Las palabras construyen realidades, y las de Milei y su gobierno no dejan dudas sobre la que buscan imponer. En noviembre de 2024, Argentina se destacó en la escena internacional al ser el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas destinada a intensificar los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, especialmente en entornos digitales. Mientras 170 naciones respaldaron la iniciativa y 13 se abstuvieron, la delegación argentina optó por oponerse, argumentando que el documento contenía términos ambiguos y agendas que, según el gobierno, no se ajustaban a sus políticas.

Esta postura generó una ola de críticas tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en entredicho el compromiso del país con la protección de los derechos de las mujeres. Frente a la presión y el aislamiento diplomático, un mes después, en diciembre de 2024, Argentina revisó su posición y decidió apoyar la resolución. No obstante, el embajador argentino ante la ONU, Francisco Tropepi, expresó reservas sobre ciertos términos del documento, indicando una adhesión condicionada.

En enero de 2025, durante su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente argentino Javier Milei arremetió contra lo que denominó «wokismo enfermizo», señalando al feminismo radical como parte de una agenda que, según él, distorsiona la sociedad. No es la primera vez que desestima las políticas de género: las considera innecesarias y las equipara con privilegios injustificados. Sin embargo, su declaración más alarmante llegó cuando cuestionó la tipificación del femicidio, argumentando que “impone una pena más severa si la víctima es una mujer que si fuera un hombre, lo que equivale a legalizar la idea de que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.

Sin embargo, esta afirmación ignora que el femicidio no se aplica a cualquier asesinato de una mujer, sino que se configura en circunstancias específicas. La ley establece la prisión perpetua cuando el asesinato ocurre dentro de una relación de pareja actual o pasada, cuando hay odio basado en género o identidad de género, o cuando media violencia de género. No se trata de un privilegio, sino del reconocimiento de un contexto particular de violencia estructural.

Este relato es también sostenido por sus funcionarios. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha insistido en que las leyes deben garantizar igualdad sin otorgar «beneficios especiales», en referencia a normativas de protección de mujeres y diversidades. El 24 de enero de este año, publicó en su perfil de X: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino; porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”.