Ronald Dworkin concibió los derechos como “cartas de triunfo” del individuo frente a las mayorías o el Estado (Los derechos en serio, 1989, p. 37). Su esencia es, por definición, limitar la coacción estatal.

Con este marco en mente, el Comisionado Ralón hace notar que la Resolución 2/2026 calla sobre el principio de no confiscatoriedad, mandato que impone un límite de razonabilidad a las cargas fiscales en todo Estado garante del derecho a la propiedad. En consecuencia, la potestad tributaria goza de legitimidad solo cuando se abstiene de asfixiar el patrimonio esencial del ciudadano, es decir, cuando la propiedad funciona seriamente como una carta de triunfo frente al poder recaudador.

Bajo una primera lectura, la resolución corre el riesgo de promover un sistema donde la garantía de derechos humanos a partir del “fortalecimiento de la capacidad recaudatoria” se consuma a costa de prerrogativas de raigambre constitucional limitadoras del ius imperium. Siendo el tributo la manifestación más invasiva sobre la propiedad privada, propugnar la máxima recaudación sin mencionar expresamente las garantías de capacidad contributiva y no confiscatoriedad no hace más que profundizar este riesgo interpretativo.

Estas omisiones pueden servir para agravar la ceguera propia de las redes institucionales advertida por Yuval Harari en Nexus. Harari explica que las burocracias operan con anteojeras, porque persiguen un objetivo único ignorando el impacto sistémico a su alrededor. Así pues, un funcionario cuya única tarea es incrementar la producción industrial ignorará las consideraciones ambientales y provocará un desastre ecológico; a la inversa, una institución creada exclusivamente para combatir la contaminación impondrá regulaciones tan rigurosas que causará la ruina económica.

Así como la persecución de las más graves violaciones de derechos humanos encuentra un límite en el debido proceso, la urgencia recaudatoria está limitada por la no confiscatoriedad. Esta garantía no es un privilegio de élite; es la frontera que impide al ius imperium degenerar en expropiación, garantizando, en correlato con el artículo 21 de la Convención Americana, el respeto a la capacidad contributiva.

Ciertamente, es comprensible que una lectura del instrumento desprovista de referencias a la no confiscatoriedad pueda percibirse como una amenaza frente a la coacción estatal. En la actualidad, el mandato de mayor tributación suele sentirse como una medida invasiva. Sin embargo, propongo acompañar el diagnóstico de Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI, según el cual el mundo retrocede hacia la hiperconcentración de riqueza del siglo XIX, tras el desmantelamiento de la contención tributaria del siglo XX.

Como demuestra el economista francés, los Estados de bienestar se consolidaron gracias a una “tributación progresiva”, compuesta por la exigencia de altas contribuciones a las súper-élites, lo que cambió drásticamente para la década de los 90. En ese momento, los Estados recortaron los impuestos a las grandes ganancias y capitales, trasladando la carga recaudatoria hacia impuestos al consumo (como el Impuesto General a las Ventas) que afectan por igual a todos los ciudadanos. Este viraje afectó la idea de progresividad tributaria y aceleró una hiperconcentración de la riqueza.

Si asumimos esta lógica, la intención de la CIDH de recuperar la tributación progresiva sobre las grandes fortunas adquiere pleno sentido y soporte histórico.