La Corte Interamericana, como todo órgano judicial, goza de la capacidad de definir su propia competencia según el derecho internacional positivo (principio kompetenz-kompetenz). Para la Corte, esto implica verificar que el asunto se trate de supuestas violaciones de derechos humanos atribuidas a un Estado parte de la CADH, y que estas se hayan producido durante el período en el que el Estado respectivo ha consentido expresamente a su jurisdicción contenciosa.

El caso Chirinos Salamanca plantea la cuestión de determinar la condición de Venezuela como Estado parte de la Convención. Para el Estado, Venezuela ha dejado de ser parte por la denuncia formulada el 10 de septiembre de 2012; mientras que, para la CIDH y las víctimas, Venezuela es parte porque ha vuelto a ratificar el tratado, según consta en el depósito de un nuevo instrumento de ratificación el 31 de julio de 2019. Este caso ha sido previamente analizado en Agenda Estado de Derecho, véase aquí, aquí y aquí.

En esta línea, la determinación de si un Estado es o no parte en un tratado depende de su voluntad, expresada a través del mecanismo que el tratado haya señalado para tales fines. Como sostienen los amicus curiae presentados a la Corte (ver: aquí, aquí y aquí), el depósito de un instrumento de ratificación o adhesión es la constatación que debe realizar un tribunal internacional cuya competencia con respecto a un Estado se derive de un tratado internacional. Este criterio fue acertadamente sostenido por la Corte Penal Internacional con respecto a la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma, en la que el depósito del instrumento ante el Secretario General de la ONU resultó suficiente para que la CPI fallara a favor de su competencia.

Para los lectores que buscan una comprensión rápida, el caso Chirinos Salamanca y otros puede parecer complejo porque la ratificación fue realizada por Juan Guaidó, bajo la coexistencia de dos gobiernos en Venezuela y la posterior disolución del denominado gobierno interino. Sin embargo, es importante destacar que, en el derecho internacional, se ha admitido que gobiernos con representación internacional limitada realicen actos relacionados con tratados. Además, la interpretación constitucional y el proceso interno que llevaron al presidente de la Asamblea Nacional a asumir provisionalmente el cargo de Presidente de la República, según el artículo 233 de la Constitución de Venezuela, no están sujetos al escrutinio de la Corte IDH, ya que estos actos fueron respaldados por las instancias políticas de la OEA.

Desde luego que la Corte aplica el derecho internacional general dentro de sus competencias, pero la hipotética declaración de nulidad de un acto relativo a un tratado no solo sería una excentricidad, sino que plantearía serios cuestionamientos en relación con los límites de la función atribuida por los Estados al tribunal.

El caso Chirinos Salamanca y otros ofrece a la Corte IDH la oportunidad de reafirmar su enfoque mesurado hacia el Derecho de los tratados. Al evaluar el estado actual de la costumbre internacional en esta materia, se puede inferir que entre las competencias de la Corte no se encuentra la facultad de anular un acto de ratificación de un tratado internacional que ha sido válidamente depositado ante la autoridad competente. Esta posición reforzaría la interpretación de que la Corte debe aplicar el derecho internacional general dentro del ámbito de sus competencias, sin extralimitarse en funciones que corresponden a otros órganos o procedimientos establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.