La prisión preventiva oficiosa: análisis de su incidencia en México

2 de Febrero de 2023
La prisión preventiva oficiosa: análisis de su incidencia en México
Tomada de Pixabay

Hasta ahora, no se ha resuelto el problema de fondo de la prisión preventiva oficiosa en México. Se espera que esto cambie en 2023.

El año 2022 fue escenario de una discusión intensa sobre la legalidad de la prisión preventiva oficiosa en México, una figura legal utilizada en el sistema penal que según la opinión de muchos expertos viola la presunción de inocencia y la libertad personal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo varias jornadas de discusión sobre el tema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró la audiencia pública del caso de Daniel García y Reyes Alpizar, quienes estuvieron en prisión preventiva en el Estado de México más de 17 años.

Definición e ilegalidad de la prisión preventiva oficiosa

La prisión preventiva oficiosa está regulada en el artículo 19 de la Constitución Política de México. Implica mantener en prisión durante el proceso a personas que sean acusadas por la fiscalía de alguno de los delitos mencionados en dicho artículo siempre que un juzgado decida que hay méritos preliminares para seguir investigando a la persona.

Pese a que el gobierno ha sostenido que la medida contribuye a combatir el crimen, no hay evidencia que sostenga dicha afirmación. Por el contrario, la figura viola derechos humanos porque convierte a la prisión preventiva en la regla cuando debería ser excepcional de acuerdo con los estándares interamericanos. Aunque está justificado dictar una medida cautelar para evitar que la persona acusada afecte a víctimas o testigos o se evada de la acción de la justicia, la decisión sobre cuál medida procede, debe justificarse individualmente.

Además, la medida viola el principio de proporcionalidad. En algunos casos, bastaría con que se pida a la persona investigada que se presente periódicamente ante el juzgado o que no abandone una zona geográfica. En otros casos será necesaria -y bastante- una garantía económica o colocarle un brazalete electrónico. Como última medida es posible imponer la prisión preventiva.

Sin embargo, cuando el juzgado dicta la prisión preventiva basándose solamente en el delito imputado y omitiendo revisar si otras medidas cautelares son idóneas, la privación de la libertad se torna arbitraria y la prisión preventiva se convierte en un castigo sin sentencia.

Historia de la prisión preventiva oficioso en México

Paradójicamente, la prisión preventiva oficiosa fue adoptada por el Congreso Mexicano en el marco de la reforma constitucional en materia penal de 2008 que significó transitar de un sistema penal inquisitivo a un sistema penal acusatorio y adversarial más respetuoso de los derechos humanos.

Durante la vigencia del sistema penal antiguo, la legislación mexicana contemplaba un modelo en el que la prisión preventiva durante el proceso era la regla y la libertad era la excepción. Con el nuevo sistema penal, en lugar de abandonarse ese modelo, se optó por uno en el que solamente cuando una persona era investigada formalmente por ciertos delitos, procedía la prisión preventiva en forma automática. En ese momento se contemplaron algunos delitos como delincuencia organizada, homicidio doloso, violación y secuestro.

No obstante, en febrero de 2019, el Congreso mexicano introdujo doce delitos más a la lista del artículo 19 constitucional. Esta reforma significó darle nuevo protagonismo a la prisión preventiva.

La reforma de 2019 ha incidido en el aumento de la población de personas en      prisión. En el año 2018, de acuerdo con información oficial, la población penitenciaria en México era de 197,988 personas. A partir de 2019, esta cifra ha aumentado hasta llegar a 230.000 personas en noviembre de 2022. Probablemente el aumento de personas en prisión se debe a la prisión preventiva oficiosa combinada con el aumento exponencial del uso del procedimiento abreviado. En la actualidad, aproximadamente el 40% de las personas en prisión no tienen sentencia.

Jurisprudencia de la Corte IDH y reacción de la SCJN

El 26 de agosto de 2022, la Corte IDH llevó a cabo la audiencia pública del caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz vs. México. En la audiencia, el señor Daniel García Rodríguez habló de los efectos negativos de la prolongada estancia en prisión sin sentencia para él y para su familia. También se presentaron argumentos contundentes contra la prisión preventiva oficiosa.

Aunque todavía se espera la sentencia en el caso García Rodríguez y Alpízar Ortiz, siguiendo la jurisprudencia anterior de la Corte IDH, –la cual es vinculante para todas las autoridades judiciales mexicanas–, la prisión preventiva oficiosa tal como está prevista en México es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) porque evita que la prisión preventiva se aplique excepcionalmente. Sin embargo, el problema al que se enfrenta la SCJN y la Corte IDH es que esa figura está prevista en la Constitución de México.

El problema se explica a la luz de las llamadas restricciones constitucionales. A partir de la reforma constitucional de 2011, la SCJN interpretó en la Contradicción de Tesis 293/2011 que las normas de derechos humanos de fuente internacional y nacional constituían un parámetro de control de regularidad constitucional, –también conocido como bloque de constitucionalidad–, y que las normas de derechos humanos no se relacionaban entre sí en términos jerárquicos. Sin embargo, concluyó que si había una restricción expresa en la Constitución al ejercicio de derechos, prevalecía ésta. Ello genera que cuando existen normas constitucionales que violan derechos humanos, la SCJN se enfrente a este obstáculo.

Para abordar el problema, dos proyectos de sentencia de la Suprema Corte propusieron inaplicar el artículo 19 de la Constitución por ser incompatible con los artículos 7 y 8 de la CADH, pero no fueron aprobados pese a que la mayoría de      los integrantes del Pleno de la SCJN consideran que esta figura viola derechos humanos. El obstáculo fue que aprobar los proyectos hubiera implicado dejar sin efectos una parte de un artículo de la Constitución o revisar la doctrina de la SCJN sobre las restricciones constitucionales.

Un primer asunto del ministro Luis María Aguilar, proponía resolver la acción de inconstitucionalidad 130/2019. Después de ser discutido por el Pleno de la SCJN en septiembre de 2022, el ministro retiró el proyecto debido a que no había un consenso necesario (8 votos) para aprobarlo. Meses después, presentó un proyecto nuevo que proponía realizar una interpretación conforme de la Constitución y afirmar que la prisión oficiosa no significaba prisión automática.

La nueva propuesta tampoco fue aprobada pero la Suprema Corte resolvió el caso afirmando que el Congreso está impedido de aumentar la lista de delitos con prisión preventiva oficiosa de la Constitución por medio de leyes secundarias sin una justificación robusta. La consecuencia fue declarar inconstitucional la inclusión de tres delitos fiscales en la lista de la      prisión preventiva oficiosa.

Un segundo asunto, el amparo en revisión 355/2021 fue presentado por la ministra Norma Lucía Piña, recientemente nombrada presidenta de la SCJN. Ese asunto también proponía declarar inconvencional a la prisión preventiva oficiosa, pero fue retirado y se encuentra pendiente de resolución.

Conclusiones

Finalmente, se espera que la Corte IDH emita su sentencia en el caso de Daniel García y Reyes Alpízar, en la que podría decidir que el Estado mexicano es responsable de violar los derechos humanos de las presuntas víctimas y ordenar al Estado que como medida de no repetición modifique su legislación y elimine la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, una decisión así implicaría ordenar a México que reforme su Constitución, lo cual no es una práctica común.

En suma, pese a que una mayoría de al menos 8 ministros y ministras de la SCJN sostienen que la prisión preventiva oficiosa es contraria a las obligaciones convencionales de México, no han acordado una metodología que resuelva el problema. El reto no es menor debido a que la figura está prevista en la Constitución.

Para 2023, la decisión de la Corte IDH podría conjugarse con el asunto pendiente de la Suprema Corte para que finalmente pueda eliminarse esta perniciosa figura del sistema penal mexicano. Miles de personas aguardan por las decisiones de dos tribunales que podrían ayudarles a salir de prisión.

Nota del editor: Este artículo analiza la Prisión Preventiva Oficiosa en México previo la sentencia del caso Tzompaxtle Tecpile, cuyas implicancias jurídicas para México y la región latinoamericana serán analizadas en futuras entregas.

Citación académica sugerida: Tapia Olivares, Luis Eliud: La prisión preventiva oficiosa: análisis de su incidencia en México. Agenda Estado de Derecho. 2023/02/01. Disponible en: https://agendaestadodederecho.com/la-prision-preventiva-oficiosa-analisis-de-su-incidencia-en-mexico/

Palabras clave: Sistema penal, presunción de inocencia, prisión preventiva.

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ACERCA DEL AUTOR
Luis Eliud Tapia Olivares

Abogado mexicano. Actualmente estudia una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en American University Washington College of Law

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Es profesora ayudante e investigadora predoctoral en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tiene un Máster en Democracia y Gobierno, y un Máster en Gobernanza y Derechos Humanos, ambos de la UAM. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela. Es integrante del Lab Grupo de Investigación en Innovación, Tecnología y Gestión Pública de la UAM. Su tesis doctoral aborda la relación entre género, tecnologías y sector público, con un especial énfasis en la Inteligencia Artificial. También ha publicado sobre innovación pública y colaboración entre administraciones públicas y ciudadanía. Formó parte del equipo editorial de Agenda Estado de Derecho desde 2020 hasta febrero de 2022.

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Abogada de la Universidad de Chile y Magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. En el ámbito profesional, se ha desempeñado en el extranjero como asistente legal en la Corte Internacional de Justicia y consultora para la International Nuremberg Principles Academy. En Chile, ha trabajado como abogada para el Comité para la Prevención de la Tortura, y actualmente se desempeña en la División de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile. Asimismo, es académica de Derecho Internacional Público en la Universidad de Chile. Sus áreas de investigación incluyen el derecho internacional de los derechos humanos, la regulación de la actividad policial y su conformidad con estándares internacionales, el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

Docente y conferenciasta en el campo de la libertad de expresión y el derecho a la información en prestigiosas universidades, entre ellas American University (Washington), Unam (México), Universidad Carlos III (España), Stanford (California), Universidad del Pacífico (Perú), UBA (Argentina) Universidad Diego Portales (Chile), Udelar (Uruguay) y Universidad de los Andes (Colombia). Periodista, columnista y colaborador asiduo en distintos medios de comunicación.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.