo” proceso constituyente de 2023

En breve, el actual proceso fue consensuado por los partidos políticos en un documento denominado Acuerdo por Chile, en el que se establecieron los contenidos básicos que debe tener la propuesta, o lo que es lo mismo, sus exclusiones. Su orgánica está dominada por órganos que poseen un cariz técnico. Existe un órgano denominado Comité Técnico de Admisibilidad, nombrado por los partidos políticos con representación parlamentaria, encargado de controlar que las propuestas de normas se ajusten a estas bases. También existirá otro órgano, igualmente nombrado por los partidos políticos, denominado Comité de Expertos, encargado de elaborar una propuesta de nueva Constitución. Solo en la última etapa, y con un ámbito de acción bastante acotado por las definiciones previas, intervendrá un órgano democráticamente electo, denominado Consejo Constitucional.

Conocimiento experto versus participación ciudadana

No se puede negar que el conocimiento experto es importante en la elaboración de un documento que –si bien posee innegables implicancias políticas- juega un rol fundamental en la estructuración del sistema jurídico de cualquier país. No obstante, hasta ahora, este diseño parece transmitir la idea de que existe una tensión entre conocimiento experto y participación democrática. Es verdad, que en la historia del pensamiento político las relaciones entre auctoritas y veritas no han sido sencillas. Por ejemplo, Platón planteó su famosa teoría del gobierno de los sabios, que terminó en una fracasada aventura que casi le cuesta la vida en Siracusa. Más modernamente esta idea ha regresado una y otra vez: John Stuart Mill, propuso que los votos se ponderaran según el nivel de educación de los ciudadanos y, autores como Jason Brennan, han defendido un modelo bautizado como epistocracia, que otorga poder político a los ciudadanos de acuerdo con sus conocimientos sobre asuntos públicos.

De este modo, la escasa participación ciudadana y la idealización del papel de los expertos son dos características centrales del proceso constituyente chileno de 2023. Este itinerario constituyente definido por los partidos políticos representa un problema. Es cierto que los miembros del Consejo Constitucional serán electos por la ciudadanía y, que, en definitiva, esta también se pronunciará en un plebiscito ratificatorio si acepta la propuesta de nueva Constitución. Esto, sin duda es valioso, aunque pareciera ser todavía insuficiente en un mundo en el que la participación democrática es un criterio insoslayable de legitimidad política. En efecto, las grandes crisis políticas de los últimos años se han generado por déficit democráticos, y de hecho la crisis político-institucional chilena de 2019, que fue el evento desencadenante del proceso constituyente, también puede ser leída en esa clave. Incluso, debido a la génesis del proceso, es previsible que las candidaturas al Consejo Constitucional estarán dominadas por los partidos políticos.

Los partidos políticos son un importante vehículo de participación en una democracia representativa, pero no el único. Es más, estos están asociados a un tipo de democracia que ha entrado recientemente en crisis en todo el mundo. En el caso de los plebiscitos o referéndums puede argüirse que, a pesar de que son una importante herramienta de democracia directa, igualmente presentan problemas en casos que se plantean opciones complejas que no pueden responderse fácilmente de manera dicotómica con un sí o un no. Por estos motivos, es doblemente importante la presencia de una participación pública amplia a lo largo de todo el proceso, y no solo en la etapa final cuando ya no es posible presentar propuestas, contribuir al debate o realizar enmiendas al texto. 

La necesidad de una mayor participación democrática

Las razones para confiar en mecanismos amplios de participación ciudadana no son solo de legitimidad política, también lo son de legitimidad epistémica. Por una parte, la literatura ha relevado que el conocimiento experto no es inmune a las valoraciones de la política, porque la política no es sino una manifestación intersubjetiva de la ética, un terreno donde a menudo surgen desacuerdos razonables sobre lo correcto. Precisamente, esta circunstancia explica que en el proceso chileno los partidos hayan pactado el derecho a nombrar a sus propios expertos. Por otra parte, en la última década se han desarrollado en diferentes países innovaciones democráticas que han conciliado exitosamente el conocimiento experto y la participación, lo que muestra que ambas dimensiones no son necesariamente incompatibles. En otras palabras, el conocimiento experto se puede poner al servicio de la democracia y de la deliberación pública.

Sobre esto último, por razones de espacio, no es posible desarrollar en detalle esta idea. Aunque sí resulta útil mencionar brevemente la experiencia irlandesa en materia de asambleas ciudadanas, como un buen ejemplo en esta dirección. Dicho país europeo ha incorporado en sus esquemas decisionales a ciudadanos comunes y corrientes seleccionados por sorteo, quienes están habilitados para formular propuestas a los órganos políticos. En estas asambleas participan usualmente expertos, quienes son convocados por el gobierno, asegurando calidad técnica-científica y que las distintas posturas en la discusión estén representadas, aunque la decisión final siempre la tiene la asamblea ciudadana. Diversos estudios (ver aquí y aquí) han mostrado que personas sin experiencia política pueden deliberar y formular propuestas sobre complejos asuntos, que el conocimiento técnico puede ponerse al servicio de la democracia adoptando los debidos resguardos y que existen ámbitos en el debate público que poseen un eminente carácter moral, por ende, cualquier persona está habilitada para participar si se le provee de los insumos necesario para ello.

En suma, se puede concluir que el proceso constituyente chileno iniciado en 2023 presenta, hasta ahora, un déficit de participación ciudadana, lo que puede redundar en un problema importante de falta de legitimidad de una propuesta que pretende dejar definitivamente atrás el legado de la dictadura. Aunque escaso, aún existe tiempo para enmendar el rumbo. La creación de la Secretaría de Participación Ciudadana parece un paso adecuado en ese sentido, aunque de la reglamentación respectiva, no queda claro cómo los mecanismos allí regulados podrán tener una presencia seria y significativa en las deliberaciones y decisiones del Comisión Experta o del Consejo Constitucional. El tiempo dirá si el nuevo proceso constituyente chileno será capaz de purgar una deuda histórica de legitimidad democrática que en el año 2023 cumplirá ya medio siglo.

Citación académica sugerida: Paredes, Felipe. Conocimiento experto y participación democrática en el proceso constituyente chileno. Agenda Estado de Derecho. 2023/03/20. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/conocimiento-experto-y-participacion-democratica-en-el-proceso-constituyente-chileno/

Palabras clave: Chile, Proyecto de Constitución Política, Plebiscito, Proceso constituyente chileno

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ACERCA DEL AUTOR
Felipe Paredes

Abogado de la Universidad Austral de Chile. Doctor en Derecho, Universidad Pompeu Fabra. Académico y Procedano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile. Especialista en Derecho Constitucional.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.