Populismo y Estado de Derecho: los desafíos para el próximo gobierno en Perú

4 de Junio de 2021
Populismo y Estado de Derecho: los desafíos para el próximo gobierno en Perú
Crédito foto: Prensa Latina

Ni indultos ni la elección popular de jueces en el Perú. La persona que asuma la Presidencia deberá comprometerse con el fortalecimiento del estado de derecho.

El próximo 06 de junio se celebrarán las elecciones de la segunda vuelta en Perú. La campaña electoral ha estado marcada, desde la primera vuelta, por una profunda división, social, política, económica y cultural. La crisis política se ha manifestado en toda su magnitud en la primera vuelta. Si tomamos en cuenta que en Perú el voto es obligatorio, los resultados de la primera vuelta deben leerse con preocupación: no acudió a votar el 30% de los ciudadanos hábiles para emitir su voto; la más alta votación solo alcanzó un 18% y sumadas las cifras de ambas agrupaciones que compiten en la segunda vuelta, no superan el número de votos blancos, nulos y ausentes. 

En medio de la dispersión de los votos, las dos fuerzas que compiten en segunda vuelta expresan la polarización social en grado sumo. “Esta no es una elección entre dos candidatos, sino una lucha de clases, disimulada en un proceso electoral”, ha sentenciado el afamado economista Hernando de Soto, quien también participó como candidato en la primera vuelta. Y no es una afirmación exagerada. La campaña de esta segunda vuelta ha puesto en evidencia uno de los primeros desafíos para el próximo periodo presidencial: conformar un gobierno desde uno de los extremos sin una fuerza mayoritaria en el Congreso y con una ciudadanía que ha asistido a una campaña en la que, en ambos lados, ha habido acusaciones muy graves no siempre respaldadas con evidencia. 

Los desafíos para el próximo gobierno pueden resumirse en la expresión gobernanza democrática. Es decir, la posibilidad para concretar políticas democráticas, con respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos y con el respaldo de la ciudadanía. La campaña va dejando una serie de dudas en el camino sobre cuestiones básicas. No solo la promesa de indultos que han hecho ambos candidatos, sino también un festival de ofrecimientos sobre dádivas y reformas que serán difíciles de cumplir.

En el caso de la candidata del fujimorismo, Keiko Fujimori, la promesa del indulto a favor de su padre, Alberto Fujimori, tiene serios cuestionamientos éticos y jurídicos. Como es conocido, Fujimori (padre) cumple condena por graves violaciones a los derechos humanos, así como por delitos de corrupción cometidos durante el régimen de los 90´del siglo pasado. 

Se trata de un nuevo intento pues, como se recuerda, este ya había sido beneficiado antes con un indulto que negoció políticamente otro de los hijos que entonces formaba parte de la bancada del fujimorismo en el Congreso. Tras atender las solicitudes de las víctimas de las graves violaciones de derechos por los que fue condenado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) recomendó que fueran las autoridades peruanas quienes se pronunciaran sobre la validez del indulto. En efecto, así ocurrió. La Corte Suprema de Perú anuló el indulto y puso en evidencia que un perdón respecto de condenados por graves crímenes contra los derechos humanos compromete los compromisos internacionales del Estado peruano, además de haberse violado el debido proceso en el trámite que lo concedió. Como es fácil inferir, un nuevo indulto tendrá los mismos escollos jurídicos, sólo que esta vez, la imparcialidad del Poder Ejecutivo en la concesión de dicho beneficio será puesta en duda de inmediato y sin admitirse prueba en contrario.

Pero entre las promesas de ambos candidatos no aparecen solo indultos. La propia candidata Keiko Fujimori, en el último tramo de la campaña, ha ofrecido condonar deudas impuestas por infracciones a conductores de vehículos de transporte público, algo que es visto por la ciudadanía como una promoción de la impunidad. 

Durante el último debate presidencial, un festival de ofrecimientos han ocupado el centro de su discurso. Desde el reparto dinerario e individualizado del canon minero (un fondo producto del pago de impuestos de las empresas mineras al Estado), hasta condonaciones de deudas y brindar concesiones tributarias; hasta la entrega de bonos para las familias que han sufrido la pérdida de familiares por el Covid. 

En el otro extremo, el candidato de la izquierda, Pedro Castillo, no ha hecho mayor esfuerzo por diferenciarse en este punto. Por ejemplo, durante la primera vuelta, ha prometido “desactivar” instituciones como la Defensoría del Pueblo o el Tribunal Constitucional. Si bien luego de pasar a la segunda vuelta ha intentado morigerar sus discursos, no obstante, ha insistido en que de llegar a la Presidencia “desactivaría” la SUTRAN (Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías) y la ATU (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao). Si se toma en cuenta que una de las principales causas de mortalidad, antes de la pandemia en Perú, son los accidentes de tránsito, estas medidas parecen desconocer la gravedad del problema del transporte púbico desde la perspectiva de las políticas públicas.

Si bien las instituciones de la justicia no han tenido mayores referencias entre las propuestas, igual de preocupante es, por su falta de diagnóstico y la ligereza con que se presenta, la propuesta de Castillo de promover la elección popular de los jueces. Una propuesta que ha sido planteada sin más argumentos que su simple ofrecimiento al electorado. (Recomendado: Independencia judicial: la persistente asignatura pendiente en Bolivia)

Todos estos ofrecimientos tienen algo en común: buscan el voto de una ciudadanía desencantada de los políticos a cambio de un costo cada vez más alto para la defensa del Estado democrático. 

La defensa del Estado de Derecho no tiene votantes y muy pocos defensores en este contexto. La corrupción generalizada en los distintos niveles del Estado ha comprometido profundamente la credibilidad del ciudadano en las organizaciones que buscan elegirse en los cargos públicos. Esto genera varios efectos perniciosos. 

Esta imagen desoladora, sin embargo, contrasta con una ciudadanía que no ha dejado de participar activamente de las cuestiones de la vida pública. Su espacio no ha estado, desde luego, en los partidos políticos, sino en las organizaciones de base. Los grupos de activistas por los derechos de las minorías, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los movimientos de estudiantes universitarios que han estado presentes en momentos decisivos de la vida democrática institucional en los últimos años. 

Han sido estos movimientos que se han opuesto al intento de destitución de los fiscales del famoso caso Lava Jato, uno de los casos más importantes que incluye investigaciones por corrupción a funcionarios, incluidos Presidentes de los tres últimos gobiernos. También han sido estos movimientos cívicos los que han impedido al anterior Congreso con mayoría fujimorista, designar en forma apresurada y mediante “invitaciones” a seis de los siete magistrados que integran el Pleno del Tribunal Constitucional. Fueron estos movimientos sociales los que, luego de una semana de movilizaciones en todo el país, lograron que el Congresista conservador Manuel Merino, tuviera que renunciar a la Presidencia de la República el pasado 15 de noviembre de 2020, luego de aferrarse al cargo por 6 días que, lamentablemente, costaron la vida de por lo menos dos jóvenes en las movilizaciones. (Recomendado: Seis presidentes en cinco años)

A la luz de los sucesos de los últimos años y mirando la reciente campaña electoral, puede afirmarse que es la defensa del Estado de Derecho y sus instituciones, el desafío más grande para el próximo gobierno. Se trata de una defensa no solo frente a intereses de los propios grupos que forman parte de organizaciones políticas, sin ideario claro y sin vida partidaria. Individuos que se unen en torno a intereses concretos y ocasionalmente en cada proceso electoral. Por otro lado, se trata también de la defensa frente los propios votantes. Muchas de las promesas serán irrealizables si se trata de respetar las reglas del Estado de Derecho

Los indultos, por ejemplo, son contrarios a la independencia judicial y la tutela de las víctimas cuando se dictan por el solo hecho de cumplir promesas o por razones de lealtad filial. La elección popular de los jueces es igual de problemática. No solo porque requiere inevitablemente de reformas a la Constitución, sino porque en contextos de precariedad institucional y de lucha contra la corrupción, son las instituciones de la justicia las que deberían quedar al margen del manoseo de los políticos, quienes pueden tener buenas razones para intervenirla. 

Las amenazas al Estado de Derecho vienen también, lamentablemente, de la desilusión de la ciudadanía. Si quienes infringen las normas, encuentran en los políticos a mediadores para seguir infringiéndolas y no pagar las multas, ¿Tienen incentivos los demás ciudadanos para defender y cumplir la ley? Quizá sea esta la más visible muestra de los riesgos del populismo: se puede votar mayoritariamente por la propia impunidad. Sin embargo, de este modo, habremos sepultado la ilusión de todos los que se movilizaron y se siguen movilizando por ideales como la defensa de la democracia, los valores, la justicia y la igualdad ante la ley.

Palabras clave: Derechos humanos, elecciones, estado de derecho, Perú, presidencia

 

Citación académica sugerida: Grández, Pedro. Populismo y Estado de Derecho: los desafíos para el próximo gobierno en Perú, Agenda Estado de Derecho, 2021/06/4. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/los-desafios-para-el-proximo-gobierno-en-peru/

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Pedro P. Grández Castro

Profesor Ordinario de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Director del Instituto Palestra

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.