La transición climática también se decide en el directorio: empresas y derechos humanos en América Latina
19 de Noviembre de 2026
La credibilidad climática empresarial se mide en las decisiones de asignación de capital. Tomando como referencia el sector portuario brasileño, así como parámetros de la Corte IDH y de la Ley de Sociedades Anónimas, el texto analiza el deber de diligencia de los consejos de administración para integrar los riesgos climáticos y los derechos humanos antes de aprobar inversiones.
La credibilidad de un compromiso climático empresarial depende de cómo influye en las decisiones de inversión. Al aprobar la ampliación de un terminal portuario o la renovación de una flota, el directorio define qué tecnologías financiará y durante cuánto tiempo operarán. En esa decisión también se fijan los recursos para prevenir impactos. Examinarla permite abordar una cuestión relevante para la transición en América Latina: cómo se distribuyen las responsabilidades y qué lugar ocupan los derechos de quienes pueden resultar afectados.
El sector portuario brasileño ofrece un punto de partida. Según los estados financieros de Porto Itapoá correspondientes a 2025, el terminal privado inició en marzo de ese año su cuarta fase de expansión, centrada en equipos y ampliación del patio. La comunicación de su inventario de emisiones describe, a su vez, inversiones en electrificación y reporta una reducción de la intensidad de emisiones del 1 % en 2024, junto con un crecimiento del 11 % del volumen de contenedores. Una mejora de intensidad, por sí sola, no revela la evolución del total emitido. Para valorar los resultados importan las emisiones absolutas y el alcance de la medición, aunque los datos publicados tampoco permiten reconstruir toda la deliberación interna del directorio.
Los Principios de Gobierno Corporativo del G20 y de la OCDE de 2023 recomiendan que el consejo supervise las grandes inversiones y considere las cuestiones materiales de sostenibilidad. Su capítulo sobre sostenibilidad y resiliencia incluye los riesgos físicos del cambio climático y aquellos asociados a la transición. El alcance jurídico de esa supervisión debe examinarse en cada ordenamiento.
Esa supervisión requiere distinguir los riesgos financieros para la empresa de los impactos que sus actividades pueden generar sobre las personas. Una instalación expuesta a inundaciones plantea problemas de continuidad operativa; los efectos del proyecto sobre la salud de los trabajadores o los medios de vida de las comunidades costeras requieren una evaluación propia.
La relevancia de esos derechos no depende únicamente de que su afectación produzca pérdidas para los accionistas.
Al desarrollar los Principios Rectores de las Naciones Unidas, la guía del PNUD sobre debida diligencia en derechos humanos vincula la evaluación de impactos con decisiones internas y asignaciones presupuestarias. La respuesta a los riesgos identificados necesita responsables dentro de la organización y un seguimiento que incorpore las preocupaciones de las personas potencialmente afectadas.
En el plano regional, la Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana refuerza el deber estatal de regular y supervisar la conducta empresarial frente al cambio climático. Entre otras medidas, contempla legislación sobre debida diligencia en derechos humanos y cambio climático a lo largo de la cadena de valor. Esta orientación no establece, por sí sola, un régimen uniforme de responsabilidad personal de los administradores latinoamericanos.
En Brasil, la Ley de Sociedades por Acciones establece, en sus artículos 153 y 154, deberes de diligencia y ejercicio de atribuciones en interés de la compañía, atendiendo al bien público y a la función social de la empresa. Estas disposiciones ofrecen bases para examinar qué información se utilizó al decidir sobre riesgos previsibles. La eventual responsabilidad de un administrador exige analizar las condiciones legales aplicables, incluidas las del artículo 158. La sola existencia de un resultado ambiental adverso no resuelve esa cuestión.
Un grupo que opera en varios países latinoamericanos necesita incorporar a su política corporativa las exigencias de cada jurisdicción. El órgano que asigna capital debería conocer las condiciones locales del proyecto, aunque la aprobación se produzca en otra sede.
Antes de comprometer capital en una inversión de larga duración, el directorio debería poder comparar sus resultados bajo distintas condiciones climáticas y regulatorias. En un terminal portuario, interesará conocer la exposición a inundaciones y las necesidades de adaptación, junto con las alternativas tecnológicas disponibles. También importa explicar qué incertidumbres permanecen y cómo afectan la comparación. Un operador que sustituye equipos por modelos eléctricos puede necesitar reforzar las conexiones de energía y capacitar al personal para nuevos riesgos operativos. Esas necesidades forman parte del proyecto, aunque sus costos no sean los más visibles al presentar la propuesta.
Los posibles efectos sobre la pesca, la circulación local o las condiciones de trabajo dependerán de las características de la inversión. Para que las preocupaciones de las personas potencialmente afectadas influyan en el diseño, su participación debe producirse mientras existan alternativas abiertas. El diálogo promovido por la empresa debe articularse con los procedimientos públicos correspondientes y respetar las obligaciones específicas de consulta que resulten aplicables.
El presupuesto debe reflejar esas necesidades. Si la prevención depende de estudios adicionales o de seguimiento ambiental, la propuesta debería incorporar su costo y precisar quién lo asumirá durante la operación. Dejar esa definición para después de la aprobación expone su ejecución a nuevas negociaciones sobre recursos y plazos. Además, el retorno esperado puede estar calculado sin contemplar gastos necesarios para llevar adelante el proyecto. Los financiadores pueden incorporar estas cuestiones a su evaluación y vincular desembolsos a hitos verificables. Conviene acordar cómo se comprobará su cumplimiento y qué respuesta corresponde ante desviaciones, considerando la financiación necesaria para corregirlas si las medidas previstas resultan insuficientes.
Al aprobar la inversión, el directorio puede exigir informes periódicos y definir qué cambios justificarían revisar sus condiciones. A la gestión le corresponde ejecutar las medidas y comunicar desviaciones. La supervisión necesita comprobar si esa respuesta funciona. Un comité especializado puede contribuir a esta tarea cuando cuenta con información y atribuciones suficientes para cumplirla.
Cuando intervienen operadores y contratistas distintos, los contratos deberían precisar qué información compartirá cada uno y quién ejecutará las medidas correctivas, atendiendo a las obligaciones legales de cada actor. Una vía accesible para que trabajadores y comunidades planteen sus preocupaciones puede revelar problemas que los indicadores internos todavía no registran.
En las inversiones que acompañarán la transición latinoamericana durante décadas, estas cuestiones deberían resolverse antes de comprometer capital. Las empresas dispondrán así de mejores elementos para evaluar alternativas, y quienes conviven con los proyectos podrán conocer cómo se atenderán sus derechos. Cuando falte información relevante, el directorio puede exigir que la propuesta se complete o aplazar su aprobación. Su capacidad de modificar las condiciones de una inversión da contenido al compromiso climático y permite examinar, después, si los recursos asignados fueron suficientes para cumplirlo.
Citación académica sugerida: Luz, Gustavo Leite Neves da.La transición climática también se decide en el directorio: empresas y derechos humanos en América Latina.. Agenda Estado de Derecho. 2026/11/19. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-transicion-climatica-tambien-se-decide-en-el-directorio/
Palabras clave sugeridas: América Latina; gobernanza empresarial; cambio climático; derechos humanos.
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Es doctor en Derecho Internacional por la Universidad de Hamburgo y postdoctoral fellow (Law & Policy) en Dalhousie University. Investiga derecho internacional ambiental, gobernanza oceánica y remoción marina de dióxido de carbono.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.