La OC-28/21 refleja una preocupación creciente por la erosión democrática. La Corte ya había anticipado esta inquietud a fines del año pasado, en la OC-26/20 sobre las obligaciones de los estados que denuncian la Convención Americana. Esta vez expone más claramente que: “el mayor peligro actual para las democracias de la región no es un rompimiento abrupto del orden constitucional, sino una erosión paulatina de las salvaguardas democráticas…” 

Sin embargo, para poder interpretar el problema de la reelección indefinida a la luz de esta preocupación, la Corte debe esbozar una teoría de la democracia anclada en el derecho interamericano. Esta es quizás la contribución más significativa de la OC-28/21. Por su énfasis en la protección de derechos humanos, esta teoría es distintivamente pluralista y contra-mayoritaria. 

– La Opinión Consultiva destaca que el pluralismo político requiere alternancia en el poder. El artículo 23 de la Convención, el artículo XX de la Declaración Americana, y la Carta Democrática Interamericana establecen la obligación de realizar elecciones periódicas. La permanencia de una misma persona en la presidencia por varios mandatos afecta la independencia y la separación de poderes, dado que el ejecutivo puede progresivamente capturar el poder judicial o los organismos de control. Adicionalmente, mientras mayor sea su permanencia en el cargo, mayor será la ventaja para lograr la reelección en detrimento de los partidos de oposición.

– Por su parte, el gobierno de la mayoría es en sí mismo “insuficiente para atribuir a un régimen el carácter democrático.” En democracia, el gobierno electo por la mayoría debe respetar los derechos de las minorías. La protección de los derechos humanos constituye así un “límite infranqueable” para las mayorías. Por ende, las reglas de acceso al poder no pueden ser modificadas para poner en desventaja a las minorías políticas.

La Corte aclara que la Convención no impone a los Estados ninguna forma institucional específica, pero sí demanda un marco compatible con esta teoría democrática. El ejercicio de la democracia constituye una obligación internacional consentida por los Estados; no es meramente un asunto de su jurisdicción doméstica.

Es clave destacar que la teoría esbozada por la Corte Interamericana establece apenas el umbral mínimo de democracia representativa. La garantía electoral de pluralismo y respeto a las minorías es el requisito necesario e ineludible para poder acceder a formas democráticas más avanzadas. Si bien la Opinión Consultiva no articula este punto de manera explícita, la interpretación expansiva de la Corte en materia de derechos respalda esta lectura.