Esta sentencia reabre un debate que ya se dio en algunos Estados de la región. Desde la aprobación del aborto en Argentina en 2020 hasta la sentencia “Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization” en Estados Unidos en 2022, el debate sobre si existe el derecho al aborto tensiona a las legislaciones internas.

En efecto, en el caso Dobbs, la Corte Suprema estadounidense nos muestra que, a cincuenta años del emblemático caso de “Roe v. Wade”, se reconoce que no había un “derecho constitucional al aborto”, lo cual abrió un nuevo capítulo en la controversia, que ha puesto en jaque a aquellos países en los que sus cortes constitucionales o parlamentos comenzaron a regular el aborto.

La discusión sobre el pretendido derecho al aborto y el respeto al derecho a la vida de mujeres y niños, ha generado conflictos jurídicos en las legislaciones de diferentes Estados. Ello así, en los países de la región se mantienen, en general, las restricciones legales al aborto y la tutela de la vida humana desde la concepción, como en la Constitución de El Salvador, que reconoce en su artículo 1° como persona humana “a todo ser humano desde el instante de la concepción”.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) sostiene, en su artículo 1.2, que “para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”; y luego, en su artículo 4.1, sostiene que se debe respetar la vida desde la concepción y que nadie puede ser privado de este derecho arbitrariamente. Por ende, estos artículos hacen difícil que la Corte IDH adopte una posición favorable al aborto en este caso concreto, puesto que la propia Convención no contiene una sola disposición relativa a derechos sexuales y reproductivos que pudiera interpretarse de manera favorable frente a este presunto derecho, y, por el contrario, protege fundamentalmente el derecho a la vida.

Y si bien en el informe de fondo la CIDH solicitó a la Corte IDH que inste al Estado de El Salvador a que “remueva los obstáculos de derecho a la posibilidad de interrumpir el embarazo en situaciones de inviabilidad o incompatibilidad del feto con la vida extrauterina, así como de riesgo a la vida, y riesgo grave a la salud e integridad personal de la madre”, es importante resaltar que las referencias al aborto eugenésico discriminan y restringen derechos inviolables de las personas con discapacidad.

En este sentido, no existe ningún instrumento vinculante, dentro del SIDH, que establezca un “derecho al aborto”. De hecho, ningún tratado internacional, fuera del Protocolo de Maputo de la Unión Africana, contiene siquiera el término “aborto”. Sin embargo, documentos internacionales no vinculantes o de soft law, de dudosa legitimidad o consenso, han buscado instalar la consagración de un supuesto “derecho al aborto”, ejerciendo una presión que esfuma la protección de los derechos humanos bajo la guía del  el “principio pro homine” establecido por la Corte IDH en su jurisprudencia.