La incomprensible e infundada reforma judicial en Argentina

8 de Septiembre de 2020
La incomprensible e infundada reforma judicial en Argentina

Como en el resto de América Latina, la política de Argentina tiende hacia la judicialización. El resultado de este fenómeno es un aumento significativo en el número de conflictos que se libran y dirimen en los tribunales. Es por ello que para cualquier observador de la realidad local debería resultar obvio que el Poder Judicial es un actor político de alta relevancia. Es común que con sus fallos los jueces sellen el destino de políticas públicas o determinen el alcance de derechos fundamentales. Dado que en la Justicia se dirimen cuestiones de suma importancia para la sociedad y la política, desde el retorno de la democracia se han sucedido una serie de intentos más o menos ambiciosos por incidir en quienes son (y cómo piensan) los jueces. Hoy asistimos a un episodio más en esta larga saga de propuestas de reforma judicial.

La organización judicial en Argentina responde al carácter federal del Estado. En la actualidad coexisten tres niveles de ordenamiento judicial: federal, provincial y nacional. La justicia federal tiene competencia en todo el país y se organiza por jurisdicciones. Las 15 jurisdicciones ubicadas en las provincias se componen de: una cámara de apelaciones, organizadas por salas, y juzgados de primera instancia que en su gran mayoría son multi-fueros. En la Ciudad de Buenos Aires, y debido a la gran cantidad de causas, la justicia federal se organiza en 4 fueros: (1) Civil y Comercial, (2) Contencioso Administrativo, (3) Penal Económico y (4) Criminal y Correccional. La reforma judicial que se está debatiendo en el país corresponde a modificaciones en la organización y competencia de la justicia federal, principalmente en el fuero penal.

No es llamativo que el eje principal de la reforma se centre en la justicia penal federal ya que la mayor cantidad de delitos con relevancia política se investigan en dicho fuero. En particular, los resonados casos de corrupción, incluyendo la causa de “los cuadernos” en la que se acusa a la actual Vicepresidenta y ex funcionarios de su anterior gestión (2007-2015) o denuncias varias contra la administración de Mauricio Macri (2015-2019), son algunos de los casos que desfilan por la justicia Criminal y Correccional federal ubicada en la Ciudad de Buenos Aires (denominada Comodoro P y por la dirección del edificio donde se alojan los juzgados). Asimismo, el nexo alegado en determinadas provincias entre el narcotráfico y la clase política dirigente potencia la relevancia de dicho fuero en todo el territorio nacional.

Algunos de los puntos más controvertidos de la reforma giran en torno a la creación de 65 juzgados de primera instancia penales federales ubicados en las provincias, 5 cámaras de apelaciones en las provincias, 2 tribunales penales orales, y la unificación (y expansión) de los fueros Penal Económico y Criminal Correccional federal ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Estos cambios suponen la creación de 95 vacantes para jueces federales, más personal administrativo, fiscales y defensores. Los nuevos 65 juzgados de primera instancia incrementarían aproximadamente un 50% el número total de tribunales federales. La reforma que se está discutiendo tendría entonces un gran impacto en el ordenamiento judicial, ya que reconfiguraría las relaciones entre la política y la justicia en todo el territorio.

Entre las razones esgrimidas por quienes defienden la iniciativa, se resalta la importancia de sumar capacidad para resolver la crisis de rezago procesal que afecta a algunas jurisdicciones. Considerando que desde el 2013 el Poder Judicial de la Nación no publica anuario de estadísticas con información sobre tasas de productividad y desempeño de la justicia federal, es ciertamente difícil evaluar la propuesta a la luz de este argumento. La ausencia de datos oficiales reduce el debate a tecnicismos legales y denuncias mediáticas respecto al manejo político de la reforma. Entre ellas se destacan, por un lado, el planteo oficial que acusa a la justicia federal penal con sede en la Ciudad de Buenos Aires de tener serios déficits de transparencia y demasiado poder para intervenir en la vida democrática del país, en especial debido a la discrecionalidad con la que se manejan los expedientes y a los nexos que unen al personal judicial con los servicios de inteligencia. Es por ello que mediante la expansión del fuero Criminal y Correccional (y su unificación con el Penal Económico) pareciera que se busca diluir el poder de los 12 juzgados existentes. En la vereda de enfrente, la oposición acusa al gobierno de querer intervenir la justicia a través de los nuevos nombramientos.

No obstante, lo cierto es que el Poder Judicial Federal requiere de mejoras y reformas. La dificultad radica en poder generar un debate despolitizado basado en las necesidades reales del sector judicial, y no de políticos con interés en el devenir de causas específicas. Desafortunadamente, los pocos datos disponibles debilitan el argumento sobre el impacto positivo que tendría la reforma en la gestión de la justicia federal. En particular, estadísticas judiciales federales del 2018 abren interrogantes fundados en evidencia respecto a determinados aspectos de la reforma.

El Gráfico 1 revela que el fuero Civil, a diferencia del fuero Penal, tiene tasas de resolución llamativamente bajas para la mayoría de las circunscripciones. El estándar internacional supone que los tribunales deberían poder resolver la misma cantidad de casos que ingresan en el año, es decir una tasa de un punto (o el 100% de los casos). Para el fuero Civil solamente cinco jurisdicciones logran el objetivo, mientras que para el fuero Penal son doce. El dictamen del Senado que avala el proyecto oficial de reforma judicial no propone reformas ni creación de juzgados de primera instancia para el fuero Civil federal sino exclusivamente para el fuero Penal. La duda que generan estos datos es si necesitamos crear 65 juzgados de competencia exclusiva en material penal dado el desempeño de la justicia civil. Mas aún, analizando los datos para el fuero Penal, ¿por qué en la jurisdicción de Córdoba, con la tasa de resolución más alta, se propone crear 7 nuevos juzgados, mientras que en la jurisdicción de Corrientes, con la tasa de resolución más baja, se propone crear solo 3 juzgados penales?

Gráfico 1: Tasa de resolución por circunscripción para el fuero penal y civil (2018)

Nota: Tasa de resolución o descongestión corresponde a: cantidad de causas salidas dividido la cantidad de causas ingresadas. Fuero penal corresponde a los casos contabilizados en las secretarías: penales y de derechos humanos. Fuero civil corresponde a los casos contabilizados en las secretarías: civiles, civil y comercial, y civil, comercial y laboral. Cuando la tasa de resolución supera el valor de 1 es porque los tribunales resuelven más casos de los que ingresan y van reduciendo la cantidad de casos pendientes de años anteriores.

Otro de los indicadores que se suelen analizar para elaborar propuestas de reforma judicial es la tasa de duración promedio de las causas. El Gráfico 2 revela nuevamente una situación alarmante para las causas civiles especialmente para la jurisdicción de San Martín. En la mayoría de las circunscripciones el promedio de duración de causas civiles es de más de 30 años mientras que para las causas penales, la duración promedio para la gran mayoría de las circunscripciones es inferior a los cinco años. Para los casos penales, las jurisdicciones más rezagadas son Corrientes, Resistencia, Salta y Tucumán con promedios de 15 a 25 años aproximadamente. Una mirada cuidadosa sobre la ubicación geográfica de los tribunales de primera instancia federal en el dictamen del Senado revela que, para la jurisdicción de San Martín, con una duración promedio de un año para causas penales, se propone crear 7 juzgados penales, mientras que para la jurisdicción de Tucumán, con una duración promedio de 25 años, se propone crear solo un tribunal penal. El rezago de los juzgados de San Martín no se da en materia penal sino en materia civil, ¿por qué entonces crear juzgados penales y no civiles?

Gráfico 2: Tasa de duración por circunscripción para el fuero penal y civil (2018)

Nota: Tasa de duración corresponde a la cantidad de causas pendientes al inicio más causas ingresadas dividido la cantidad de causas salidas. Fuero penal corresponde a los casos contabilizados en las secretarías penales y de derechos humanos. Fuero civil corresponde a los casos contabilizados en las secretarías: civiles, civil y comercial, y civil, comercial y laboral.

La evidencia analizada no permite entender desde una mirada despolitizada y objetiva cuál fue la lógica de los Senadores al momento de establecer la cantidad total de nuevos juzgados penales ni la distribución geográfica de los mismos. Si el objetivo es tener un Poder Judicial independiente y con capacidad para investigar al poder y resguardar a los ciudadanos, deberíamos tal vez comenzar por reformas menos controversiales, pero con efectos más claros: modernizar y digitalizar la justicia para tener información sobre trazabilidad de casos; fortalecer el área de estadísticas para que pueda generar indicadores de productividad; o resolver la emergencia del sistema de gestión que afecta el accionar de la justicia.

Nota de los autores: Agradecemos la asistencia de Luciana Demeco, Lara Forlino y Florencia Gayraud en la compilación y sistematización de los datos.

Citación académica sugerida: Castagnola, Andrea; González, Ezequiel: La incomprensible e infundada reforma judicial en Argentina, 2020/09/08, https://agendaestadodederecho.com/la-incomprensible-e-infundada-reforma-judicial-en-argentina/

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ACERCA DE LOS AUTORES
Andrea Castagnola

Universidad Torcuato Di Tella.

Ezequiel González

Universidad de Oxford.

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Abogado egresado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y con un Máster en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En la actualidad, desempeña el cargo de Editor Asistente en el blog de la International Association of Constitutional Law (IACL) y es Director del área de Estudios Jurídicos en la Fundación Libertad y Desarrollo, un think tank basado en Ciudad de Guatemala. A nivel docente, ejerce como profesor tanto en la Universidad del Istmo como en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Adicionalmente, es columnista para el periódico guatemalteco La Hora. Sus principales áreas de investigación son el derecho constitucional y el derecho electoral.

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Director Ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, contacto nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, así como en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Fue miembro suplente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador y asesor constitucional en el Consejo de Participación Ciudadana. Fellow del Centro para la Democracia, el Desarrollo y el Estado de Derecho de la Universidad de Stanford. Consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia y lucha contra la corrupción.

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Ex Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta el 5 de octubre de 2020. Abogado y docente uruguayo egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República de Uruguay (Udelar). Actualmente es senior fellow en El Diálogo Interamericano (The Interamerican Dialogue) y consultor en libertades informativas de UNESCO y organizaciones de la sociedad civil. Se desempeña como Secretario de Relaciones Internacionales y Gobierno Abierto del Gobierno de Canelones (Uruguay).

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Directora Ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) organización regional dedicada a promover el Estado de derecho y los derechos humanos en América Latina. Antes de unirse a DPLF, fue Coordinadora Adjunta de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Comisión de la Verdad de Perú, a cargo de la investigación de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno en ese país. Previamente trabajó en la Adjuntía para los Derechos Humanos de la Defensoria del Pueblo de Perú y formó parte del equipo legal de la Coalición Contra la Impunidad (Alemania) que promovió el procesamiento penal en ese país de militares argentinos responsables de la desaparición de ciudadanos alemanes durante la dictadura argentina. Katya realizó sus estudios de derecho en la Pontifica Universidad Católica del Perú y de maestría en derecho internacional público en la Universidad de Heidelberg, Alemania.

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Es abogada por la Universidad San Francisco de Quito, y tiene un LL.M. por el Washington College of Law de American University, con enfoque en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es candidata para el título de Doctora en Derecho por la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado como especialista en la Relatoría Especial para la Libre Expresión de la CIDH, Fundamedios y la Dirección Nacional de DDHH en Ecuador. Actualmente, es Directora del Observatorio de Derechos y Justicia de Ecuador, docente en la Universidad Internacional del Ecuador, y socia fundadora de Gentium Law Consultores.

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Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Madrid). Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero (México). Es Investigador Nacional nivel I del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT, México). En representación de México es miembro del Grupo de Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer.