Justicia prestada: la corrupción latinoamericana se juzga en Miami, Madrid y Andorra
27 de octubre de 2026
Los mayores casos de corrupción latinoamericana se resuelven en Nueva York, Miami o Andorra. ¿Qué pasa cuando esas decisiones extranjeras cambian de rumbo?
Los procesos adelantados en Estados Unidos y España sobre actos de corrupción en Latinoamérica suelen ser asociados a la aplicación de la jurisdicción universal. El término es impreciso. La jurisdicción universal permite juzgar crímenes como la tortura o el genocidio aunque no tengan ninguna conexión con el país que juzga, y la corrupción no está en esa lista.
Estados Unidos o España juzgan porque hay un vínculo concreto con su territorio: un soborno pagado en dólares a través de un banco de Nueva York, un apartamento comprado en Miami, una cuenta abierta en Andorra. La Convención de la ONU contra la Corrupción permite a los Estados actuar en esos casos. En Estados Unidos conviene distinguir dos vías. La ley contra el soborno transnacional (FCPA) castiga a la empresa que paga, mientras que el funcionario que cobra suele ser juzgado por lavado de dinero.
La consecuencia práctica es importante. Estos tribunales llegan hasta donde llega el dinero que pasa por su territorio, y cada país elige qué casos le interesan.
Todo empezó con Odebrecht. En 2016, la constructora admitió ante la justicia estadounidense haber pagado unos 788 millones de dólares en sobornos en doce países, diez de ellos latinoamericanos. A partir de esa confesión se abrieron investigaciones en casi toda la región.
Perú es el ejemplo de cooperación que funcionó. Alejandro Toledo, presidente de Perú entre 2001 y 2006, vivía en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019 a pedido de Lima. Lo extraditaron en 2023 y al año siguiente un tribunal peruano lo condenó a 20 años y seis meses. En Ecuador el camino fue otro. El ex contralor Carlos Pólit se instaló en Miami, y fue un jurado de esa ciudad el que lo condenó a diez años por lavar en el sur de Florida más de 10 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.
Venezuela es el caso extremo. Sin jueces independientes en Caracas, el saqueo de PDVSA se investiga en Estados Unidos, España, Portugal y Andorra. En Madrid, la Audiencia Nacional ha investigado a ex viceministros venezolanos por el presunto desvío de fondos de PDVSA. La justicia andorrana procesa a antiguos altos cargos de la petrolera por el presunto blanqueo de cerca de 2.000 millones de euros. En febrero de 2026, la Corte Suprema argentina confirmó la extradición a Andorra de un exdirectivo que vivía en Córdoba.
El peso de la región en estos procesos es enorme. Entre 2018 y comienzos de 2025, cerca del 40% de las acciones de Estados Unidos contra empresas por soborno transnacional se refería a hechos en América Latina, y esos casos generaron la mitad de las multas.
Fuente: elaboración propia a partir de documentos judiciales y prensa citados en el texto.
La primera señal de esa fragilidad llegó en febrero, pocas semanas después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Una orden ejecutiva suspendió durante 180 días casi toda la aplicación de la FCPA. Las directrices del Departamento de Justicia que la reemplazaron en junio dan prioridad a los intereses de Estados Unidos y a los casos vinculados con cárteles. América Latina sigue en la agenda, aunque por razones ajenas a quienes sufrieron la corrupción.
Después vino el indulto a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras entre 2014 y 2022. Extraditado a Estados Unidos en 2022, fue juzgado en Nueva York. Técnicamente fue condenado por narcotráfico, pero el núcleo del caso era la corrupción. El juez P. Kevin Castel concluyó que usó su poder como presidente para proteger a narcotraficantes a cambio de dinero. Recibió 45 años de prisión en 2024. El 28 de noviembre de 2025, dos días antes de las elecciones hondureñas, Donald Trump anunció su indulto, y Hernández salió libre el 1 de diciembre. Ni la justicia de Honduras ni sus ciudadanos tuvieron voz en esa decisión.
El tercer golpe vino de dentro de la región. En 2023, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Dias Toffoli, anuló las pruebas del acuerdo de colaboración de Odebrecht. Más tarde extendió esa decisión a investigados de Perú, Panamá y Ecuador y ordenó avisar a Perú de que dejaría de compartir esas pruebas. Un grupo de trabajo de la OCDE mostró su preocupación por el efecto sobre la cooperación internacional.
Uno de los beneficiados fue Pólit. La decisión no alteró su condena en Miami, que no dependía de Brasil. Los procesos abiertos en Lima o en Panamá, en cambio, sí dependen de esa cooperación.
Algunos gobiernos presentan estos juicios como una injerencia. Tienen algo de razón: la selección de casos responde a intereses ajenos, y el indulto a Hernández lo confirmó. Aun así, la soberanía no puede servir de escudo para el dinero robado a los propios ciudadanos. La CIDH ha señalado que la corrupción afecta el goce de los derechos humanos y que los Estados deben combatirla y cooperar entre sí. Lo razonable es reclamar más justicia en casa, sin pedir menos fuera.
De la multa de 2.600 millones impuesta a Odebrecht, Brasil recibió 2.390 millones, Suiza 116 y Estados Unidos 93. Ninguno de los otros once países recibió una parte de esa multa. Perú, Panamá o República Dominicana tuvieron que negociar por separado con la empresa, con resultados muy desiguales: República Dominicana pactó en 2017 un pago de 184 millones de dólares, el doble de los sobornos que la empresa admitió haber pagado allí; Panamá acordó ese mismo año 220 millones, y Perú obtuvo en 2019 una reparación de más de 610 millones de soles. Pocas veces se discute que los países donde se pagaron los sobornos quedaron fuera del reparto principal.
Hay medidas a mano. Una condena en el exterior debería abrir de inmediato una investigación nacional, a cargo de fiscalías con autonomía real. En cada acuerdo, los Estados afectados pueden exigir la devolución de los activos, como prevé el artículo 57 de la Convención de la ONU. Las fiscalías latinoamericanas también pueden formar equipos conjuntos de investigación para depender menos de una sola capital. La fórmula ya se ensayó en el caso Lava Jato: en 2017, fiscales de once países firmaron la Declaración de Brasilia, que promovía estos equipos, y ese mismo año Argentina y Brasil crearon uno para compartir pruebas sobre las obras de Odebrecht en territorio argentino. La anulación de las pruebas en Brasil mostró, sin embargo, el límite de la fórmula: estos equipos solo reducen la dependencia si las pruebas que comparten no pueden caer por la decisión de un solo país.
Nada de esto sirve si los jueces locales no pueden usar las pruebas sin presiones. Los tribunales de Miami y Andorra hicieron un trabajo que la región no podía hacer. Seguir dependiendo de ellos supone aceptar que otros decidan cuándo rinden cuentas los gobernantes de la región.
Citación académica sugerida: Carballo Nievas, María Florencia. Justicia prestada: la corrupción latinoamericana se juzga en Miami, Madrid y Andorra.. Agenda Estado de Derecho. 2026/10/27. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/justicia-prestada-la-corrupcion-latinoamericana/
Palabras clave sugeridas: América Latina; corrupción; jurisdicción universal
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
