No todos los caminos conducen a La Haya: el principio de complementariedad en América Latina
24 de Noviembre de 2021
¿En qué se diferencian las recientes decisiones de la CPI sobre los casos de Colombia y Venezuela? ¿Y qué tienen en común?
Desde su posesión como Fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), el reconocido abogado británico Karim A. A. Khan, QC señaló su interés en reafirmar el principio de complementariedad y la primacía de la actuación estatal en la investigación de crímenes internacionales. Meses después, el Fiscal Khan llegó a dos determinaciones que superficialmente parecerían ir en direcciones opuestas, pero que en realidad resaltan su interpretación del principio de complementariedad como piedra angular del sistema creado por el Estatuto de Roma. De un lado, puso fin al examen preliminar de la situación en Colombia. Del otro, declaró su intención de investigar formalmente la situación en Venezuela (I), no sin antes concederle a las autoridades nacionales la posibilidad de administrar justicia internamente.
De conformidad con el Preámbulo y el Artículo 1 del Estatuto de Roma, la CPI es un tribunal complementario. Esto quiere decir que no puede exigir el traslado de expedientes locales para su investigación internacional –a la manera prevalente de los tribunales ad hoc de los años noventa– ni es un foro subsidiario –reservado a aquellas personas que hayan agotado los recursos internos previamente– como los mecanismos de protección de derechos humanos. De hecho, la CPI debe verificar que las situaciones y casos de su interés sean admisibles –entre otros motivos– a causa de la inacción estatal o de su ausencia de voluntad o capacidad para adelantar investigaciones y enjuiciamientos genuinos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o agresión.
Con tal propósito, la jurisprudencia de cuestiones preliminares de la CPI ha desarrollado una prueba de complementariedad en sentido “estricto”, que emplea los casos (potenciales) de interés de la Fiscalía como baremo contra el cual se miden los procedimientos internos. Si las autoridades nacionales están investigando a las mismas personas por conductas sustancialmente equiparables a las identificadas por la Fiscalía, los casos (potenciales) son inadmisibles. De lo contrario, la Fiscalía puede seguir adelante con su investigación. De allí que las jurisdicciones locales deban avanzar de manera independiente, imparcial, oportuna y respetuosa del debido proceso hacia la atribución de responsabilidades penales individuales para evitar que la CPI intervenga.
Paralelamente, la Fiscalía ha adoptado una aproximación “positiva” al principio de complementariedad. Ésta busca promover respuestas nacionales a las demandas de justicia por crímenes bajo el Estatuto de Roma, a través de medidas como el intercambio de lecciones aprendidas para impulsar investigaciones y enjuiciamientos internos, la asistencia a grupos interesados en la identificación de brechas de impunidad y la forma de remediarlos.
A pesar de ser una apuesta riesgosa, la complementariedad “positiva” ha sido el principal mecanismo de intervención de la Fiscalía en América Latina. Para entender sus implicaciones, resulta necesario presentar aspectos generales de dos exámenes preliminares de particular interés dadas las recientes decisiones adoptadas por el Fiscal Khan: Colombia y Venezuela (I).
A partir de su informe intermedio sobre la situación en Colombia de 2012, la Fiscalía tuvo que resolver la tensión existente entre la complementariedad “estricta” y su vertiente “positiva”. Esto se expresó en la realización simultánea de un minucioso seguimiento a los procesos nacionales por crímenes de interés de la CPI –con especial énfasis en las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de la fuerza pública, conocidas como “falsos positivos”– y de tareas de incidencia jurídica en la definición de estrategias nacionales de justicia transicional. Recientemente, estos esfuerzos se enfocaron en determinar si la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) era respetuosa del Estatuto de Roma. La Fiscalía fue originalmente crítica del régimen sancionatorio de la JEP. Empero, su postura al respecto se flexibilizó progresivamente hasta aceptar que sanciones no privativas de la libertad podrían satisfacer los objetivos del Estatuto de Roma, toda vez que fuesen implementadas efectivamente, verificadas rigurosamente y armonizadas con actividades ajenas a su cumplimiento –como la participación política– para no ser privadas de sentido.
La JEP ha mostrado avances considerables en el esclarecimiento de crímenes de interés de la CPI, especialmente respecto de los “falsos positivos”. De allí que la Fiscalía le haya expresado su apoyo en varias ocasiones. Recientemente, la JEP hizo pública su estrategia para priorizar la investigación de ese fenómeno en seis territorios del país entre 2002 y 2008. Posteriormente, formuló dos imputaciones por crímenes de guerra contra militares y civiles involucrados en su ejecución en las regiones de Norte de Santander y la Costa Caribe.
Por lo tanto, el Fiscal Khan no solo consideró que el progreso obtenido por autoridades colombianas demuestra su capacidad y voluntad para investigar crímenes internacionales, sino que tomó una medida excepcional para proteger a la JEP: suscribió un acuerdo con el Gobierno de Colombia, que le exige respetar su estructura, marco jurídico, financiación e independencia, así como proteger a su personal y a quienes participan en su procedimiento, y promover la cooperación con la JEP. Aunque se decidió cerrar el examen preliminar bajo estas condiciones, la Fiscalía también resaltó que podría reabrirlo si éstas fuesen incumplidas.
En lo que concierne a Venezuela (I), situación bajo examen preliminar oficioso desde febrero de 2018 y remitida a la CPI por varios estados americanos en septiembre del mismo año, la Fiscalía ya había concluido que existía fundamento razonable para creer que diversos organismos de seguridad habían cometido crímenes de lesa humanidad al menos desde abril de 2017. Asimismo, la exfiscal Fatou Bensouda había señalado que concluiría el examen preliminar en el primer semestre de 2021.
Empero, su determinación se vio truncada por un litigio confidencial iniciado por el Gobierno de Venezuela ante la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI, con miras a exigir un control judicial de las actuaciones de la Fiscalía. En su criterio, se había presentado una violación del principio de complementariedad. La Sala rechazó in limine la petición del Gobierno en una decisión reservada. No obstante, en una providencia posterior, señaló que dicha determinación se fundó en el carácter prematuro de las objeciones sobre la admisibilidad de la situación. Asimismo, la Sala le recordó a la Fiscalía su deber de sostener un diálogo significativo con las autoridades de este país.
En consecuencia, la Fiscalía radicó observaciones en las cuales reiteró sus conclusiones sobre los crímenes cometidos en Venezuela. Adicionalmente, aseveró que los casos potenciales, que posiblemente surgirían de una investigación de dichas conductas, serían admisibles. Fundó esta conclusión en la ausencia de acción estatal causada por la cantidad y alcance limitados de los procesos penales internos, aunados a la ausencia de progreso en el esclarecimiento de responsabilidades individuales. De igual manera, la Fiscalía sostuvo que las autoridades internas carecían de voluntad genuina de investigar y enjuiciar dichas conductas, pues los procesos nacionales habían sido adelantados para sustraer a los acusados de su responsabilidad penal y no estaban siendo sustanciados de manera independiente o autónoma.
Estos hallazgos fueron confirmados por la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela (Misión). En su segundo informe, que pareciera escrito deliberadamente en clave de admisibilidad, la Misión encontró “motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en la represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos”.
Posteriormente, el Fiscal Khan decidió proceder a una investigación formal de la situación en Venezuela (I), pero también suscribió un memorándum de entendimiento con el Gobierno venezolano en el cual se acordó que las autoridades venezolanas asegurarían la administración de justicia con el apoyo de la Fiscalía. El documento también pretende “que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado y significativo”.
Las decisiones tomadas con respecto a Colombia y Venezuela (I) parecieran ser diametralmente opuestas. No obstante, el diablo está en los detalles. Al suscribir acuerdos con los gobiernos de ambos países para garantizar que las autoridades nacionales adelantaran investigaciones genuinas, recibiendo la cooperación que necesitan del resto del Estado y valiéndose del apoyo de la Fiscalía, el Fiscal Khan enfatizó la política de complementariedad que había anticipado desde su posesión.
En el caso colombiano, su decisión puede ser interpretada como un triunfo de la JEP. A pesar del hostil ambiente político en el cual opera y de las dudas iniciales de la Fiscalía acerca de su adecuación al Estatuto de Roma, la decisión del Fiscal Khan equivale a un reconocimiento de que la JEP satisface los estándares de admisibilidad “estricta” mencionados anteriormente. Adicionalmente, la suscripción de un acuerdo vinculante con el Gobierno de Colombia para garantizar su adecuada operación representó un cambio de paradigma en la relación con Colombia y enfatizó el compromiso de la Fiscalía con los resultados institucionales de su examen preliminar. En palabras de Kai Ambos, la decisión del Fiscal Khan le dio un nuevo aliento a la complementariedad “positiva” y puede abrir nuevas oportunidades para futuras situaciones ante la CPI.
Frente a Venezuela (I), la situación es más compleja. Ante los hallazgos de la Fiscalía y la Misión sobre la ausencia de independencia de la judicatura y su rol en la violación de derechos humanos, pareciera contradictorio confiarle la “efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales”. Sin embargo, dos consideraciones indican que se trata de una decisión estratégica del Fiscal Khan.
En primer lugar, el Artículo 18 del Estatuto de Roma impone a la Fiscalía el deber de notificar al Gobierno de Venezuela de su decisión de iniciar una investigación formal. Asimismo, confiere a dicho Estado el derecho a solicitar la suspensión de la indagación dentro del mes siguiente a la recepción de esa notificación. Por lo tanto, con la firma del memorándum con el Gobierno, el Fiscal cumplió con su obligación. Ahora, las autoridades venezolanas tendrán hasta el 3 de diciembre para pedir la interrupción de trabajo de la Fiscalía.
En segundo lugar, el memorándum previó el establecimiento de “mecanismos para mejorar la cooperación entre las Partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal”. Pareciera una redundancia, dado que la Parte IX del Estatuto de Roma ya regula las obligaciones de los Estados parte al respecto. Sin embargo, la experiencia previa de la Fiscalía demuestra que las autoridades nacionales pueden truncar cualquier expectativa de justicia ante la CPI negándose a cooperar. Además, ni la Asamblea de Estados Parte ni el Consejo de Seguridad han exigido el cumplimiento de las obligaciones de cooperación de los Estados que la han violado. Por ende, resultaba esencial que el Fiscal Khan encontrara un camino intermedio que facilitara el ejercicio de sus funciones investigativas bajo el Artículo 54 del Estatuto de Roma, sin avivar la desconfianza del Gobierno de Venezuela.
Una conjetura informada sugeriría que la Fiscalía se dispone a recaudar evidencia contra autores materiales y mandos medios de las fuerzas de seguridad venezolanas, mientras le concede formalmente a la justicia de ese país la oportunidad de investigar a los máximos responsables. De tal manera, la Fiscalía no solo estaría promoviendo respuestas locales ante crímenes internacionales, sino que también podría imputar cargos a personas que no se encuentren en las máximas instancias del poder en Venezuela u obtener su cooperación –como insider witnesses– para perseguir a los líderes políticos, (para)militares y policiales tras los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela.
En suma, las decisiones adoptadas por el Fiscal Khan frente a las situaciones en Colombia y Venezuela (I) demuestran su clara comprensión del Estatuto de Roma como un sistema de justicia penal internacional que no se limita a la CPI, sino que reconoce el rol preponderante de las autoridades nacionales en la lucha contra la impunidad. Al apoyar a la JEP y concederle a la judicatura venezolana la oportunidad de adelantar procesos genuinos por crímenes internacionales, el Fiscal Khan subrayó el carácter complementario de la CPI. Ésta puede ser un aliado estratégico para la elaboración de respuestas nacionales adecuadas ante conductas atroces. No obstante, su capacidad de iniciar procesos propios, si el poder judicial colombiano y venezolano fracasa, aún pende sobre éstas como la espada de Damocles. Tarde o temprano, se hará justicia.
Citación académica sugerida: Vargas Niño, Santiago. No todos los caminos conducen a La Haya: el principio de complementariedad en América Latina, Agenda Estado de Derecho, 2021/11/24. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/no-todos-los-caminos-conducen-a-la-haya/
Palabras clave: Colombia, complementariedad, Corte Penal Internacional, CPI, Venezuela.
Abogado y politólogo de la Universidad de los Andes y Magíster (Avanzado) en Derecho Internacional Público (cum laude) de la Universidad de Leiden. Se ha desempeñado como profesor de la cátedra en Derecho Penal Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Asimismo, cuenta con experiencia en la Jurisdicción Especial para la Paz y en la Corte Penal Internacional. Las opiniones expresadas en este artículo son de carácter eminentemente personal y no representan a ninguna institución.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
