La información pública relativa al personal judicial en El Salvador: ¿fuera del alcance del ciudadano?
31 de Mayo de 2023
Tras una purga en el órgano judicial, la Corte Suprema de Justicia se niega a publicar información sobre quiénes son y cuál es el perfil de los nuevos jueces y magistrados ¿Cómo afecta esto la lucha contra la corrupción?
Según la Sala de lo Constitucional de El Salvador en la Inconstitucionalidad 13-2012, el derecho de acceso a la información pública tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole, pública o privada, que tengan interés público.
El principio democrático del Estado de derecho (art. 85 de la Constitución), impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración, así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos (Considerando III numeral 1).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile ha afirmado que:
los Estados deben garantizar la protección al derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, dentro de las cuales debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados. (párrafo 163).
En El Salvador, la ley que rige este tipo de procedimientos es la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
Sin embargo, en el país, se dieron acontecimientos que incidieron negativamente en el respeto y protección efectiva de este derecho.
La relevante labor de tutela que realizaban el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Sala de lo Constitucional y la Corte Suprema de Justicia decayó abruptamente, por la intromisión del Órgano Ejecutivo en la integración de dichas Instituciones.
Esta intromisión tuvo su punto de inflexión el 1 de mayo de 2021, cuando la Asamblea Legislativa, con una mayoría calificada de diputados y del mismo partido afín al Presidente Nayib Bukele, destituyó a todos los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional.
Luego de la destitución, la Asamblea inmediatamente nombró a otras personas en dichos cargos sin que se siguiera el procedimiento de selección de Magistrados que establece la Constitución en el artículo 186.
Así, con un Órgano Judicial dócil, se facilitó aún más -posteriormente- la aplicación de las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, realizadas por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2021, que jubiló forzosamente a aquellos jueces con 60 años cumplidos. La salida de estos juzgadores provocó que se nombraran otros nuevos, sin haber seguido el procedimiento establecido en la Constitución. Es decir, sin que fueran propuestos por el Consejo Nacional de la Judicatura, tal como lo establece el artículo 187 constitucional.
Ahora bien, como lo afirmaba en IAIP en sus precedentes, los motivos determinantes para emitir una declaratoria de reserva de información prevista en el artículo 19 LAIP, no pueden ser invocados abusivamente por las instituciones obligadas (procedimiento con Ref. 060-A-2017). En consecuencia, para su limitación no basta alegar una causa legalmente establecida, sino que debe existir una justificación objetiva importante.
La información relativa al Órgano Judicial no tiene la característica de ser reservada (art 10 y 13 LAIP), por el contrario, es información oficiosa, que tiene que estar a disposición del público sin necesidad de que se realice una solicitud de información sobre ella. Esto constituye un elemento del principio de máxima publicidad, el cual busca que la información en manos de instituciones públicas sea completa, oportuna y accesible.
Esto conlleva, entonces, a que la Corte Suprema de Justicia no está exenta de publicar la información oficiosa a la que se refieren los artículos 10 y 13 de la LAIP y de actualizarla. Así, el art. 13 literal h) prevé que es pública la nómina de abogados, notarios, jueces y jueces ejecutores con mención expresa de las nuevas autorizaciones, suspensiones e inhabilitaciones.
Asimismo, el artículo 10 numeral 3 establece que todos los entes obligados podrán a disposición del público, divulgarán y actualizarán, por ejemplo, el directorio y el currículo de los funcionarios públicos, incluyendo sus correos electrónicos institucionales.
En ese sentido, los jueces y magistrados, según los precedentes del IAIP, son servidores públicos que desempeñan una función constitucional y legal de gran importancia, pues tienen a su cargo la facultad de juzgar y hacer cumplir lo juzgado ante la población en general; de modo que sus actuaciones deben adecuarse a los cánones de la legalidad, independencia, probidad e imparcialidad.
Las personas juzgadoras se encuentran sujetas a un mayor escrutinio por parte de la sociedad y, por lo tanto, sus actuaciones salen innegablemente del dominio privado para insertarse en el dominio público, lo cual se asienta no en la calidad del sujeto, sino en el interés y relevancia pública de las actividades que realiza (procedimiento con Ref. 215-A-2015).
Luego de expulsar a más de 200 jueces de la carrera judicial y de haber nombrado a otros, desde el Centro de Asesoría Legal Anti-Corrupción de El Salvador (ALAC) se solicitó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial, “el listado de jueces a nivel nacional (nombres completos y lugar donde fueron ubicados) esto, luego de entrar en vigencia las reformas a la Ley de la Carrera Judicial el 26-09-2021”.
Asimismo, se solicitó la cantidad de juzgadores, edad, género y los criterios utilizados para la contratación. Sin embargo, la información no fue entregada porque la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia expresó que era imposible entregarla porque implica un riesgo a la seguridad e integridad física de los funcionarios judiciales.
En esta denegatoria, no se argumentó por qué revelar la información solicitada pondría en riesgo a los jueces. Tampoco expresó las razones del por qué una información que siempre había sido oficiosa tiene ahora carácter reservado. Y es que, por el contrario, sí debería permitirse el acceso porque el listado de los nombres de los jueces -como se explica en este texto- tiene el carácter de información oficiosa. Sí es de interés público conocer quiénes son aquellos abogados que llegaron a cubrir los cargos de los jueces y magistrados retirados.
Meses después, la Corte también se negó a entregar información relativa a las hojas de vida de los funcionarios judiciales e incluso sobre el proceso de selección y nombramiento de estos por tener el carácter de “reservado”.
El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental reconocido por la jurisprudencia constitucional e internacional, y a pesar de su desarrollo exhaustivo en precedentes jurisprudenciales, su obstaculización y desaliento en su ejercicio en El Salvador es ahora una constante.
La reserva de los nombres de los jueces y magistrados del Órgano Judicial, sus hojas de vida y su proceso de nombramiento son ahora un secreto.
¿Cómo poder tutelar este derecho, si actualmente no se cuenta ni con un IAIP ni con una Sala de lo Constitucional independientes, a las que se pueda acudir para la tutela del acceso a la información pública?
La falta de acceso a dicha información es un obstáculo para identificar casos de corrupción y nepotismo en el Órgano Judicial y -como ya lo han reportado algunos medios-, genera un efecto desaliento en otros derechos fundamentales como el de libertad de expresión, libertad de información y derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley, independiente e imparcial.
Citación académica sugerida: Santos, Sandra. La información pública relativa al personal judicial en El Salvador: ¿fuera del alcance del ciudadano? Agenda Estado de Derecho. 2023/05/31. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-informacion-publica-relativa-al-personal-judicial-en-el-salvador/
Palabras clave: El Salvador, Estado de derecho, acceso a la información pública, opacidad, corrupción
Catedrática Universitaria en las materias Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional y Derecho Procesal Civil. Abogada graduada de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). Posee una Maestría en Derecho Penal Constitucional de la UCA y es egresada de la Maestría en Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Formó parte del equipo de coordinadores y colaboradores jurídicos de la Sala de lo Constitucional de El Salvador durante el periodo de 2005 a 2017.
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Abogada colombiana, LLM en International Legal Studies por la Universidad de Georgetown y Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Es candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Georgetown. Actualmente se desempeña como Directora Asociada en el O'Neill Institute for National and Global Health Law y es docente en la Universidad de Georgetown y en programas de especialización y maestría en diversas universidades de América Latina. Anteriormente trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde tuvo varios cargos, principalmente como Coordinadora de la Sección de Casos a cargo de la etapa de fondo y del litigio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.
Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.
Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).
Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.
José Luis Caballero Ochoa es Licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua; Maestro en Derecho, por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España. Diplomado en derechos humanos y procesos de democratización por la Universidad de Chile. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es académico – investigador en el Departamento de Derecho en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, del que fue su Director por seis años. Actualmente es Comisionado de la Comisión Internacional de Juristas. Ha participado o participa en diversas comisiones o consejos públicos, ciudadanos y académicos en México, entre los que destacan: el Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; la Junta Directiva del Instituto Federal de la Defensoría Pública; el Comité Consultivo del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el Comité Académico y Editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros. Docente en diversos programas académicos en materia de derecho constitucional y derechos humanos en centros de educación superior nacionales, y ponente en congresos y foros académicos especializados en México, Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Colombia, España, Estados Unidos y Perú. Su papel como consultor y especialista ha implicado la elaboración de proyectos de ley, dictámenes técnicos bajo la figura de amicus curiae y peritajes internacionales. Su obra publicada consiste en más de 80 capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre derecho constitucional, derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos, así como algunos libros en estas materias.
Doctorando en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina); Master en Derecho Penal y Procesal Penal por Osgoode Hall Law School, Universidad de York (Canadá); Diplomado Latinoamericano sobre Reforma Procesal Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (Chile); Abogado con orientación en Derecho Penal por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (Argentina). Actualmente es el Director de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). Durante 8 años fue el Director del Área de Capacitación del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), creado en 1999 por resolución de la Asamblea General de la OEA, con sede en Santiago de Chile.
Fiscal de la Procuración General de la Nación Argentina. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde se recibió con diploma de honor, Especialista en derecho penal y procesal penal por la Universidad Torcuato Di Tella y Máster en Derecho por la Universidad de Georgetown. Fue becaria de la Fundación Fulbright y perita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesora de Garantías Constitucionales del Derecho Penal Sustantivo y Procesal Penal de la Universidad de Buenos Aires, de Género y Derecho Penal en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de San Andrés y profesora invitada en distintas universidades, de grado y posgrado. Es autora de varios artículos en publicaciones académicas sobre temáticas de género y derecho penal y de garantías constitucionales en el proceso penal.
Abogado, Magíster en Derecho y Posgrado en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad de Palermo. Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Responsable del Programa para la Aplicación de Instrumentos de Derechos Humanos del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Integrante de la Red Latinoamericana de Académicas/os del Derecho - ALAS. Fue docente en diferentes universidades de Argentina, e investigador y docente en el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Sus temas de especialización son Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Acceso a la Justicia y No Discriminación.
Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.
Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de la República de Uruguay, magíster en Estudios Políticos por la Universidad Metropolitana de Venezuela y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Santa María con especialización en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Universidad Católica Andrés Bello y The George Washington University. Autor del libro «Venezolanos en el Uruguay» (2019). Trabaja como editor de la plataforma Diálogo Político y coordinador de proyectos del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.
Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.
Vicepresidenta de incidencia y litigio internacional del Robert F. Kennedy Human Rights. Baeyens lidera la estrategia de incidencia legal en derechos humanos de la organización, incluyendo el litigio de casos de alto impacto ante mecanismos de la ONU y sistemas regionales de protección, en temáticas relacionadas con la protección del espacio cívico y la lucha contra la discriminación, violencia e impunidad. Previamente se desempeñó como oficial de asuntos políticos en la ONU y como oficial de derechos humanos en la CIDH, donde también coordinó la Relatoría sobre personas defensoras. Es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown. Recibió su título de abogada de la Universidad de Ibagué, Colombia, y su LL.M en derecho internacional de los derechos humanos de la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos.
Juez electo de la Corte Internacional de Justicia, además de profesor y director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) y fundador del Centro de Derecho Internacional (CEDIN) y del Anuario Brasileño de Derecho Internacional. Tiene un máster de la UFMG y un doctorado de la Universidad París X Nanterre, y ha trabajado como jurista adjunto en el CIJ. Ha sido profesor visitante en el Institut des Hautes Études Internationales de la Université Panthéon-Assas Paris II, la Université Caen Basse-Normandie, la Université Paris-Ouest Nanterre la Défence y el Centro Lauterpacht de Derecho Internacional (Universidad de Cambridge, Reino Unido).
Abogado venezolano, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. LL.M. en derecho internacional de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y Magíster en políticas públicas de la Universidad de los Andes, en Colombia. Actualmente se desempeña como asesor legal senior del Centro de Derechos Reproductivos y docente de la Universidad de los Andes. Fue abogado de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.
Experto afiliado al Constitution Transformation Network de la Universidad de Melbourne e investigador asociado de la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. Doctor en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne y una Maestria en Derecho Público e Internacional en esa misma casa de estudios, y una Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar. Tiene experiencia en gobierno, especificamente en negociacion de tratados y convenciones, litigio en instancias internacionales e implementacion de instrumentos en materia de derechos humanos, y como consultor para organismos financieros internacionales.
Candidato a doctor por la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa (Canadá). Director de la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos (HRREC) y profesor de la Sección de Derecho Civil de la Universidad de Ottawa. Anteriormente trabajó en la Comisión Andina de Juristas, el Tribunal Constitucional y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú. Sus áreas de investigación son el Sistema Interamericano, Empresas y Derechos Humanos, Derecho Penal Internacional, TWAIL y libertad académica. Integrante del Grupo de Estudios Latinoamericano sobre Derecho Penal Internacional de la Fundación Konrad Adenauer.
Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.
Abogada costarricense, Máster en Derecho Internacional y Resolución de Conflictos por la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas. Actualmente se desempeña como Directora Legal para América Latina en Women’s Link Worldwide, desde donde ejerce como estratega legal, líder de iniciativa y abogada litigante, con una gran responsabilidad para diseñar y liderar complejos proyectos legales, asimismo, es docente en la Universidad para la Paz, y en diversas universidades de Costa Rica. Anteriormente trabajó en el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) como Directora del Programa para Centroamérica y México, en la Secretaría General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y como consultora internacional. Marcia se especializa en el litigio estratégico con enfoque de género e interseccional.
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.
