Me Too en el periodismo colombiano: razones jurídicas para celebrarlo
10 de Junio de 2026
El Me Too en el periodismo colombiano expuso el acoso en las redacciones. ¿Qué obligaciones jurídicas tienen los medios frente a la violencia de género?
Lo que se supo con el movimiento #MeTooColombia y #YoTeCreoColega no era nuevo, pero estaba silenciado, normalizado y escondido debajo del tapete del periodismo. Quienes hemos trabajado en medios de comunicación sabíamos que la violencia sexual y el maltrato laboral han hecho parte de las salas de redacción, la mayoría los padecimos en primera persona o conocemos a una colega que pasó por lo mismo. Seis de cada diez mujeres periodistas han sido víctimas de violencia de género en sus espacios laborales.
Aun así, tuvieron que pasar décadas para que se destapara públicamente un caso en Colombia, y abriera una ola de testimonios. Ocurrió lo que parecía impensable: que los medios de comunicación, que durante años expusieron los abusos ajenos, quedaran bajo el escrutinio público por las mismas violencias que tantas veces denunciaron.
El Me Too en el periodismo colombiano estalló el 20 de marzo de 2026, después de que Caracol Televisión, el canal más visto del país, anunció que había recibido denuncias contra dos de sus presentadores más famosos por acoso sexual. No mencionó sus nombres, pero bastaron unos segundos para que se supieran, pues decenas y decenas de periodistas que pasaron por ese medio de comunicación empezaron a compartir sus relatos que apuntaban a los mismos dos hombres y sus patrones. Los testimonios hablaron de tocamientos no consensuados, mensajes con insinuaciones sexuales en horas de la madrugada y acoso laboral como castigo a quienes se negaron a acceder a las pretensiones.
Los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron finalmente desvinculados de Caracol Televisión, aunque aún no existe una decisión judicial contra ninguno de ellos. Luego, la revista Raya reveló que el canal hizo público el asunto solo porque una de las denunciantes amenazó con darlo a conocer si no lo hacían por cuenta propia. Ese “ultimátum” terminó por levantar en redes sociales una ola de denuncias sobre las violencias que ocurren al interior de redacciones como las de Caracol y más allá de ella.
Dos grupos distintos de periodistas (Yo Te Creo Colega y Calladas Nunca Más) abrieron correos para recibir denuncias. La Fiscalía hizo lo mismo y el Ministerio de Trabajo comenzó a realizar inspecciones a varios medios de comunicación, donde se han reportado casos.
Yo misma me sumé al Me Too. En 2024 renuncié a mi cargo de editora de género en el diario El Espectador, el más antiguo de Colombia, en medio del trámite de una queja por acoso laboral. Este artículo, sin embargo, no se trata de mí, o más bien, no solo de mí; sino de las reflexiones jurídicas que me han rondado después de surfear esa ola que me trajo alivio y reparación. Y lo haré esta vez para celebrarnos, para destacar que, evidentemente aún hay fallas estructurales, pero que llegamos a este Me Too histórico gracias también a avances y luchas jurídicas que otras dieron antes que nosotras.
El Me Too nació gracias a tres periodistas de Caracol Televisión que expusieron ante Recursos Humanos los acosos de los que estaban siendo víctimas. Se ha dicho que una de ellas denunció penalmente en la Fiscalía debido a que el acoso sexual en Colombia es también un delito. Ella era pasante y quiero decirlo explícitamente, porque fue una mujer muy joven que, iniciando su vida laboral, nos mostró a las otras generaciones que sí era posible romper el silencio.
Luego, llegó la fuerza del escrache que levantó la marea del Me Too y la volvió imparable con la suma de cientos de testimonios en redes sociales. El término “escrache” equivale a “exponer”, “dejar en evidencia” o “desenmascarar”. Su uso se consolidó hacia la década de los años 90 en Argentina, cuando las víctimas de la última dictadura militar comenzaron a exponer públicamente a los responsables de crímenes impunes, marchando con expresiones artísticas y humorísticas por sus barrios y marcando sus casas de forma simbólica para que sus vecinos supieran con quiénes convivían. Todo esto bajo la idea de: “Si no hay justicia, hay escrache”.
Con el tiempo, el escrache se fue expandiendo en América Latina y se convirtió en un vehículo importante para que las mujeres denunciaran, por medios no institucionales como las redes sociales, a quienes cometen violencias de género, especialmente la violencia sexual. En el escrache no hay violencia física. La fuerza está en los símbolos, las fotografías, los relatos, las pruebas y, en la actualidad, los hashtags o las etiquetas que se usan para comunicar. Pretende un despertar social para iniciar una conversación abierta sobre aquello que tradicionalmente se ha ocultado y que lastima y afecta la vida de las personas.
En Colombia, en 2021, la Corte Constitucional lo reconoció por primera vez como “un ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, que goza de protección constitucional reforzada, en tanto denuncia la violencia basada en género contra la mujer, que “constituye un asunto de interés público y tiene connotaciones políticas, de reivindicación de derechos humanos de un grupo tradicional y estructuralmente discriminado”. Desde entonces, el alto tribunal ha reiterado que el escrache es una forma de protesta ante las barreras del sistema, la falta de justicia y las omisiones de las instituciones.
Sin embargo, este tiene límites, ya que puede generar tensiones con los derechos de la persona escracheada como la honra, el buen nombre, la seguridad, la presunción de inocencia y la intimidad. La Corte ha analizado cada caso en concreto y ha establecido, por ejemplo, que no se deberían exponer datos personales como el número de cédula, la dirección de residencia o fotos en las que se expongan terceras personas. También se debería dejar claro si el señalado no ha sido condenado y usar para ello un lenguaje dubitativo. Para entender más, vale la pena leer la “Guía para el escrache feminista”, de la Red Jurídica Feminista y Tamboras Insurrectas, o la sentencia más reciente sobre este tema de la Corte Constitucional. Y, para profundizar en el papel del periodismo feminista en las denuncias de violencia contra las mujeres, conviene revisar la sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de Ciro Guerra y Volcánicas.
Fue tan central el escrache en el Me Too del periodismo colombiano que, en medio de la avalancha mediática que se vivía por esos días, la Fiscalía se vio presionada a publicar una directiva que contiene lineamientos de cómo abordar los hechos de violencia basada en género conocidos mediante esta práctica. Entre otras medidas, la Fiscalía deberá iniciar de oficio una investigación penal cuando se conozca un caso a través de redes sociales, sin que pueda exigirse a la víctima la presentación formal de una denuncia. Además, un equipo de la entidad deberá analizar periódicamente la información en redes sociales y medios de comunicación, para identificar hechos de violencia basada en género, violencia sexual o acoso laboral denunciados públicamente. También deja claro que las investigaciones deben estar libres de estereotipos de género.
Aunque la directiva en gran parte repite obligaciones que ya existían en Colombia, marcó un paso importante. La presión de la opinión pública le exigía a la Fiscalía investigar estos casos con debida diligencia, respetar los derechos de las víctimas y evitar su revictimización. Son frecuentes los casos en los que las denuncias por violencia de género se archivan sin mayores investigaciones, mientras que las denuncias por injuria o calumnia presentadas por los agresores contra las denunciantes avanzan con más rapidez que los procesos por las violencias denunciadas.
Celebro los avances colectivos que trajo este escrache. Yo me sumé al Me Too después de que una amiga me enviara un mensaje a WhatsApp indignada, porque el medio de comunicación que me violentó había publicado un vídeo en medio de esta coyuntura, en el que sacaba pecho y decía que sí sabían cómo tratar a las denunciantes y tenían un protocolo que funcionaba muy bien. Nada de eso era cierto y mi amiga lo sabía, porque me había acompañado en mi lucha judicial. El 25 de marzo de 2026, a las 11:38 a.m., me escribió: “Vi esto con mucha piedra. Yo digo que, si no hay justicia, hay escrache, pero pues tú decides”. Y, sí, al final de la tarde lo hice, y hubo escrache. Días después, ese medio, El Espectador, tuvo que retractarse y pedirme (pedirnos) perdón en un editorial.
La decisión fue clara en asegurar que, tanto el Estado como los particulares en el mundo del trabajo, tienen la obligación de prevenir, investigar, juzgar y sancionar a los responsables de las violencias contra las mujeres periodistas y, en esa medida, deben actuar de una “manera deferente, no neutral e intolerante” frente a esas violencias. Sumado a esto, están las obligaciones que tienen los empleadores, según los estándares legales nacionales e internacionales contenidos en instrumentos como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belém do Pará) y el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, cuya constitucionalidad en Colombia está siendo examinada por la Corte Constitucional.
En estas mismas páginas de Agenda Estado de Derecho, la especialista regional de género de la OIT, Paz Arancibia, explicó que el Convenio 190 es pionero porque está dedicado exclusivamente a la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, e incorpora el enfoque de género. “Reconoce que las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, y exige medidas específicas para garantizar su protección eficaz y efectiva. Hace hincapié en la violencia y el acoso por razón de género como ‘comportamientos inaceptables que deben ser abordados de manera prioritaria’”.
Para que esto se dé, es clave tener políticas claras que prevengan e investiguen las violencias de género en los espacios laborales, que no se limitan al espacio físico de la oficina, sino que se extienden a viajes, eventos sociales (como las fiestas de fin de año que suelen ser muy violentas para las mujeres periodistas) o de formación relacionados con el trabajo, y a comunicaciones por chat.
La mayoría de medios de comunicación en América Latina no cuenta con protocolos para atender esos casos (57%), pese a que el 75% de las personas encuestadas dijo conocer al menos un caso de violencia de género hacia periodistas, según el informe “Medios sin violencias: La urgencia de políticas de abordaje y prevención”, de Comunicación para la Igualdad. Ahora, no basta con que los medios de comunicación creen protocolos, sino que la implementación sea real y efectiva.
En todos los casos que conocí en el marco del #MeTooColombia y #YoTeCreoColega hubo ausencia o falencias de rutas en los medios de comunicación para acompañar y asesorar a las víctimas. Una muestra clara de que las empresas no estaban cumpliendo su deber de garantizar espacios de trabajo libres de violencia para sus trabajadoras.
En medio de mi proceso judicial, escuché el podcast “Justas”, de Equality Now y la Fundación de Thelma Fardin, la actriz argentina que denunció al actor Juan Darthés por agredirla sexualmente cuando ambos grababan en 2009 la telenovela Patito Feo y él tenía 46 años y ella 16. Aun me resuena uno de los episodios que se titula “La reparación”. Desde el derecho, se entiende que la reparación integral son aquellas medidas que buscan compensar a las víctimas por los daños sufridos, pueden ser de diferente índole: materiales, simbólicas o garantías de no repetición. La más fundamental es la impartición de justicia.
En mi caso no ha habido justicia. Mi camino empezó con la radicación de una queja laboral ante mi empleador y terminó con una acción de tutela, que fue negada en las dos instancias, y que la Corte Constitucional se negó a seleccionar para revisión, pese a que más de diez organizaciones de la sociedad civil y la Defensoría del Pueblo le insistieron que lo hiciera. Entonces, cuando escuché el podcast, me pregunté: ¿Qué es para mí la reparación? ¿Solo es que el sistema de justicia, que también es prejuicioso y machista, me dé la razón?
Mayra Díaz Torres, psicóloga, activista, salubrista pública y codirectora del Colectivo Ilé en Puerto Rico, dice que la reparación, además de los remedios judiciales, también es tener una comunidad que te sostenga después de sufrir violencia sexual, que te crea, que te acompañe. Que sanamos juntas, hablando y escuchándonos entre nosotras para validar nuestras experiencias y que no es solo superar la agresión sexual, sino entender que merecemos alegría, placer y gozo. Gracias al Me Too, siento que yo inicié ese camino a la reparación. Por eso, decidí escribir este artículo desde la esperanza y la celebración.
Gracias a Vanesa Restrepo, que logró que la Corte Constitucional sentara un precedente particular para que los medios de comunicación prevengan, investiguen y sancionen las violencias de género.
Gracias a las periodistas que originaron el Me Too en Colombia y a las que luego lo impulsaron dedicando tiempo y recursos personales para impulsar esta iniciativa.
Gracias a mis abogadas Valeria Silva Fonseca, Gabriela Morales Orozco y Katia Cabas, de la firma Silva & Morales Abogadas Asociadas, por no soltarme nunca la mano y asesorarme con rigor y cuidado.
Gracias a mi psicóloga y mi psiquiatra, que me acompañaron hasta dejar las próximas citas abiertas, para volver cuando yo quiera o lo necesite.
Gracias a mi amiga que me recordó que “si no hay justicia, hay escrache”. Y a todas las otras amigas y los amigos que me rodearon y creyeron.
Gracias a mi mamá, mi hermana y mi papá que han sido el tronco de este proceso.
Gracias porque sin ninguna y sin ninguno de ustedes hubiese sido posible nombrar aquello de lo que no se hablaba.
El Me Too en el periodismo colombiano merece celebrarse no porque haya terminado con la violencia en las redacciones, sino porque reactivó herramientas sociales, jurídicas e institucionales para enfrentarla. También recordó algo básico: los medios que investigan el poder deben revisar el poder que ejercen dentro de sus propias salas de redacción.
Citación académica sugerida: Cuartas Rodríguez, Pilar. Me Too en el periodismo colombiano: razones jurídicas para celebrarlo.. Agenda Estado de Derecho. 2026/06/10. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/me-too-en-el-periodismo-colombiano/
Palabras clave sugeridas: Me Too, Yo Te Creo Colega, acoso sexual, acoso laboral, medios de comunicación
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Es periodista y abogada colombiana. Ha publicado en medios como revista Anfibia, Cosecha Roja, Mutante, Connectas y El Espectador, donde fue miembro de la Unidad Investigativa y la primera coordinadora de Género y Diversidad. Es exbecaria del Programa de Investigación Periodística de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y consultora para comunicaciones con perspectiva de género. Ha realizado pasantías legales en las organizaciones de derechos humanos CEJIL y Women’s Link Worldwide. Fue asistente académica del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS).
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.