Volker Turk es el nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ¿cuáles son los desafíos de su mandato?
Como Volker Turk, el nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, está por cumplir casi seis meses en el cargo, es un buen momento para hacer un balance de sus primeros pasos. Todos los predecesores de Turk han mantenido el discurso dominante de la ONU sobre la importancia de la sociedad civil, que a menudo se presenta como el “alma” del movimiento de derechos humanos, tal como sostuvo Zeid Ra’ad al-Hussein, ex Alto Comisionado (2014-2018). Sin embargo, el discurso de otros altos comisionados anteriores nunca fue más allá de las palabras sobre el papel. Así, tal contexto ha tenido un efecto claramente desproporcionado y perjudicial en la cooperación de la oficina con la sociedad civil.
¿Qué esperan las organizaciones no gubernamentales del “nuevo líder” de los derechos humanos? En una encuesta reciente, se preguntó a 39 de estos grupos y a expertos de la ONU, sobre cuáles eran sus principales peticiones al austriaco Turk. Como era de esperar, la mayoría quiere un Alto Comisionado fuerte, con voz y principios, que se enfrente a las personas más poderosas del mundo, como se indica en una carta conjunta dirigida a los Estados miembros de la ONU, a propósito del nombramiento del próximo responsable de derechos humanos.
Hablando en nombre de Human Rights in China, una organización de Nueva York, Sharon Hom pidió a Turk que “envíe un mensaje firme para contrarrestar los agresivos esfuerzos de China por socavar la universalidad de los derechos humanos”. Ketakandriana Rafitoson, activista contra la corrupción de Madagascar, quiere que Turk pida a los gobiernos que dejen de acosar y amenazar a los defensores de los derechos humanos, ya que ella ha sufrido acoso judicial en su país.
Estos llamados se unen a una serie de preocupaciones expresadas antes del nombramiento oficial de Turk en septiembre por el Secretario General de la ONU, António Guterres. En general, se consideró que el proceso carecía de apertura, transparencia y garantías procesales. Desde el principio se tuvo la sensación de que Guterres ya había tomado una decisión antes de que se abriera la convocatoria de candidaturas. Por tanto, se consideró que Turk había sido elegido por su proximidad personal y sus lazos profesionales con Guterres. El nombramiento se produjo en medio de las fuertes tensiones que rodearon la publicación de último minuto del informe de derechos humanos de la ONU sobre Xinjiang (China) y la percepción de presiones de Guterres sobre Michelle Bachelet, entonces Alta Comisionada, para que realizara la “visita fallida” a China. Estas tensiones surgen en un contexto marcado por la presunta influencia de China sobre los órganos y mecanismos de la ONU, incluida la Oficina de Derechos Humanos, situación que es profundamente problemática.
Y lo que es más importante, el conocimiento de Turk del sistema de la ONU, incluida la sede de Nueva York, y sus estrechos vínculos con Guterres presentan una oportunidad clave para cambiar la falta crónica de financiación de la ONU para su oficina.
Algunos de los encuestados subrayaron que el nuevo Alto Comisionado también debe demostrar que puede ser realmente independiente de Guterres e ir más allá de la aplicación de las políticas de la ONU, que defendió en su anterior cargo de Subsecretario General de Coordinación Estratégica en la Oficina Ejecutiva del Secretario General de la ONU, como Our Common Agenda. Sin embargo, esos esfuerzos son importantes para unir a la familia de la ONU en torno a los derechos humanos. El complejo mandato de Turk da cabida ahora a la creatividad y a enfoques pioneros de uno de los principales pilares de la ONU.
Tras dos años de deterioro sustancial de la cooperación de la Oficina del Alto Comisionado con sus socios tradicionales, Turk también debe aprovechar las oportunidades para crear una nueva asociación con los expertos en derechos humanos de la ONU y la sociedad civil. Sus décadas de experiencia en el sistema de la ONU también pueden ayudar a incorporar a los miles de funcionarios de derechos humanos para llevar a cabo la agenda de la oficina y supervisar reformas tan importantes como las esbozadas en un informe de 2021 de la Oficina de Supervisión Interna de la ONU, incluida la tramitación de las quejas individuales ante los órganos de tratados de la ONU.
En su papel de líder de la ONU, Guterres ha sido criticado por su aparente reticencia a actuar contra las violaciones graves de los derechos humanos, especialmente las originadas o influidas por los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Gran Bretaña, China, Francia, Rusia y Estados Unidos. A pesar de los temores generalizados sobre la influencia de Guterres en Turk en su nuevo cargo, Turk ha demostrado en sus primeras semanas en el puesto que puede abordar cuestiones difíciles. Por ejemplo, respaldó las conclusiones del informe de la ONU sobre Xinjiang y recordó a Elon Musk, nuevo propietario de Twitter, los límites de la libertad de expresión y los perjuicios de la incitación al odio. La experiencia previa de Turk en la Agencia de la ONU para los Refugiados, también refleja claramente su disposición a visitar lugares de penuria -como, más recientemente, Sudán y Ucrania– y su atención a crisis migratorias menos publicitadas, como el trato discriminatorio a los haitianos en la República Dominicana.
Estas acciones atraerán simpatías hacia Turk. Será fundamental que mantenga esa actitud proactiva durante su mandato, sobre todo porque la presión sobre él y su oficina aumentará cada vez que se enfrente a los actores más poderosos del mundo.
Los anteriores Altos Comisionados han comenzado a menudo su función eligiendo cuidadosamente sus palabras y acciones, y a menudo cayendo rápidamente bajo la influencia de altos burócratas de la ONU y de ciertos Estados miembros. Turk puede contrarrestar estos riesgos diversificando sus interlocutores y buscando opiniones fuera de su primer círculo. Con décadas de servicio en la ONU, también existe el riesgo de que se apoye principalmente en un círculo de conocedores de la ONU y en unos pocos diplomáticos amigos. Aunque esto podría ayudarle a hacer frente a la crisis de financiación que sufre su oficina desde hace una década, también podría desconectarle de las víctimas, que constituyen el núcleo de su mandato. Es imperativo que él mismo mantenga una política de puertas abiertas y no confíe esa responsabilidad a personas de su órbita.
Para tener éxito, Turk debe utilizar todas las facetas de su cargo. Zeid se centró en un papel de defensa, lo que se tradujo en una gran actuación en materia de rendición de cuentas, pero no implicó a los países ni a los numerosos expertos del sistema de la ONU como aliados. El enfoque de Bachelet se centró en la diplomacia, que es sólo una parte de la función.
Su mandato puso de manifiesto las dificultades inherentes a conciliar la necesidad de comprometerse y preservar el acceso a las personas sobre este terreno, garantizando al mismo tiempo la rendición de cuentas. Un ejemplo fue el trabajo de su oficina en Venezuela, donde el éxito de Bachelet, a la hora de mantener una base en el país, hizo que se la criticara por no impedir lo que una Misión Independiente de Investigación de la ONU calificó de crímenes contra la humanidad.
Turk podría encontrar nuevos aliados en algunos países pequeños, cuya influencia en la ONU es desproporcionadamente proporcional a su tamaño, como ilustran el éxito de Liechtenstein para frenar el poder de veto de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y la diplomacia de Fiyi, en cuestiones de derechos humanos y cambio climático.
[Este artículo fue publicado originalmente en inglés en Pass Blue bajo el título: “What Does Civil Society Want From the New UN Rights Commissioner?”. Agradecemos al autor y a Pass Blue por permitir su reproducción en español en Agenda Estado de Derecho. Ver: https://www.passblue.com/2022/12/22/what-does-civil-society-want-from-the-new-un-rights-commissioner/].
Citación académica sugerida: Ploton, Vincent. ¿Qué espera la sociedad civil del nuevo Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos? Agenda Estado de Derecho. 2023/03/31. Disponible en: nuevo-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos https://agendaestadodederecho.com/nuevo-alto-comisionado-de-las-naciones-unidas-para-los-derechos-humanos/
Palabras clave: Algoritmos, Covid-19, derechos humanos, inteligencia artificial.
Director de Desarrollo y Defensa de los Órganos de Tratados del Servicio Internacional para los Derechos Humanos en Ginebra. Lleva 10 años trabajando y colaborando con diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos. Entre ellos figuran órganos de tratados de la ONU como el Comité contra la Tortura, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, el Comité de Derechos Humanos y el Comité de los Derechos del Niño. Anteriormente, Ploton trabajó en el ámbito humanitario en Pakistán y Afganistán. Habla inglés, francés y español, y obtuvo un máster en la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de la Universidad de Londres y una licenciatura en la Escuela Superior de Comercio y Desarrollo de Lyon.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.