4 de Marzo del 2021

Seis presidentes en cinco años: cronología de una crisis cíclica en el Perú - Parte 2

Seis presidentes en cinco años: cronología de una crisis cíclica en el Perú - Parte 2

En noviembre de 2020, Perú se enfrentó a una compleja crisis institucional: en un semana, y en el marco de una álgida convulsión social y política, tuvo a tres presidentes diferentes. Esta situación, aunque alarmante, no es del todo nueva: en los últimos 30 años, la democracia peruana ha tenido que sobrevivir a una dictadura, a disoluciones del Congreso —en el marco de las fuertes tensiones entre el ejecutivo y el legislativo—y a 10 sucesiones en la presidencia, a pesar de que conforme con la Constitución de 1993 el periodo es de cinco años.

(Recomendado: Seis presidentes en cinco años: cronología de una crisis cíclica en el Perú)

En la actualidad, el Estado peruano, aún con los rezagos de estos complejos hechos, se alista para las elecciones generales que se llevarán a cabo el próximo 11 de abril, en las que, entre otros, se designará al nuevo Presidente de la República y se definirá la conformación del Congreso. Si bien estas elecciones constituyen una oportunidad de renovación institucional para el Perú, difícilmente serán la solución para poner fin a estas cíclicas crisis institucionales que han impactado al Estado y que, por momento, han tenido un efecto desestabilizador.

En el marco de este contexto, Agenda Estado de Derecho ha consultado a voces expertas con el fin de identificar los pasos que podrían ayudar al Perú fortalecer su sistema institucional y democrático.

Las realidades que subyacen a la problemática

1). La historia del Perú refleja varios cambios en la Presidencia y fuertes tensiones entre los poderes ejecutivo y legislativo que han logrado desatar varias crisis institucionales ¿Cuáles son las causas?

Elena Alvites

El diseño constitucional del régimen de gobierno y la crisis de la democracia representativa.

Doctora en Derecho por la Universidad de Alicante (2004) y abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP. Docente ordinaria principal de la PUCP, directora de la Maestría en Derecho Constitucional de la PUCP y Vice Pdta. de la RED Interamericana de Derechos Fundamentales y Democracia.

Una de las causas es el diseño constitucional del régimen de gobierno que en los dispositivos normativos es un presidencialismo atenuado con la presencia de diversas instituciones parlamentarias; como, por ejemplo, la incorporación de la cuestión de confianza y la facultad del Presidente de la República de cerrar el Congreso cuando se ha denegado en dos oportunidades. Este régimen funcionaría en el caso en que los presidentes de la República contaran con una mayoría parlamentaria elegida conjuntamente con él, o que su partido o movimiento político fuera capaz de formar alianzas que le brindaran dichas mayorías. Sin embargo, la expresión más clamorosa de esta disfuncionalidad se ha venido dando en el Perú desde el 2016, cuando se instaló un gobierno que tuvo una bancada que no fue capaz de formar alianzas, sino que tenía una oposición con mayoría absoluta.

Esa situación facilitó que, desde diciembre de 2017, la mayoría congresal haya buscado hasta en cuatro oportunidades aplicar la vacancia por incapacidad moral al presidente de la República. Esto se logró en noviembre de 2020 [en el caso Vizcarra] . A pesar de que el Congreso fue renovado y ningún partido o movimiento político obtuvo mayoría, intereses subalternos y dogmatismos principistas lo hicieron posible.

Las causas también están vinculadas con la crisis propia de la democracia representativa, porque importantes sectores de la población no se sienten representados en el parlamento ni por los partidos o movimientos políticos que llegan a este. En ese contexto, las disposiciones electorales requieren ser revisadas conjuntamente con el régimen de gobierno. No solo basta el cambio de alguna disposición constitucional, como la prohibición de reelección de congresistas o el retorno a la bicameralidad en el Congreso, sino una revisión integral y la adopción de un diseño que fortalezca la representación de la población en el Congreso, el recambio de congresistas a mitad de mandato, el fortalecimiento del régimen de partidos políticos y su supervisión por los organismos electorales —considerando la extendida corrupción en el país—, entre otros aspectos que tendrían que ser parte del aún inicial debate público en torno al cambio de la Constitución de 1993.

 

Pedro P. Grández Castro:

Una “derrota no aceptada” y el diseño mismo del régimen político.

Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Master en Política Jurisdiccional (PUCP-2006). Master en Argumentación Jurídica (U. de Alicante, 2011). Ha concluido estudios de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha (Toledo-España, 2003-2005).

No es fácil ensayar una respuesta que aborde satisfactoriamente todas aquellas “crisis” a lo largo de la historia. El último tramo de estas crisis posee elementos muy específicos que tienen que ver con la derrota del partido Fujimorista en las elecciones de 2016. Es una derrota no aceptada que se ha manifestado en el permanente asedio desde el Congreso a través de una mayoría congresal que ha asumido el rol de oposición como una suerte de “revancha”. Lo que es permanente, en todo caso,  es el diseño del régimen político en la Constitución de 1993. Es un modelo que confiere poderes fuertes al Presidente de la República, los que le dan estabilidad a la figura presidencial en la medida que mantenga una mayoría cómoda en el Parlamento. Cuando eso no sucede, el conflicto es inminente. Es un modelo que incita al conflicto y que debiéramos seriamente desmontar.

Yvan Montoya:

Debilidad de la institucionalidad democrática y del sistema de partidos.


Doctor en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca (España) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es Director de la Maestría de Derechos Humanos de la PUCP, profesor principal del Departamento de Derecho y asesor del Idehpucp.

Esto obedece a razones históricas, que tienen que ver, por un lado, con la falta de institucionalidad democrática en el Perú. En el Perú había ocurrido, desde que Alberto Fujimori dejó la presidencia, una sucesión presidencial democrática de carácter formal, hasta la vacancia de Martín Vizcarra. Y, por otro lado, impacta la suma fragilidad de los partidos políticos, que ha hecho que lleguen al Parlamento personas que tienen intereses personales y grupales y no, congresistas que persigan el interés general, por encima de sus intereses particulares. Es necesario un fortalecimiento de los partidos políticos como verdaderos instrumentos de canalización de la opinión pública.

2) ¿Cómo solucionar estas problemáticas identificadas en Perú? ¿Qué reformas se requieren para superar estas causas estructurales?

Elena Alvites

Reformas estructurales y participativas.

Hace dos años, desde la Presidencia de la República, se conformó la Comisión de Alto Nivel para la reforma política con el objetivo de que cinco especialistas de destacada trayectoria formularan una propuesta integral de medidas, incluyendo nuevas leyes de reforma constitucional, que contribuyeran al fortalecimiento de las instituciones políticas del país, el sistema democrático y del Estado Constitucional peruano. En marzo de 2019,  esta Comisión —habiendo realizado consultas con representantes de partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y expertos/as en materia constitucional— presentó su propuesta que comprende proyectos de ley en materia constitucional y proyectos de reforma legal agrupados en cuatro grandes ejes:

i) Anticorrupción y rendición de cuentas;

ii)  Organizaciones políticas y representación;

iii) Participación electoral y política de la ciudadanía;

iv) Gobernabilidad y control político.

Destacándose, por ejemplo, las medidas de reforma constitucional de levantamiento de la inmunidad parlamentaria por parte de la Corte Suprema de la República o la atenuación de los elementos parlamentarios en el régimen de gobierno. Sin embargo, estas son propuestas que, conjuntamente con el Documento de bases para la Reforma Constitucional —elaborado también por expertos en el año 2001 en otro de búsqueda de salida a la crisis política—, deben ser el punto de partida de un debate que mantenga informada e involucre a la población de alguna manera. Toda posible reforma política y la posible reforma de la Constitución debe partir del debate público que permita ir superando las brechas de representación.

Pedro P. Grández Castro:

Hacia un modelo latinoamericano de parlamentarismo.

Un modelo presidencial en un sistema de partidos con tendencia a la fragmentación del voto, tiene siempre el peligro de que el Presidente no logre controlar una mayoría en el Parlamento y tenga que negociar con muchos grupos políticos. En la práctica, se parece a un modelo parlamentario impuesto por las circunstancias pero con el grave problema de que quien gobierna compite también en unas elecciones generales. Es un modelo inconsistente. Coincido con quienes plantean la necesidad de instaurar un modelo latinoamericano de parlamentarismo con matices propios de nuestra tradición. Creo que la Constitución de 1993 ha puesto en evidencia el agotamiento y también los riesgos de un modelo presidencialista sin un sistema de partidos que sea realmente el dinamizador de un modelo de gestión racional del Parlamento. A esto hay que agregar que el sistema de partidos políticos no ha logrado ser definido en términos claros en las últimas reformas.

Yvan Montoya:

Recoger los avances y saldar la deuda histórica.

Hemos tenido unos avances en esta línea y paradójicamente debido a los impulsos formulados por el entonces Presidente Vizcarra, durante el tiempo de su mandato. Por ejemplo, la reforma de los partidos políticos y del sistema electoral, que contemplan límites a la financiación de privados e, incluso, sanciones muy graves en casos de financiación irregular o desconocida. También se ha avanzado por ejemplo en la alternancia para garantizar la participación de la mujer. Ahora bien, la reforma que tenemos pendiente es la modificación del voto preferencial. Este sistema permite que los candidatos se autofinancien y traten de promover su propia campaña, por encima de la lógica del partido.

3) ¿Qué discusiones deben ser abordadas en Perú para el 2021?

Elena Alvites

Crisis de legitimidad, democracia sustantiva y una reforma constitucional

El año 2021 es particularmente importante para el Perú, no solo es un año en el que se elegirán a nuevas autoridades para la Presidencia y el Congreso de la República, sino que es el año en el que la República del Perú cumplirá 200 años. Es el año del bicentenario y nos encuentra con varios problemas por enfrentar.

Una discusión que debe darse es cómo solucionamos la crisis de legitimidad de nuestro sistema político y qué debemos hacer para evitar que situaciones políticas tan graves como la que vivimos en noviembre de 2020. Asimismo, resulta importante preguntarnos qué hacer para que la democracia no solo sea un concepto formal sino sustantivo, que se extienda del ámbito político a los ámbitos social y económico; de manera que el Estado peruano, frente a crisis sanitarias y sociales como la pandemia, se encuentre preparado, en todo el diverso y complejo territorio del país, para proteger los derechos fundamentales, como la vida, la salud o la educación de la población.

En esa  línea, también será importante discutir en torno a cómo podemos superar los problemas de exclusión y profunda vulnerabilidad social y económica de importantes sectores de la población, como los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores, los trabajadores informales, entre otros grupos.  

Todas esas preguntas, sin perjuicio de ir realizando reformas legales, de proceso y organización, nos sitúan frente a la necesidad de iniciar un saludable debate en torno a la necesidad de reformar la Constitución de 1993; en particular, qué es necesario reformar y cómo debemos hacerlo. Ciertamente, la reforma de la Constitución no va a conllevar cambios inmediatos, pero frente a la crisis permanente el debate resulta necesario.

Pedro P. Grández Castro:

Una nueva Constitución Política.

Creo que la crisis política que hemos pasado en el último quinquenio nos deja varias lecciones y urgencias de cambios. Entre lo más urgente creo que se encuentra el debate sobre una nueva Constitución. La Constitución impuesta por el régimen autoritario de Alberto Fujimori en la década del 90 del siglo pasado, ha agotado por completo su ciclo.

En los primeros años de la transición, tras la caída del régimen de Fujimori, hubo un ambiente de renovación y de consenso en torno a la inevitabilidad del cambio constitucional. El Tribunal Constitucional así lo declaró en más de una ocasión, e incluso existe una Ley vigente (Ley 27600 de 2001) que encargó a la Comisión de Constitución del Congreso de la República el preparar un texto que sustituyera por completo a la Constitución de 1993 y que fuera elaborada con la más amplia participación de la sociedad civil (artículo 2 y 3).

No obstante, la agenda política olvidó la relevancia de este tema pendiente y dejamos que las ruedas de la transición avanzaran. Creo que estamos pagando el costo de no haber dado relevancia al marco constitucional de una transición democrática. Esa es la agenda que creo debemos asumir en este aniversario de la patria, en sus 200 años de independencia. Como ciudadanos merecemos darnos, por primera vez, una Constitución democrática.

Yvan Montoya:

Cinco reformas clave

Perú debe abordar cinco puntos clave. Primero, debe reformarse el voto preferencial. Segundo, cerrarse necesariamente la brecha vinculada a la interpretación de la vacancia presidencial. Tercero, mejorar los filtros de los partidos frente a las personas que harán parte de sus listas. En particular, se requieren candidatos sin antecedentes penales o actitudes antidemocráticas. Cuarto, fortalecer la lucha contra la corrupción. El nuevo gobierno deberá formular políticas públicas integrales y preventivas que supongan, entre otros, el fortalecimiento de la meritocracia o de la integridad en la función pública. Cuarto, se requiere una reforma a la salud que permita ofrecer un servicio de calidad, universal, gratuito y accesible. La pandemia tomó al Perú con una fragilidad estructural. Y, por último, es necesaria una reforma a la educación que permita, a su vez, una garantía del derecho en condiciones de calidad, accesibilidad, universalidad y gratuidad.

 

Diseño y Diagramación:  Paulo A. Cañón Clavijo

Citación académica sugerida: Espitia Murcia, Cindy. Seis presidentes en cinco años: cronología de una crisis cíclica en el Perú - Parte 2, 2021/03/04. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/seis-presidentes-en-cinco-anos-cronologia-de-una-crisis-ciclica-en-el-peru-parte-2/

Comparte este artículo en...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
ACERCA DEL AUTOR
Cindy Espitia Murcia

Abogada y Comunicadora Social y Periodista. Estudiante becaria de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Profesora de cátedra de los programas de Comunicación y Derecho y coordinadora de la Línea de Paz y Justicia Transicional de la Clínica Jurídica de la Universidad de La Sabana. Experiencia en litigio ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Consultora e investigadora en derechos humanos y justicia transicional.

Artículos Relacionados

Edgar Ortiz Romero

Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

Mauricio Alarcón

Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

Ariana Guevara Gómez

Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

Catalina Fernández Carter

Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

Edison Lanza

Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

José Luis Caballero Ochoa

José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.

Leonel González

Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.

María Luisa Piqué

Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.

Mariano Fernández Valle

Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.

Silvia Serrano

Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Marcia Aguiluz

Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.

Ángel Arellano

Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Angelita Baeyens

Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.

Leonardo Nemer Caldeira Brant

Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).

Edward Pérez

Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Katya Salazar

Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

Carlos Arturo Villagrán Sandoval

Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.

Salvador Herencia-Carrasco

Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.

María Dolores Miño

Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

Alfonso Herrea

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.