En su tercera semana en funciones como presidente de Estados Unidos, Donald Trump firmó recientemente una de sus órdenes ejecutivas más controversiales debido a sus efectos en la comunidad internacional. Dicha orden trata sobre la suspensión de la implementación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) del año 1977.

La nueva orden ejecutiva fue aprobada con el argumento de aumentar la competitividad de las empresas estadounidenses en el extranjero y garantizar una mayor seguridad en la aplicación del FCPA, según nuevos lineamientos que deberán ser analizados. En resumen, ordena la revisión de expedientes pasados y actuales relacionados con violaciones al FCPA y establece que las futuras investigaciones serán conducidas bajo nuevos lineamientos aún pendientes de definir. Es decir, esta suspensión no implica el fin definitivo de la aplicación de la normativa anticorrupción; la pregunta es cuándo y bajo qué condiciones se reanudará.

Hasta la década de 1970, Estados Unidos atravesó una de sus peores épocas en términos de corrupción, la cual quedó expuesta con el escándalo de Watergate. Como respuesta, el Congreso de Estados Unidos aprobó el FCPA, una de las muchas leyes y políticas que pasaron a formar parte de un proceso de reformas institucionales que, hasta el momento, habían posicionado a Estados Unidos como uno de los países con estándares y mecanismos anticorrupción más altos.

Cabe recordar que esta ley protege contra comportamientos antiéticos y nivela el campo de juego para todas las empresas interesadas en la inversión extranjera. En muchos países, los sobornos y el tráfico de influencias entre funcionarios gubernamentales son comunes y constituyen la “forma de hacer negocios”. Estas prácticas amenazan el crecimiento del mercado y limitan las oportunidades para empresas honestas que buscan expandirse. Los esquemas de sobornos y otras prácticas desleales generan una inflación de costos y afectan significativamente la economía. Por ello, el FCPA exige que todos los empresarios de origen estadounidense, sin importar el tamaño de su empresa, actúen de manera ética y honesta en sus operaciones en el mercado internacional. El principal desincentivo son las altas multas y la posibilidad de enfrentar prisión.

La ley contaba con dos componentes principales: la regulación de prácticas de sobornos y la promoción de la rendición de cuentas y la transparencia. Hasta ahora, su aplicación prohibía que las empresas estadounidenses sobornaran, directa o indirectamente, a funcionarios de otros países para obtener ventajas en el mercado. Asimismo, fomentaba la transparencia en la rendición de cuentas, de manera que, además de enfrentar sanciones por sobornos, las empresas también podían ser acusadas de lavado de dinero.

Casos emblemáticos han sido procesados conforme con esta normativa, como el fraude de Goldman Sachs, uno de los múltiples incidentes relacionados con la estructura de corrupción global de Siemens, y uno emblemático para Latinoamérica, el caso de Odebrecht y Braskem. Estos casos, no solo han generado pérdidas millonarias (y hasta billonarias) para los empresarios involucrados, sino que también han permitido a Estados Unidos obtener ingresos a través de acuerdos y multas impuestas a las corporaciones infractoras.

Por otro lado, apenas el año pasado se había aprobado una ley que serviría como contraparte del FCPA: la Ley de Prevención de Conductas de Extorsión en el Extranjero (FEPA, por sus siglas en inglés). Esta normativa busca penalizar a funcionarios extranjeros que soliciten sobornos (o extorsionen) a empresarios estadounidenses para permitirles hacer negocios en sus países. La FEPA se perfilaba como una medida innovadora que otros países podrían imitar, ya que pretendía desalentar los esquemas de soborno y fortalecer los tratados de extradición para sancionar a quienes infringieran la ley.