Durante la pandemia por la Covid-19, los 12 millones de migrantes mexicanos, que viven principalmente en Estados Unidos, Canadá y España, han experimentado una serie de dificultades. Se calcula que por los menos mil migrantes mexicanos han muerto como consecuencia del virus, sobre todo en Nueva York, y otra buena cantidad no ha podido acudir a los hospitales por el impagable precio de la salud en Estados Unidos. Además, los migrantes también forman parte de las poblaciones más afectadas por el incremento de la tasa de desempleo en ese país, pues de las 20 millones de personas que perdieron sus empleos “desechables”, un número incalculado de ellos eran migrantes. Una de las consecuencias de este problema es la imposibilidad del envío de remesas, unos dólares que no sólo sostienen a un gran número de hogares mexicanos, sino al Producto Interno Bruto (PIB) de este país.
Más allá de los datos sobre la pandemia, en promedio 800 mil personas atraviesan México cada año para demandar asilo o internarse en EEUU, desobedeciendo las leyes que extranjerizan a los pobres que buscan una vida que se pueda vivir y festejar, del otro lado del muro que se ha fortificado más que nunca con la presidencia de Donald Trump. De ahí que en este artículo proponemos aprender de los migrantes, quienes, desde antes de que la pandemia se declarara global y empezara con ello un cambio epocal, habían experimentado largos periodos de confinamiento.
Por ejemplo, producto de las leyes para “gobernar” las migraciones en la región, 60 mil personas se encuentran varadas en la frontera norte de México, esperando una resolución de las autoridades estadounidenses a su petición de asilo. Entre ellas, hay al menos 17 mil niños y niñas, los cuales son especialmente vulnerables a posibles agresiones o contagios de Covid-19. Las familias deportadas “en caliente”, o sin debido proceso judicial de por medio, son en su mayoría centroamericanas, aunque también hay presencia de migrantes “extracontinentales”. A estos procesos de gobierno de las migraciones los analistas los hemos llamado de securitización y externalización de fronteras, estrategias entre legales y militares que datan del siglo pasado y que hoy se agudizan. En concreto, entre las que han dejado viviendo a la intemperie en la frontera a miles de personas se encuentra el paquete de medidas conocido como MPP o programa Quédate en México, que permite la “deportación legal” de solicitantes de asilo en EEUU que hayan ingresado por fronteras mexicanas, para que transiten en México el proceso judicial que resuelva su petición de asilo, generando terribles consecuencias humanas.
Latinoamericanos, africanos y asiáticos sobreviven a la intemperie, en la calle o en campamentos de refugiados improvisados por ellos mismos o por los gobiernos municipales, como el de Matamoros, Tamaulipas, donde en promedio 2 mil desplazados, muchos de ellos solicitantes de asilo en EEUU, esperan el desarrollo y la sentencia de su juicio de este lado del muro. Entre estos desplazados de la miseria y la violencia de todo el mundo, hay miles de mexicanos que han agotado ciclos de desplazamiento forzado interno y necesitan cruzar la frontera (que se cuentan ya en medio millón de personas, según informes de ONGs y organismos públicos).
Como dijimos, la situación que se relata es producto de acuerdos de externalización de las fronteras. En total, hasta el inicio de mayo, la pandemia ha “facilitado” la expulsión desde EEUU a México de más de 10.000 personas (incluyendo migrantes irregularizados, solicitantes de asilo, mujeres, niños, niñas y adolescentes) tras la aprobación de poderes de emergencia para frenar la propagación del coronavirus. Conviene recalcar que el gobierno mexicano está obligado a garantizar el acceso a la salud y a otros derechos fundamentales a estos miles de seres humanos, por la suma de tratados internacionales que ha signado en la materia, ratificados incluso a lo largo de los años, y por el paquete de reformas constitucionales en materia migratoria que desde 2010 ha intentado armonizar (todavía en proceso) las leyes con la compleja realidad migratoria de México como país expulsor, de tránsito, instalación y retorno, además del desplazamiento forzado interno e internacional.
Además de las víctimas de las “políticas exteriores” del gobierno mexicano y estadounidense, en México se cuentan por miles los migrantes deportados después de décadas de vivir irregularizados en EEUU y retornados de “allá porque se acabó el trabajo”. Retornados y deportados que regresan a un país que nunca está preparado para abrazarlos en el duelo de volver a migrar, aunque sería de esperar el despliegue de políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos fundamentales para esta población que no hará más que crecer en el marco de la crisis económica global ya en marcha.
Así pues, deportados, desplazados y transmigrantes están hoy atrapados en un país tapón en un tiempo de cuarentena global, retenidos en una transitoriedad perpetua en esta que llaman la “frontera vertical”, plagada de “ciudades cárceles”, donde se les encarcela, tortura y deporta al margen de procesos judiciales y fuera de toda norma internacional de protección a los derechos humanos.
No obstante, estos migrantes no afrontan este cambio epocal de forma pasiva o cual víctimas. Al contrario, tienen aprendidas o imaginan estrategias para mantenerse con vida en medio de tanta muerte y pelean por que sus vidas sean vivibles y dignas de celebrar, como cuando vivían en EEUU antes de ser deportados o como cuando crecieron en sus territorios antes de que los carteles, las mineras, las transnacionales europeas, las maras o, incluso, la violencia en sus casas y por sus pares varones, les desplazaran.
De ahí que en este periodo de pandemia se hayan incrementado y multiplicado las estrategias de sobrevivencia, a pesar de los 27 mil agentes de la Guardia Nacional repartidos por el actual gobierno de Manuel López Obrador en las franjas fronterizas del norte y sur de México, intentando “disuadir con estrategias militares” la voluntad de vida de estos migrantes y refugiados.
Desde el inicio de la pandemia y hasta ahora que suman ya más de 20 mil muertos por la Covid-19, en el México donde de por sí mueren centenares de miles de personas mensualmente por la violencia y la impunidad generalizadas, las familias migrantes —porque los flujos de transmigrantes definitivamente se han familiarizado, y los delitos y violaciones a derechos humanos contra ellos también suceden ahora contra núcleos familiares— se han organizado en grupos de autocuidado colectivo para seguir caminando clandestinizados por la política de profundización de frontera vertical que se practica en México.
En este periodo, grupos de migrantes acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para solicitar protección y evitar ser deportados por el Instituto Nacional de Migración en medio de fronteras cerradas por sus países de origen.
Desde que empezó la cuarentena, los migrantes han protestado en el interior de Estaciones Migratorias (CIE’s) en Chiapas, Tabasco, Sonora y Coahuila, exigiendo su liberación ante el riesgo de contagiarse de Covid-19. En las protestas, diversas coaliciones de defensores de migrantes denunciaron tortura y tratos crueles por parte de la Guardia Nacional y la Policía Federal al momento de intervenir, tanto que en el sur de México una persona solicitante de asilo falleció en el marco de las protestas. En este periodo, los medios mexicanos reportaron frecuentemente huelgas de hambre y protestas dentro de estaciones migratorias por parte de transmigrantes que demandaban ser liberados.
En ese mismo tenor, hemos sido testigos de la migración en reversa. Las y los jornaleros agrícolas, indígenas en su mayoría, han vuelto masivamente, incluso se han suspendido programas de trabajo temporal hacia Canadá por el coronavirus. Los retornados han acatado las condiciones dictadas para su reingreso por parte de gobiernos comunales, medidas que buscan frenar el contagio en sus tierras, pues podría significar, como en Brasil, el exterminio de pueblos originarios, debido a que los jornaleros vuelven sin monitoreo alguno por parte de los gobiernos o las empresas para las que trabajaban.
Al mismo tiempo, los trabajadores “atorados” en las franjas fronterizas del norte de México (en su mayoría mujeres), han reforzado o germinado estrategias de autodefensa sindical para oponerse a trabajar en condiciones de riesgo en las que llaman “incubadoras de muerte”: las maquilas donde trabajan, muchas de las cuales no pararon en ningún momento de producir. Los jóvenes deportados, bilingües y que trabajan en call centers, han denunciado a las empresas que los obligan a trabajar incluso enfermos de Covid-19.
De todo lo anterior y una suma de realidades aún más complejas, damos cuenta en (In)movilidad En Las Américas, un proyecto colaborativo puesto en marcha por 30 investigadores de la migración en toda América Latina, que pensamos en torno al binomio migración/Covid. Este portal/ repositorio busca hacer memoria sobre las medidas de control, situaciones de alerta que enfrenta la población migrante y respuestas sociales que han ocurrido en 19 países del continente.
Además de las situaciones comunes, quien navega por el repositorio puede descubrir las formas en que migrantes y refugiados han afrontado la pandemia y han reciclado, reforzado o imaginado nuevas prácticas de cuidado, organización y luchas migrantes para conseguir su derecho a una vida que sea vivible y pueda festejarse. Este esfuerzo es, además de una memoria de las ignominias cometidas contra quienes migran, un baúl de prácticas concretas para sobrevivir a la incertidumbre, antes y ahora. Les invitamos a navegarlo y explotar esos saberes migrantes acumulados, fuente de pistas concretas para el diseño de políticas públicas que propongan estrategias para una accesibilidad efectiva a los derechos fundamentales como la vida y la salud para los migrantes y refugiados.
Citación académica sugerida: Varela Huerta, Amarela: Los saberes de migrantes y refugiados para sobrevivir en estados de emergencia, 2020/08/25. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-saberes-de-migrantes-y-refugiados-para-sobrevivir-en-estados-de-emergencia/
Profesora/investigadora en la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Feminista que apuesta por coproducir crónicas sobre luchas migrantes (y prácticas de muerte en su contra) narradas desde la experiencia y los saberes de los propios pueblos en movimiento.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.