En Brasil, quienes buscan atención médica de emergencia luego de un aborto inseguro se encuentran ante el dilema de poner sus vidas en riesgo si no obtienen atención inmediata, o colocar sus libertades en riesgo si acuden a un hospital en búsqueda de dicha atención. Esto, dado que la mayoría de las investigaciones penales sobre casos de abortos o emergencias obstétricas inician a raíz de la denuncia del caso a las autoridades judiciales por parte de personal del equipo de salud, en violación del deber de guardar secreto profesional. Ante esta realidad, las defensas penales han cuestionado la validez de la prueba obtenida en violación de dicho deber, con el objetivo de anular el proceso penal. Este artículo analiza la respuesta del sistema judicial brasileño ante esta estrategia y ofrece algunas reflexiones a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.

El sistema universal e interamericano han sido claros en señalar que la confidencialidad de la información médica es necesaria para asegurar la provisión de bienes y servicios médicos aceptables y que, en casos de abortos o emergencias obstétricas, la violación del secreto profesional médico constituye una violación al derecho a la vida privada y a la salud. Sin embargo, la existencia de excepciones ambiguas frente a la revelación del secreto médico en contextos de abortos o emergencias obstétricas como factor detonante de la criminalización, sigue siendo frecuente en la región. El paradigmático caso de Manuela, quien fue condenada a 30 años de prisión por una emergencia obstétrica luego que la médica que la atendió la denunciara, es un claro ejemplo de esta situación.

A continuación, se abordarán brevemente cuatro casos de mujeres que fueron criminalizadas por aborto en Brasil, luego de buscar atención médica de emergencia en servicios de salud. En los cuatro casos, la defensa pública alegó nulidad de la prueba obtenida en violación del secreto profesional. Tras ser rechazados a nivel estatal, los casos fueron resueltos en 2023 por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF).

C.A.P.L., Minas Gerais (STJ): C.A.P.L. fue denunciada a la policía por el médico que la atendió, quien fue además testigo en el proceso penal en su contra. El STJ, aplicando la teoría del fruto del árbol envenenado, anuló la prueba por haber sido obtenida en violación de la prohibición de dar testimonio a quienes deban guardar secreto profesional y ordenó que se investigara al médico. El tribunal destacó que dicho deber forma parte de la ética médica y que la conducta del médico violó el derecho de la paciente a la intimidad y la vida privada.

J.M.B., Sao Paulo (STJ): La médica que atendió a J.M.B condicionó su atención a que aceptara ser denunciada por aborto. El STJ concluyó que hubo violación del secreto profesional, desestimando la acción penal por existencia de prueba ilícita en términos similares a la decisión anterior. La decisión resaltó el interés público en preservar el secreto profesional para mantener la confianza en la función desempeñada por ciertas profesiones.

N.B.M., Sao Paulo (STJ): N.M.B fue denunciada a la policía por la médica que la atendió. El STJ desestimó la acción penal en términos similares a las decisiones anteriores. Destacó que la paciente no debe producir pruebas en contra de sí misma al solicitar asistencia médica para salvaguardar su vida y que la confidencialidad médica debe tener como objetivo principal proteger el derecho a la salud, a la intimidad y a la privacidad de la paciente. 

J.C.C.R., Sao Paulo (STF): J.C.C.R. fue denunciada por la enfermera que la atendió en el hospital. Si bien el STF rechazó el recurso por motivos de competencia, en su voto disidente dos Ministros concluyen que hubo violación del secreto profesional con base en la normativa brasileña e internacional (CEDAW y Comité de Derechos Humanos). Señalan que la criminalización del aborto agrava la situación de las mujeres más pobres, quienes se ven obligadas a recurrir a abortos inseguros y ven violado su derecho a la salud al ser amenazadas de denuncia por personal médico. Concluyen que la falta de acceso a servicios de salud post aborto implica perpetrar la discriminación contra las mujeres, además de constituir una violación a la garantía de no autoincriminación.

Los cuatro casos comparten tres aspectos comunes. Primero, ilustran la realidad de las mujeres brasileñas, en particular de aquellas más vulnerables, quienes al requerir asistencia post aborto de urgencia se enfrentan a la posibilidad de ser denunciadas por quienes tienen el deber de velar por su vida y su salud. Segundo, todos fueron casos patrocinados por defensorías públicas. Esto demuestra el rol central de la defensa pública en la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables y en la elaboración de estrategias de litigio con un enfoque de derechos humanos.

En tercer lugar, el STJ en sus decisiones destacó la importancia de la confidencialidad médica como forma de proteger el derecho a la salud y a la privacidad de las pacientes. Por su parte, el voto disidente en la decisión del STF utilizó argumentos de DIDH. Esto es especialmente relevante dado que, inclusive si el derecho interno permitiera al personal de salud denunciar este tipo de situaciones, cabría igual argumentar desde el DIDH que la prueba obtenida en violación al secreto profesional es violatoria de diversos derechos reconocidos en tratados internacionales y a nivel constitucional, tales como los derechos a la privacidad y a la salud.

Si bien estas decisiones implican un avance jurisprudencial en materia de justicia reproductiva en Brasil, se trata de casos individuales sin efectos generales y aún no existe uniformidad en los tribunales brasileños sobre este tema. Además, al igual que en varios países de la región, las excepciones al deber de secreto profesional en la normativa brasileña no son suficientemente claras, lo cual lleva a una aplicación discrecional o arbitraria por parte del personal de salud. La estrategia utilizada en estos casos puede servir como ejemplo de buena práctica para avanzar en la defensa de mujeres que nunca hubieran debido elegir entre su vida o libertad.