¿Una norma de empresas y derechos humanos en la Constitución de Chile? Implicaciones para Chile y América Latina

1 de Marzo de 2022
¿Una norma de empresas y derechos humanos en la Constitución de Chile? Implicaciones para Chile y América Latina
Crédito foto: Lyd

En Chile se propuso la inclusión de un nuevo artículo sobre Empresas y Derechos Humanos en su Constitución ¿Es necesario? ¿Qué efectos generaría en la región?

En julio de 2021, la Asamblea Constituyente (AC) de Chile inició sus funciones. Su mandato es redactar una nueva Constitución que sustituya al texto de 1980 aprobado bajo el régimen de Pinochet. Desde que la AC inició sus trabajos, tanto los constituyentes como la ciudadanía han presentado propuestas de normas a incluir en el proyecto de texto constitucional. (Recomendado: Chile: avanzando hacia una nueva Constitución)

En diciembre de 2021, ocho miembros de la AC  presentaron una propuesta para incluir un artículo sobre Empresas y Derechos Humanos (EDH) en la nueva Constitución, que pretende responder al elevado número de conflictos socioambientales causados por empresas transnacionales (ETN), así como a las violaciones de la privacidad generadas por el creciente control de los servicios de tecnologías de la información y la comunicación por parte de las empresas privadas (paras. 3 y 4).

Esta propuesta se hizo pública en enero por el nuevo vicepresidente de la AC y co-patrocinador del proyecto. De ser aprobado, este artículo elevaría a nivel constitucional las obligaciones de las empresas de respetar, prevenir, mitigar, y remediar los impactos de sus actividades sobre los derechos humanos y el medio ambiente. La propuesta establece lo siguiente:

Art.- x. Deberes de las personas jurídicas. Las personas jurídicas deben respetar los derechos fundamentales y prevenir, mitigar y remediar sus actividades que provoquen consecuencias negativas sobre [el] pleno ejercicio de los mismos.

Se trata del primer intento de incluir en una Constitución una norma que refleje los principios fundamentales de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP). Independientemente de lo que apruebe la AC, la propuesta debe celebrarse como un importante precedente, ya que lleva el debate sobre el régimen de EDH a un nivel constitucional. La buena noticia es que, a inicios de febrero, la Comisión de Derechos Fundamentales de la AC ha aprobado en lo general esta propuesta, lo que significa que este proyecto ha pasado el primer filtro de discusión.

Legislación sobre derechos humanos en Chile y América Latina: Avances insuficientes

Casi 11 años después de la adopción de los UNGP, ningún país latinoamericano ha adoptado una legislación específica sobre EDH. Es más, únicamente Colombia, Chile y Perú han adoptado un Plan Nacional de Acción (PNA), mientras que México ha incluido un capítulo sobre EDH en su actual Plan Nacional de Derechos Humanos. En una región con múltiples problemas de EDH relacionados con industrias extractivas, condiciones laborales precarias, falta de acceso a recursos legales efectivos, ataques a defensoras y defensores del medio ambiente y a líderes indígenas, entre otros, la situación es bastante sombría.

Para justificar su propuesta, se argumenta que, a pesar de contar con un PNA desde 2017, su impacto en Chile ha sido mínimo (para. 7). Además, no se ha modificado significativamente la normativa ambiental, laboral, de recursos naturales o sobre pueblos indígenas (párr. 8). La propuesta hace una referencia específica a los UNGP para garantizar que las empresas que operan en el país, especialmente las ETN, adopten una conducta empresarial responsable, incluyendo normas de debida diligencia, y rindan cuentas si no lo hacen (paras. 9-13).

El proyecto se basa en tres ideas principales: (i) la creciente influencia de los actores privados en sectores estratégicos de la economía, como la minería; (ii) la creciente participación del sector privado en la provisión de servicios públicos como la salud y la educación; y (iii) la necesidad de regulaciones para asegurar que las actividades empresariales no tengan un impacto negativo en los derechos humanos y el medio ambiente.

¿Por qué Chile? Porque "No son 30 pesos, son 30 años"

En 2016, chilenas y chilenos protestaron contra la privatización de la educación, incluida la educación superior. Chile ha sido una de las principales economías de América Latina y sigue siendo un modelo para la región, pero el recorte del gasto público y la mercantilización de los bienes públicos ha tenido un impacto adverso, principalmente en las familias de bajos ingresos y en grupos vulnerables como los pueblos indígenas. En octubre de 2019, el aumento de 30 pesos (aproximadamente 7 centavos de dólar en ese momento) de las tarifas del transporte público marcó el inicio de protestas en todo el país, dando lugar a la convocatoria de una Asamblea Constituyente para ampliar el alcance social de la actividad del Estado.

Chile sufre enormes disparidades en términos de ingresos, riqueza y bienestar. Para poner esto en contexto, Chile destina sólo el 11,4% de su PIB a programas sociales. El único país de la OCDE con una asignación inferior es México (7,5% del PIB), mientras que el gasto social medio en la OCDE es del 20%. Al mismo tiempo, la tasa combinada de ingresos corporativos de Chile es una de las más bajas de los países de la OCDE, con un promedio del 10%.

Recientemente este portal publicó un post sobre el caso de Martina Vera que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y que refleja cómo las leyes vigentes en el momento de los hechos permitían a las aseguradoras la cancelación de las pólizas unilateralmente, cuando estas pólizas representaban más gastos. Historias como la de Martina ocurren casi a diario en Chile (y en otros países de América Latina), afectando a los que más necesitan servicios públicos de calidad. Por lo tanto, estas protestas no fueron sólo por 30 pesos, sino por 30 años de crecimiento económico con indiferencia y sin redes de seguridad social adecuadas.

La constitucionalización de los UNGPs: Una oportunidad para América Latina

A nivel internacional, y a pesar de los avances hacia un tratado de EDH, los UNGP no generan obligación alguna para los Estados, de allí la relevancia regional de la iniciativa chilena.

En las Américas, la jurisprudencia de la Corte IDH ha contribuido a vincular los UNGPs con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero eso no es suficiente para impulsar los cambios legales y políticos necesarios en el continente. La propuesta constitucional chilena es un inicio formidable pues crearía una norma vinculante inspirada en los UNGPs, con los tres pilares de EDH, elevándolos a rango constitucional.

De hecho, al incluir el lenguaje de los pilares de los UNGPs en la Constitución, se obligaría al Estado a adoptar las medidas necesarias para prevenir y proteger los potenciales impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos (a través de la regulación) y hacer que éstas cumplan con sus deberes de respetar, prevenir, mitigar y remediar. En la tradición constitucional latinoamericana, una norma jerárquica de este tipo debería garantizar la adopción de leyes, políticas y medidas de recurso específicas.

Si se adopta, podría inspirar iniciativas similares a nivel regional. Desde los años 90, el constitucionalismo latinoamericano ha desarrollado una sinergia en el reconocimiento de derechos y la adopción de recursos constitucionales como el amparo, la tutela, o acciones de cumplimiento. Además, es ya una práctica común ver a Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas utilizar normas y decisiones de otros tribunales latinoamericanos para decidir sobre asuntos similares. Este Ius Constitutionale Commune es una rica tradición que también ha influido en la jurisprudencia de la Corte IDH. Por lo tanto, la adopción de una norma constitucional sobre EDH podría tener un efecto en otros países latinoamericanos, particularmente a través de litigios de interés público.

Además, si otros Estados siguen su ejemplo, esta norma podría señalar la aparición de una nueva norma consuetudinaria basada en el marco de los tres pilares de los UNGP, al menos a nivel regional. La Comisión de Derecho Internacional de la ONU, en su último informe sobre Identificación de costumbre internacional de 2018, atribuye un peso importante a la inclusión de normas en la legislación nacional. De allí que la inclusión en los sistemas jurídicos nacionales, especialmente a nivel constitucional, de normas sea prueba irrebatible de opinio juris.

Conclusiones

La AC se encuentra deliberando sobre el texto. Las y los constituyentes tienen hasta julio de 2022 para finalizar una propuesta y, 60 días después, la ciudadanía deberá refrendar de la nueva Constitución. El nuevo gobierno, encabezado por el Sr. Gabriel Boric, asumirá sus funciones en marzo de 2022, elegido sobre una plataforma de cambio social. En este contexto, es probable que su partido adopte leyes y reglamentos sobre la materia.

Queda por ver si el proyecto de ley propuesto quedará en la nueva Constitución chilena. Si lo hace, esta norma de EDH probablemente se convertirá en estandarte de un nuevo paradigma empresarial responsable y con conciencia social, que aborde las principales causas de la renovación constitucional.

Una cosa está clara, en un contexto de gran desigualdad social, añadir una norma de EDH a la nueva Constitución tiene sentido. Si tiene éxito, esta iniciativa podría desencadenar una conversación regional sobre las normas de EDH más allá de la jurisprudencia de la Corte IDH. Las implicaciones normativas internacionales de dicho diálogo podrían muy bien convertir a América Latina en un baluarte de los UNGP y del movimiento de los EDH.

Artículo originalmente publicado en inglés en el portal Rights as Usual el 4 de febrero de 2022. Ver: https://rightsasusual.com/?p=1440

Citación académica sugerida: Montiel Mogollón, Moisés & Herencia-Carrasco, Salvador. ¿Una norma de empresas y derechos humanos en la Constitución de Chile? Implicaciones para Chile y América Latina. Agenda Estado de Derecho. 2022/03/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/una-norma-de-empresas-y-derechos-humanos-en-la-constitucion-de-chile-implicaciones-para-chile-y-america-latina/

Palabras clave: Derechos Humanos, Chile, América Latina

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ACERCA DE LOS AUTORES
Moisés A. Montiel Mogollón

Abogado consultor en asuntos de derecho internacional y derechos humanos en Lotus Soluciones Legales. Es profesor adjunto en las Universidades Iberoamericana de CDMX y Panamericana de Guadalajara.

Salvador Herencia-Carrasco

Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, Canadá

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